Filipinos y aliados protestaron frente al Consulado General de Filipinas en San Francisco el 27 de julio, condenando la vaga nueva ley antiterrorista del presidente filipino que suprimiría la libertad de expresión y la disidencia.

El 3 de julio, el presidente Rodrigo Duterte firmó la Ley Antiterrorista 2020, que define el terrorismo de manera amplia y permite que sospechosos de ‘terrorismo’ sean vigilados o detenidos hasta por 24 días sin orden judicial. Los condenados podrían incluso enfrentar cadena perpetua sin libertad condicional.

Amnistía Internacional se ha pronunciado en contra de dicha legislación, junto con otras organizaciones de derechos humanos. Bayan USA y el Movimiento Malaya organizaron las manifestaciones del Estado de la Nación del Pueblo de este año en ciudades de todo el país, en respuesta al Discurso sobre el Estado de la Nación de Duterte en Filipinas ese mismo día.

“Todos los años, también salimos a demostrar realmente, cuál es el verdadero estado de la gente de la nación, para contrarrestar esta falsa narrativa… que al país le está yendo bien, que está eliminando la pobreza, que está luchando contra la COVID… ese no es el caso”, dijo Adrian Bonifacio, maestro de ceremonias del evento y miembro de la organización estudiantil Anakbayan en los EEUU.

“Vemos [la ley antiterrorista] como una herramienta que se utilizará para atacar a las personas que son críticas con el gobierno”, dijo Malaya Arévalo, miembro de la Secretaría Nacional del Movimiento Malaya, quien afirmó que la ley va en contra de los derechos constitucionales del pueblo filipino.

Sab Leung, estudiante de la Universidad de California, sede Santa Cruz, estaba entre la multitud y miembros de GABRIELA, una organización de mujeres filipinas. A Leung le preocupaba que la nueva ley “hiera a los activistas o a los protestantes, daña la libertad de expresión; si dices algo o incluso publicas un meme, automáticamente se te podría considerar terrorista”.

Varios oradores criticaron la concesión por la ley de jurisdicción extraterritorial a la Policía Nacional de Filipinas (PNP), lo que le permite aplicar las leyes a los ciudadanos filipinos en cualquier parte del mundo. Justher Gutiérrez, coordinador regional del Movimiento Malaya, pidió transparencia sobre las operaciones de la PNP en el consulado. Los agentes de la PNP han estado estacionados en el consulado de San Francisco desde 2018 como parte del programa Global Police Community Relations.

“Exigimos saber si estamos siendo vigilados. Ya están nuestras fotos tomadas regularmente por el consulado de Filipinas… Exigimos saber qué pasa con estas fotos”, dijo Gutiérrez.

A pesar de los graves problemas que enfrentan, la gente se mantuvo alegre, cantando y bailando al ritmo de los tambores. “Nos vamos a mover, porque vamos a encontrar algo de alegría en esto”, gritó una mujer con un megáfono mientras bailaba. Según los organizadores, más de 300 manifestantes se reunieron a pie y en bicicleta, mientras que más de 80 automovilistas recorrieron la ciudad para reunirse en la calle Sutter, entre Stockton y Powell, vestidos de rojo, ondeando banderas.

Además de los cánticos sobre desechar la nueva ley y expulsar a Duterte de su cargo, los manifestantes adaptaron un grito de guerra de Black Lives Matter a su causa: “No hay justicia, no hay paz; ¡Detengan las matanzas en Filipinas!”

En los cuatro años de Duterte en el poder, ha llamado la atención mundial su promesa de matar criminales. Desde que asumió el cargo en 2016, miles de personas han sido asesinadas por policías y vigilantes en nombre de una guerra contra las drogas. Sin embargo, según el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el gobierno filipino sugiere que han muerto 8,663 personas desde julio de ese año, pero la policía también tiene estimaciones de alrededor de 30 mil etiquetadas como “muertes bajo investigación”.

El informe dijo que se requiere una mejor contabilidad e investigación de estos asesinatos en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. El supervisor de San Francisco, Matt Haney, dijo que el gobierno filipino usa “la etiqueta de terror” contra las personas que “se levantan y luchan por sus derechos”. Haney recordó haber visitado Filipinas el año pasado después de que el periodista de San Francisco y activista por los derechos indígenas Brandon Lee recibiera varios disparos, en lo que muchos creen que fue un intento de asesinato por parte del gobierno.

Se leyó en voz alta una declaración de Lee, quien quedó en estado de parálisis y vive en el distrito de Richmond con su familia, diciendo: “Estoy profundamente preocupado y convencido de que las balas que casi me matan fueron financiadas con dólares de impuestos y ayuda militar estadounidense a Filipinas”.

Mientras tanto, se teme que un acuerdo de armas de 2 billones de dólares que se está discutiendo entre los EEUU y Filipinas solo avale la violencia de Duterte contra los filipinos. Lee animó a los oyentes a apoyar la Ley de Derechos Humanos de Filipinas, que suspendería la ayuda de los EEUU a aquel país hasta que “cesen las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad filipinas y las fuerzas estatales responsables rindan cuentas”.

Haney se refirió al gobierno filipino como “los verdaderos proveedores del terror” y pidió a la administración que, en cambio, brinde atención médica y apoyo a su gente frente a la COVID-19. En abril, Duterte ordenó a la policía y al ejército ocuparse de cualquiera que causara “problemas” durante el cierre del país, que los “mataran a tiros”.

Filipinas tiene actualmente algunas de las leyes de cuarentena más estrictas del mundo. Hasta el 6 de agosto, 122,754 personas habían sido infectadas con COVID-19.

Activistas del Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) y del Movimiento de la Juventud Palestina (PYM) trazaron paralelismos entre Duterte y los líderes de otros países. “Estos fascistas se reflejan entre sí, sin importar dónde estén”, dijo Nadya Tannous de PYM. “Cuando vemos un enemigo común… nos levantamos, ¿verdad?”