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El 22 de julio la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador detuvo ilegalmente a varios ex funcionarios del partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).  Movimientos Sociales y organizaciones de la sociedad civil de El Salvador denuncian que las detenciones, llevadas a cabo sin orden judicial, tienen una motivación política y piden la liberación inmediata de los detenidos.  

Los detenidos son la doctora Violeta Menjívar, ex ministra de Salud y ex alcaldesa de la capital, San Salvador, y Erlinda Handal, ex viceministra de Ciencia y Tecnología, e hija del fundador del FMLN, Schafik Handal. También fueron detenidos Calixto Mejía, ex viceministro de Trabajo y ex legislador del FMLN; Hugo Flores, ex viceministro de Agricultura, y Carlos Cáceres, ex ministro de Hacienda. Actualmente se encuentran en prisión a la espera de que el tribunal emita nuevas instrucciones sobre cómo pueden apelar su caso. 

Después de llevar a cabo las detenciones, los representantes de la policía y el Fiscal General, Rodolfo Delgado, anunciaron que los funcionarios del FMLN estaban siendo acusados de malversación y lavado de dinero, aunque ninguno de los detenidos sabía que estaban siendo investigados, mucho menos que enfrentaban tales acusaciones. Delgado anunció órdenes de arresto para otros ex funcionarios también, incluido el ex presidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén (2014-2019). Además, añadió que buscaría ayuda internacional en su cruzada, ya que el ex presidente lleva tiempo viviendo fuera del país. Inmediatamente después de las detenciones, el poderoso sistema de comunicación del gobierno activó una campaña de difamación de los detenidos mediante la publicación de pruebas sin fundamento, en un intento por juzgarlos en el tribunal de la opinión pública.

Miembros de la comunidad se manifiestan afuera del consulado salvadoreño en Los Ángeles, en respuesta a la administración de Nayib Bukele. Courtesy: CISPES

Los opositores en El Salvador dicen que los arrestos y el espectáculo mediático que los acompaña son la respuesta del presidente Nayib Bukele a los recientes golpes a su imagen, incluyendo el descontento por la imposición de una nueva ley que obliga al uso de Bitcoin como moneda nacional, la aparición de miembros del gabinete de alto nivel y líderes de su partido Nuevas Ideas en la lista de individuos acusados de corrupción publicada recientemente por el Departamento de Estado de los EEUU, y las revelaciones del ex presidente Antonio Saca sobre pagos secretos realizados durante su administración al padre de un legislador de Nuevas Ideas, así como a otros legisladores actualmente aliados con el partido gobernante.

Los grupos de derechos humanos y de la oposición en El Salvador emitieron una declaración pública en la que afirmaban: «Lo que está claro es la enorme corrupción del actual gobierno, que oculta información sobre cómo se gastan los fondos públicos y que actualmente está impidiendo que el Tribunal de Cuentas audite mil millones de dólares del presupuesto de 2020. Las pruebas de la corrupción pública de este gobierno no dejan de surgir. Estas acciones ilegales demuestran la debilidad de un régimen que recurre a la violencia y la difamación para apuntalar su imagen pública, que se ha ido deteriorando debido al agravamiento de los problemas de la población. En los últimos dos años, el desempleo y la pobreza han aumentado, la atención sanitaria está empeorando y la violencia contra las mujeres está aumentando, entre otros muchos males sociales». 

También señalan que «ninguna acción del autoproclamado Fiscal General de la República tiene validez legal ya que su nombramiento fue el resultado de acciones ilegítimas por parte de legisladores del partido gobernante, quienes lo nombraron sin cumplir con los procedimientos constitucionales».

Asimismo, en una declaración pública de la Asociación Americana de Juristas, Sucursal de El Salvador (AAJ-ES) condenando las detenciones, escribieron «Cada día es más evidente la violación del Estado Constitucional de Derecho de El Salvador, es de conocimiento público e internacional; todo facilitado a través del control absoluto que el presidente de la República tiene de todos los órganos del Estado, incluyendo la Fiscalía General de la República.» 

Teniendo en cuenta las crecientes críticas a la administración Bukele por la corrupción y malversación de fondos de emergencia para la COVID-19, no es de extrañar que utilice su control sobre la policía y el Fiscal General para culpar a otros y alborotar a la población con denuncias infundadas de corrupción de sus predecesores. Tampoco sorprende que Bukele apunte al FMLN, el único partido político de El Salvador que ha desafiado sus planes de aumentar las inversiones privadas en el país.

El hecho de que la policía detuviera a ciudadanos sin una orden judicial y sin informarles sobre el motivo de su detención o el lugar al que se les llevaba, es una bandera roja que indica el debilitamiento de los procesos democráticos. Se inscribe perfectamente en la tendencia de la administración a gobernar haciendo caso omiso de las leyes e instituciones existentes. Una práctica que recuerda demasiado a otras épocas de represión estatal.

Actualmente se está produciendo un giro hacia la intimidación y el acoso político en El Salvador. Pocos días antes de las detenciones ilegales, la sede de COMADRES, una organización fundada por las madres y hermanos de personas desaparecidas forzosamente durante el conflicto armado de los años ochenta, fue allanada y se robaron archivos. Hay poca confianza en que el actual Fiscal General persiga estos y otros ataques a las organizaciones de derechos humanos.

El Departamento de Estado y la Embajada de los EEUU en El Salvador deben pedir inmediatamente la liberación de los presos políticos y el fin de los allanamientos ilegales, las confiscaciones y la intimidación política de los adversarios políticos del presidente. 

Esta es una ocasión importante para que la encargada de negocios de la Embajada de los EEUU, Jean Manes, corrija los errores del pasado, dado su apoyo incondicional durante su mandato anterior como embajadora a las acciones de motivación similar del ex Fiscal General, Douglas Meléndez, quien decidió no actuar ante las pruebas que indicaban una malversación de fondos públicos de más de 4 mil millones de dólares durante los veinte años de ARENA en el cargo. 

Ante estas acciones ilegales, el Senado de los EEUU debería retirar inmediatamente la financiación y el apoyo a la Policía Nacional Civil en el próximo proyecto de ley de asignaciones, algo que la Cámara no hizo en su reciente votación. El apoyo de este país a la policía y al ejército está alimentando este tipo de represión política en toda Centroamérica.

Aquí en los EEUU, CISPES y otras organizaciones aliadas están trabajando para ampliar las demandas y los llamados a la acción que gritan los movimientos sociales y las organizaciones de base desde el terreno en El Salvador. Esto incluye presionar al Congreso para que denuncie las acciones tomadas por el líder de Nuevas Ideas, el presidente Nayib Bukele, así como la ayuda militar que está siendo utilizada para silenciar cualquier oposición a las acciones tomadas por el presidente. 

CISPES hace un llamado a los lectores de El Tecolote para que actúen en esta situación de urgencia. Puede ayudar enviando un correo electrónico a la Embajada de los EEUU para romper su silencio y poner fin a su complicidad en la persecución política en bit.ly/freepoliticalprisoners. También puede tuitear a la Corte Suprema de Justicia salvadoreña y al presidente para instarlos a respetar el debido proceso y los procesos democráticos en el país. 

Puedes encontrar ejemplos de tuits en bit.ly/sampletweetsSV. Si desea participar a nivel local, envíe un correo electrónico a bayareacispes@gmail.com.