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Leonard Lacayo —notario público latino de San Francisco y abiertamente declarado seguidor de Trump que ha proporcionado servicios legales sin licencia a muchos inmigrantes indocumentados en las últimas tres décadas— ha recibido la orden de detener sus prácticas “ilegales” tras incurrir en un fraude según demanda civil presentada en contra de su compañía.

El abogado Dennis Herrera presentó una denuncia el 15 de agosto contra Lacayo & Associates, alegando que Lacayo y su madre, Ada Lacayo, ofrecen asesoría de inmigración ilegal, proporcionando “servicios incompetentes mientras robaban miles de dólares a sus clientes”. También se alega que Lacayo se ha presentado erróneamente a sí mismo como abogado ante sus clientes.

El Juez del Tribunal Superior de San Francisco, Harold Kahn, firmó la orden preliminar con fecha del 11 de octubre, en la que efectivamente se restringe a Lacayo, de 64 años de edad, de proporcionar cualquier servicio legal.

“San Francisco ha tenido una larga historia… comenzando con Walter Pineda, [Martin] Guajardo y Lacayo, durante muchos años, que se han aprovechado de nuestra comunidad”, dijo María Victoria Castro, directora ejecutiva del Centro Legal La Raza, cuya organización está ayudando a una de las presuntas víctimas de Lacayo.

De acuerdo con seis declaraciones, los clientes —creyendo que Lacayo era un abogado con licencia— le pagaron honorarios por servicios legales, que van desde la renovación de la Green Card, aplicaciones DACA, hasta solicitudes de ciudadanía y asilo. Aquellos que figuran en la denuncia dicen que nunca recibieron los servicios adecuados por parte de Lacayo a cambio del dinero pagado y, finalmente, descubrieron que no era abogado.

Pero Lacayo —quien dice que estar en el negocio durante 33 años— afirma que dichas acusaciones son falsas, que nunca recibió dinero para los servicios de inmigración y que los que están detrás de la demanda están difamándolo y que sólo van “a arruinar la vida de las personas”.

“Todo fue legal”, dijo Lacayo a El Tecolote, insistiendo en que él nunca proporciono asesoría legal de ningún tipo, y que el refirió a sus clientes con abogados con licencia. Varios recibos incluidos en la querella demuestran lo contrario.

“Eso no es consistente con los testimonios de las numerosas víctimas que hemos entrevistado, incluyendo los seis que presentaron declaraciones en apoyo a nuestra moción”, dijo la abogada de la ciudad Natalie Orr. “Todos dicen haberse reunido con Lacayo. Que se presentó como abogado, o dejó implícito el ser abogado. Él fue quien les aconsejó acerca de los beneficios de inmigración a los que eran elegibles”.

Lacayo también sugirió que la demanda estaba políticamente motivada porque él es un republicano y ferviente partidario de Trump.

“Estoy de acuerdo con la campaña de Trump”, dijo Lacayo, afirmando que los medios han tomado las palabras de Trump contra los inmigrantes fuera de contexto. “Él está diciendo: ‘Si eres un criminal, narcotraficante, violador, se tiene que ir’”.

Lacayo dijo apoyar el camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados que cumplan con la ley.

“Ese es mi objetivo: la legalización de todos los latinos que podamos”.

Cuando se le pidió responder al reclamo de Lacayo, dijo Orr: “No sé qué decir a eso. Eso no tiene nada que ver con nuestra investigación”.

Uno de los ex clientes de Lacayo, un inmigrante salvadoreño mencionado en la demanda que ha pedido el anonimato, está ahora recibiendo asesoría legal del Centro Legal La Raza de la abogada de inmigración Amanda Alvarado Ford.

Según Ford, su cliente, huyendo de un marido abusivo, buscó los servicios de Lacayo en algún momento entre 2012 y 2014, creyendo que era un abogado. Lacayo presentó una solicitud de asilo para ella, a pesar de que no estaba bien versado en la ley de asilo, según Ford.

Cuando esta clienta de Lacayo se acercó al Centro Legal La Raza, explicó su preocupación sobre su situación, que le había pagado cerca de $1,500 y que tenía la sensación de que la había estafado.

“Por desgracia, sus temores eran ciertos”, dijo Ford. “Mi clienta, al momento que el señor Lacayo presentó su solicitud de asilo, estaba en riesgo real de ser deportada”.

La ley cambió, tras la decisión en materia de A-R-C-G, un caso que dio a las mujeres, víctimas de violencia doméstica y que están casadas con sus agresores, la oportunidad de obtener asilo. Después de buscar la ayuda de La Raza, la clienta de Ford obtuvo el asilo en diciembre de 2015.

“Este es un ejemplo de un notario depredador”, dijo Ford. “Y es realmente lamentable, porque nuestra comunidad es muy vulnerable. Ellos no quieren nada más que vivir aquí con estatus, con algún tipo de oportunidad para la ciudadanía, o al menos con la autorización de empleo”.

La medida cautelar también pidió a Lacayo quitar la publicidad engañosa de su edificio. Al lado izquierdo del edificio donde se encuentra su oficina se puede leer “Oficina legal de Michelle L Alvarez”, pero el nombre de Michelle L Alvarez se quitó después de 2014, quedando solo el anuncio de “Oficina legal Lacayo”, lo cual, según se alega en la demanda, engaña a sus clientes. Algunos de los antiguos clientes de Lacayo también dijeron que él se presentó a sí mismo como abogado.

California, sólo abogados autorizados en uno de los 50 estados, así como representantes acreditados de la Junta de Apelaciones de Inmigración pueden proporcionar asesoría sobre inmigración legal. Lacayo no es ninguno de ellos.

“Desafortunadamente, él no está calificado para dar consejos de inmigración”, dijo Ford, instando a los indocumentados que buscan dicha asesoría, a consultar a las organizaciones de la comunidad como La Raza Centro Legal, Dolores Community Services or Central American Resource Center (CARECEN).

Pero Lacayo sostiene su inocencia. Llamó mentiroso a Herrera que “no sabe nada acerca de los latinos”.

“Ellos demandaron a mi madre de 90 años de edad”, dijo Lacayo. “Cada palabra es falsa. Son impostores de la peor especie”.

También etiqueto a organizaciones como La Raza Centro Legal y CARECEN como “operaciones shakedown”.

“No ayudan a los latinos”, declaró. “Roban a lo ciego”.

Lacayo dice ser san franciscano de quinta generación, que puede rastrear su ascendencia hasta 1769 en la California española. Dice haber viajado a Nicaragua de joven, donde pasó 10 años en formación y sirviendo en los centros de refugiados durante la guerra civil. Dijo que regresó a San Francisco en 1983-84, para luego iniciar su negocio un poco más tarde.

Aunque ya no practica los servicios de inmigración, continúa ofreciendo servicios de declaración impuestos y notariales.

Los antiguos clientes de Lacayo que hayan sido víctimas, pueden llamar a la oficina de la abogada Natalie Orr al 415-355-3270.

Aquellos que busquen asistencia legal pueden llamar a Lawyer Referral & Information Service y preguntar por Antonio Hernández al 415-989-1616.

—Traducción Katie Beas