Intérpretes empleados, autónomos y sindicalistas frente al Salón de Justicia durante el segundo día de concentraciones en el Área de la Bahía en que profesionales de la lengua abogaron por un contrato laboral justo y un acceso lingüístico con sentido. Foto Anabelle Garay

Intérpretes judiciales del norte de California se están organizando, luego de casi un año de tener fallidas negociaciones contractuales con la Oficina Administrativa de los Tribunales (AOC, por sus siglas en inglés).

Aunque se ha destinado un superávit estimado de $ 17 millones a los servicios de interpretación en California, los jueces estatales niegan regularmente el uso de intérpretes en los tribunales para quienes no hablan inglés.

Sin embargo, los jueces estatales han atribuido su comportamiento a la falta de fondos –lo que plantea una controvertida violación de los derechos civiles.

“A una persona que habla un idioma diferente se le hizo proceder en un caso sin la presencia de un intérprete, sin que pudiera entender el procedimiento”, dijo Brandon Scovill, ex representante local de los intérpretes de San Francisco, al Pacific Media Workers Guild de San Francisco. “Esto ocurre con mucha frecuencia”.

El asunto salió a la luz en 2010, tras una queja por discriminación presentada ante el Tribunal Superior de Los Ángeles por la Fundación de Ayuda Legal de Los Ángeles (LAFLA, en sus siglas en inglés) a nombre de dos coreanos a quienes les fue negado el servicio de intérpretes.

En el escrito de queja presentado por LAFLA, el tribunal fue acusado además de afirmar que no era su deber asegurarse de que entendieran el procedimiento”.

A dos años y, con el caso de los dos coreanos aún pendiente, el Departamento de Justicia de los EEUU (DOJ, en sus siglas en inglés) ha iniciado una investigación sobre las prácticas de acceso a los idiomas en los tribunales de California.

Durante más de un año, los intérpretes judiciales en quince condados del norte de California han trabajado sin un contrato viable. A través de la protesta, buscan aumentos salariales razonables y exigen que la Interpretación Remota por Video (VRI, en sus siglas en inglés), una nueva tecnología de interpretación por satélite, no se lleve a cabo sin una consulta adecuada por parte de los profesionales del Acceso Lingüístico.

Las negociaciones siguen en punto muerto y los intérpretes saldrán a la calle la próxima semana para ir a los juzgados en toda el Área de la Bahía.

Malversación de fondos
Una investigación del Departamento de Justicia (DOJ) de los EEUU reveló que desde el 2009 el presupuesto del estado de California ha destinado anualmente $ 92,8 millones para intérpretes judiciales —existiendo un superávit anual, estimado aproximadamente en $ 17 millones.

Los fondos no gastados podrían haberse utilizado “para cubrir miles de horas de servicios de interpretación gratuito para los litigantes [con limitado dominio del inglés]”, y deberían ser objeto de uso “para cualquier tipo de procedimiento de acuerdo con los términos de la Ley de Presupuesto de California”, dijo el DOJ.

Abogados del Departamento de Justicia han castigado a los tribunales por no haber utilizado los fondos destinados específicamente para intérpretes judiciales. De hecho, la investigación del Departamento de Justicia encontró “en julio de 2011, que el Consejo de la Judicatura desvió $ 3 millones de los fondos no utilizados para financiar actuaciones judiciales”.

Las leyes contradictorias desempeñan un papel integral en la aparente malversación de fondos destinados para el servicio de intérpretes. Si bien la Ley de Presupuesto de California asigna dinero para este servicio proporcionado en todos los procedimientos judiciales, la orientación presupuestaria AOC restringe los fondos principalmente a los casos estipulados.

Impacto en los residentes de California
Muchos residentes de California se han visto directamente afectados por el veredicto judicial de no apoyar a los litigantes con servicios de interpretación.

En los casos de órdenes de restricción de acoso civil: “el tribunal ha requerido que [las víctimas de violación] traigan su propio intérprete, aunque no siempre hay disponible un intérprete competente a su alcance —haciendo que el proceso para obtener una orden de restricción resulte difícil para la víctima”, dijo Julie Baltzley, asesora de violaciones con base en San Francisco.

Sin embargo, hay disponibilidad de intérpretes cualificados, dijo Michael Ferreira, presidente de la Federación de Intérpretes de California (CFI, por sus siglas en inglés). Muchos de ellos son empleados judiciales, pagados para trabajar de 9 a 5, sin embargo, se les desanima a ayudar a personas que necesitan de su servicio.

Gregoria Lara, una intérprete judicial una vez empleada en el Tribunal Superior del Condado de Stanislaus, fue reprendida cuando tomó la iniciativa de acercarse a un juez por la falta de dotación de intérpretes. Lara dijo que “le dijeron muy claramente que [ella] no debía acercarse a ningún jueces para hablar de ningún problema que tuviera que ver con la programación o gestión de los intérpretes”.

Tecnología frente a recursos humanos
Para cumplir con el Departamento de Justicia, los administradores presentan Interpretación Remota por Video (VRI, en sus siglas en inglés) como una posible herramienta para mejorar el acceso al idioma, una herramienta que podría incorporarse en todo California. VRI es un servicio de telecomunicaciones de video que utiliza cámaras web o teléfonos de video para proporcionar servicios de interpretación desde una ubicación remota.

Mientras CFI está dispuesta a examinar las adecuadas puestas en práctica del VRI, le preocupa que el AOC no haya investigado lo suficiente dicha tecnología, y que a su vez tenga efectos perjudiciales sobre las libertades civiles de los litigantes en caso de que el VRI fracase.

“Su uso en la sala del tribunal, sin los protocolos adecuados, es la crónica de un desastre anunciado”, dijo Ferreira.

Mientras la investigación continúa, todas las partes involucradas desean una solución voluntaria que proceda de conformidad con las recomendaciones para el uso de los fondos para los intérpretes que deben facilitarse para todo tipo de casos de acuerdo a la Ley de Presupuesto de California. Si no se puede alcanzar una resolución voluntaria, podría dar lugar a litigios civiles o en la terminación de la asistencia financiera federal del Departamento de Justicia.

—Traducción Emilio Ramón