Gabriela Carbajal, quien ha vendido tamales durante 10 años en el Distrito Misión, asistió a una conferencia de prensa convocada por la recién formada Asociación de Vendedores Ambulantes de la Misión el 22 de noviembre, en la cual vendedores ambulantes expresaron sus frustraciones por la prohibición de venta ambulante por 90 días que entró en vigor el 27 de noviembre. Foto: Christian Balanzar

Gabriela Carbajal estaba cerca del grupo de vendedores que se habían reunido en la esquina de las calles 24 y Misión el miércoles 22 de noviembre.

Manteniendo una estrecha vigilancia a su puesto, a sólo unos metros de distancia, escuchó atentamente mientras los miembros de la recién formada Asociación de Vendedores Ambulantes de La Misión se turnaban para expresar sus frustraciones por la prohibición de 90 días.

En la manifestación, dicha asociación de vendedores pidió que la prohibición fuera postergada hasta el 1 de enero de 2024, lo cual no sucedió y entró en vigor el lunes 27 de noviembre.

La prohibición, promovida por la supervisora ​​del Distrito 9, Hillary Ronen, derivada de  preocupaciones en torno a la seguridad pública, detendría la venta ambulante dentro de un radio de 300 pies a lo largo de la calle Misión, entre las calles 14 y César Chávez. La ordenanza es el intento más reciente de la ciudad por encontrar una solución a los actuales problemas de venta ambulante ilegal, la supuesta venta de bienes robados y las disputas callejeras que han derivado de esas actividades. Algunos han afirmado que estas actividades han impactado en las calles antes culturalmente vibrantes de los vecindarios.

Pero a los vendedores ambulantes les preocupa que esta prohibición sea extendida indefinidamente y esperan que los representantes electos puedan encontrar una solución real y mejor. Anteriormente, se erigió una cerca en la Plaza BART de la calle 24 para disuadir la actividad, la cual resultó ineficaz y luego fue derribada.

Los vendedores ambulantes se reunieron el 22 de noviembre en la esquina de las calles 24 y Misión para expresar sus frustraciones por la prohibición de venta ambulante de 90 días a entrar en vigencia en la calle Misión a partir del 27 de noviembre. Foto: Christian Balanzar

“Estamos aquí para luchar y para hacer valer nuestros derechos como comerciantes de la Misión. Si nos discriminan ahorita, todo el tiempo nos van a discriminar, estamos aquí para pelear. La ciudad sabe cuáles son los problemas reales de acá, no somos nosotros”, dijo Carlos Escalante.

Los vendedores de la calle Misión han visto mejores días. La imagen promovida de las plazas BART de la Misión como centros de actividad callejera peligrosa ha sido explotada tanto por políticos como por la prensa corporativa, dando a la Misión y a San Francisco en su conjunto, la percepción de ser peligrosos.

El consumo de sustancias, la venta de bienes robados, las calles sucias, el crimen y el tráfico de drogas son problemas que existen y han existido desde hace algún tiempo. La falta de seguridad pública se ha asociado con estos problemas, lo que ha resultado en que los vendedores ambulantes queden atrapados en la mira.

Los problemas que se atribuyen a los vendedores ambulantes de traer al vecindario son los mismos problemas con los que ellas y ellos mismos tienen que lidiar a diario cuando intentan ganarse la vida. Tales problemáticas son resultado de problemas sistémicos mayores. Las soluciones propuestas por Ronen y otros funcionarios de la ciudad requieren que los vendedores se distingan de aquellos que participan en otras actividades callejeras, para que puedan continuar operando sus negocios.

