En 2016, Lázaro (cuyo nombre ha sido cambiado) trabajaba de policía en Tegucigalpa, capital de Honduras. En el 2017, su esposa fue acosada por narcotraficantes que exigían de su participación para proteger sus intereses relacionados al tráfico de drogas. Ante el rechazo y múltiples hostigamientos, los pandilleros la decapitaron y dieron muerte a su hijo adolescente. En 2019, Lázaro ingresó legalmente a los EEUU junto con su nueva esposa (actualmente embarazada) y sus tres hijos, con la esperanza de comenzar una nueva vida que les ofrezca mayor seguridad y apoyo para su familia.
Mientras que los medios estadounidenses de manera continua señalan la violencia y la pobreza como impulsores de la migración, cierta audiencia no da por hecho estos dos factores y busca profundizar en las diferentes causas de este gran fenómeno social, en el que se estima que cada mes nueve mil personas abandonan Honduras.
Nuevas perspectivas se encontraron el pasado marzo cuando un grupo de 75 estadounidenses se dieron a la tarea de examinar a profundidad las causas que han desatado esta ola de migración. En una labor llamada ‘Peregrinaje Causas Raíz’ organizada por los líderes religiosos del Área de la Bahía de San Francisco, la reverenda Deborah Lee, el Director Ejecutivo de la fundación SHARE, José Artiga y Jean Stokan de Washington, D.C., viajaron a Progreso, Yoro y Honduras. Allí se reunieron con diferentes personas, grupos, comunidades y líderes religiosos que de manera activa han buscado solucionar el problema que ha orillado a más de 2 millones de hondureños a abandonar su país en los últimos años.
Ante esta problemática, se pudieron identificar cinco causas principales, generalmente omitidas. La primera, la violencia provocada por las bandas criminales, que generalmente involucra el tráfico de drogas y la trata de personas y que también se une a estos la complicidad del gobierno hondureño. Por ejemplo, antes de emprender nuestra peregrinación, el hermano del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández fue arrestado y acusado de tráfico de cocaína. El presidente y sus colaboradores, incluida su esposa, han sido investigados por la Administración para el Control de Drogas (DEA) por presuntas actividades ilícitas relacionadas al tráfico de drogas y lavado de dinero de acuerdo con documentos federales de la corte de los EEUU. Además, gran parte de los habitantes hondureños aseguran que tal conducta es mucho más frecuente de lo que se reporta. Añadiendo que esta corrupción existe en todos los niveles de gobierno.
La violencia es tristemente reforzada por la venta de armas de fuego, equipos de seguridad y municiones provenientes de los EEUU. El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), informó en marzo de 2019 que el 47% del total de armas importadas a Centroamérica provienen de los EEUU. La empresa Colt’s Manufacturing Company es la encargada de vender armamento a las fuerzas armadas hondureñas. Por otra parte, los fabricantes de munición con sede en Illinois, Chicago, han reportado ganancias de $3.7 millones de dólares en los pasados cinco años. De igual manera, la empresa Nonlethal Technologies en Pennsylvania es la encargada de la venta de gas lacrimógeno y Smith & Wesson, con sede en Massachusetts, de la venta de armas calibre .38.
Las investigaciones relacionadas y llevadas a cabo por expertos de este mismo país indican que aproximadamente la mitad del armamento ilegal en Honduras proviene de los EEUU, de acuerdo con el Departamento Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés). No obstante, estas cifras no incluyen el mercado negro de armas de fuego que, de igual manera, son de procedencia estadounidense, mismas que fueron enviadas desde los conflictos centroamericanos en las décadas de 1980 y 1990. Hoy en día, la venta de armas incluso se puede hacer a través de anuncios en Facebook.
Una tercera causa principal son los altos índices de violencia contra la mujer. De acuerdo con el Informe General del Observatorio de Seguridad de las Mujeres, cofinanciado por las Naciones Unidas, el Comité Universalista Unitario y el Fondo para los Derechos Humanos Mundiales, reveló que entre 2002 y agosto de 2018, cada día una mujer es asesinada en Honduras. Y en el 96% de los casos que reportaban violencia contra la mujer, no se llevó a cabo ninguna investigación. Como resultado, entre 12 a 15 mujeres hondureñas por cada cien mil, son víctimas de algún tipo de violencia. Por otro lado, en los EEUU esta tasa es de 2 a 3 mujeres por cada cien mil.
La pobreza se asocia con frecuencia como una de las causas de la migración. Diferentes fuentes reportan que Chiquita Brands International, sucesora de la corporación estadounidense United Fruit Company paga a sus trabajadores en Honduras un salario de $14 dólares por una jornada laboral de 12 horas. Según los miembros de Equipo de Monitoreo Independiente de Honduras (EMIH), los trabajadores de la industria textil reciben el equivalente a $1.09 dólares por una semana laboral de 43 horas. Algunos de los trabajadores entrevistados para esta historia indicaron que necesitan un salario mínimo de $3.23 dólares por hora para poder sobrevivir. Entre las empresas textileras estadounidenses establecidas en Honduras se encuentran Nike, Adidas, Fruit of the Loom y Gildan.
Una quinta causa principal es el desplazamiento de colonias enteras o vecindarios. De acuerdo con la información de World Population Review, la segunda área urbana más grande de Honduras, San Pedro Sula, tiene aproximadamente 639 mil habitantes. Los residentes de las diferentes colonias como San Isidro, Alemán y Pedregal denunciaron un acoso generalizado con amenazas de violencia y la demolición de sus viviendas. Dichas acciones fueron llevadas a cabo por la policía local y nacional que operan bajo los intereses del gobierno local y la junta militar encargadas del desmantelamiento de viviendas.
A pesar de que las leyes hondureñas garantizan el derecho a la propiedad cuando una persona o pueblo reside en ella por un cierto periodo, estos derechos que los habitantes de las colonias reclaman tienden a ser violados ante cualquier acción legal.
Bartolo Fuentes, ex-legislador y periodista hondureño, a quien actualmente le ha sido negado ingresar a los EEUU, aseguró que las enormes caravanas, formadas con el propósito de proteger a los migrantes que viajan de Honduras pasando por México y que tienen como destino ingresar a los EEUU, están principalmente formados por personas que van en busca de mejores condiciones de vida y que son empujados por la pobreza y la violencia que se vive en su país.
Mientras tanto, nuevos reportes indican un alto rango de encarcelamiento de adultos y niños migrantes en la frontera norte de México junto con las condiciones precarias en las que se encuentran en los centros de detención. Estas nuevas medidas punitivas han sido principalmente señaladas en contra de la reciente administración Trump que tienen como objetivo atacar a los migrantes que, generalmente, se encuentran indefensos y cuya desventaja es no tener el derecho legal de poder estar en este país. Lo que conlleva a preguntarse si realmente sabemos las verdaderas razones por las que los migrantes huyen de sus lugares de origen.