San Francisco se convirtió en la primera ciudad en impugnar legalmente la orden ejecutiva de Donald Trump exigiendo que las ‘ciudades santuario’ abandonaran sus políticas de refugio o, de lo contrario, enfrentarían la pérdida de fondos federales.
La demanda, que es la primera de su tipo, fue presentada ante la corte federal el 31 de enero por el abogado de la ciudad, Dennis Herrera. Afirmó que la orden “Mejorar la Seguridad Pública en el Interior de los EEUU” viola la décima enmienda y es “una severa invasión de la soberanía de San Francisco”.
La orden de Trump refuerza la aplicación de la ley de inmigración y castiga al gobierno local por no cumplir con la política de inmigración del gobierno federal.
“La errónea orden ejecutiva hace que nuestras ciudades sean menos seguras y creemos que es inconstitucional”, dijo el alcalde Ed Lee el día en que se presentó la demanda.
San Francisco es una de las 200 ciudades santuario en 32 estados, según el Centro de Estudios de Inmigración.
“Esta es una ciudad que no le gusta ser intimidada”, dijo Bill Hing, director de la Clínica de Defensa de la Inmigración y la Deportación en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Francisco.
San Francisco recibe anualmente $1.2 mil millones en fondos federales, lo que representa aproximadamente el 13 por ciento de su presupuesto. Los recortes de fondos federales amenazan los programas sociales que sirven a los residentes, documentados e indocumentados.
San Francisco adquirió su estatus de ciudad santuario en 1989, en gran parte debido al arribo de muchos refugiados que, provenientes de países centroamericanos, buscaban asilo tras huir de la guerra civil.
En su última modificación en julio de 2016, la ordenanza de San Francisco como Ciudad Santuario abarca dos capítulos de su código administrativo, que protege a los inmigrantes de ser detenidos y deportados, y se aplica a los menores de edad. La ordenanza también prohíbe a los funcionarios de San Francisco divulgar cualquier información sobre el paradero de un inmigrante a la Agencia Federal de Inmigración y Aduanas (ICE).
A menos de una semana después de que Trump fuera juramentado, agentes de ICE acudieron al distrito de la Misión supuestamente buscando a dos individuos, pero nadie fue detenido.
El ex supervisor del Distrito 9, David Campos, consideró que la visita de ICE a la Misión era muy inusual, pero otras personas no estaban tan sorprendidas.
“Estas recolecciones y redadas suceden”, dijo Sandy Valenciano, miembro de la Alianza de Justicia Juvenil de Inmigración de California. “Desafortunadamente es [a menudo] en un momento [del día] donde la comunidad no ve que suceda”.
Valenciano, nacida en Zacatecas, México, emigró a los EEUU casi una década después de que San Francisco se convirtiera en una ciudad santuario.
Valenciano se preocupa por asegurarse de que la policía local no comparta información con agentes federales. Ella se siente alentada, sin embargo, por las oleadas de protestas en toda la nación desde que Trump asumiera el cargo.
“Hay cierto alivio en la comunidad”, dijo Valenciano. “Esperemos que más ciudades santuarios tomen el liderazgo para presentar la demanda”.
El 1 de febrero, el Departamento de Policía de San Francisco (SFPD) cortó su relación de 10 años con el Grupo de Trabajo Conjunto de Terrorismo (JTTF).
“Seguiremos cooperando con nuestras autoridades federales”, dijo Herrera en un comunicado. “Pero de una manera que se respeten los derechos del estado y nuestra Constitución”.
Hing predice que la demanda durará aproximadamente cuatro años.
“Creo que tiene una muy buena oportunidad de éxito”, dijo Hing. “El gobierno federal no puede forzar violaciones a la Constitución”.
Aunque es bien conocido por su tweeting impulsivo, Trump aún no ha comentado directamente sobre el juicio de San Francisco.
—Traducción, por Katie Beas