Carlos Escalante, un vendedor ambulante en el Distrito Misión, expresa su preocupación durante la conferencia de prensa el 22 de noviembre acerca de la prohibición de venta ambulante de 90 días a implementarse en la calle Misión. La prohibición entró en vigor el 27 de noviembre. Foto: Christian Balanzar

Para Carbajal, quien ha estado vendiendo tamales en la calle por 10 años, la prohibición es sólo otro de los muchos desafíos que enfrenta en la calle Misión. Las complejidades del proceso de obtención de un permiso como vendedor ambulante de alimentos han sido difíciles de navegar, lo que dificulta el acceso a recursos que les permitan operar y ser candidatos a uno de los pocos lugares de reubicación recientemente propuestos, los cuales se ubican uno en las calles 17 y Misión, y el otro, en las calles 24 y Capp.

Al no poder corregir un problema relacionado con su dirección ni poder proporcionar recibos de sus tamales caseros, Carbajal no ha podido obtener el permiso que necesitaría para reubicarse: “Nunca nos hacen caso, verdad, eso lo más triste porque no nos estamos haciendo valer nuestros derechos, no nos están escuchando”. 

Sin nada en  qué apoyarse, le preocupa no poder mantener a su familia. Lo único que pide es una oportunidad de trabajar.

El sentimiento en torno a la prohibición y la reubicación de vendedores es de duda y resistencia. Tanto ellos como los defensores de la comunidad no creen que una prohibición resuelva estos problemas de seguridad pública.

Susana Rojas, directora ejecutiva de Calle 24, dice que no creen que la reubicación sea una solución y esperan que la ciudad pueda abordar los problemas reales que aquejan al vecindario. Es lo mejor no solo para el vecindario sino para la ciudad en su conjunto, dijo.

“No aborda la calidad de vida ni los problemas de seguridad que estamos experimentando actualmente en la Misión”, dijo Rojas. “Es completamente injusto que las personas que están tratando de ganarse la vida honestamente y que siguen las reglas sean a las que se les prohiban por cosas que [son] no sólo un problema de la Misión sino un problema de nuestra ciudad, y esas son las consecuencias de las desigualdades y fallas sistemáticas en nuestra ciudad… queremos asegurarnos de que lo que le pasó a la Misión no le suceda a otro vecindario”.

Calle 24 ha servido como un rayo de esperanza para los vendedores, brindándoles recursos y asistencia para navegar el proceso de permisos y reubicación.

Los candidatos a supervisor del D9 también opinaron sobre la prohibición.

“El impacto de la prohibición en la comunidad es significativo y no creo que nadie crea que esta sea una solución perfecta”, dijo Jackie Fielder, quien se postulará para supervisora del distrito el próximo año cuando Ronen termine su periodo. “Al final del día, esto no es sólo una cuestión cultural sino económica, y creo que la Ciudad debería hacer mucho más para garantizar que todas las personas tengan una manera digna de llegar a fin de mes en San Francisco. Programas de empleo, viviendas verdaderamente asequibles, atención médica de calidad, cuidado infantil gratuito y servicios urbanos ampliados son las inversiones que debemos hacer para ver un cambio económico fundamental”.

Por su parte, Roberto Hernández, quien también se ha postulado para contender por el mismo puesto y es miembro de la junta directiva de la Asociación de Comerciantes de la Misión, afirmó que las personas involucradas en actividades criminales venían de fuera del vecindario, y mencionó que cuando Union Square fue “limpiado”, esas personas vinieron a la Misión.

“Llevamos dos años en una crisis y ha empeorado. No son sólo los vendedores. Hay gente que viene aquí vendiendo fentanilo, usando fentanilo, justo en la calle Misión”, dijo Hernández. “Les he dicho a muchos funcionarios electos que estos [proveedores autorizados] obtuvieron permisos. Pagan por un permiso. ¿Por qué alguien que no pagó por un permiso y que anda robando tiene más derechos que alguien que tiene un permiso? Explícame eso… en Union Square no lo permiten. Entonces hay un doble discurso aquí en San Francisco. Es como si viviéramos en ciudades diferentes. En ese lado de la ciudad hay calles limpias, no hay tráfico de drogas, no hay personas sin hogar, no hay ventas ambulantes”.

No fue posible contactar a Ronen para hacer comentarios.

Cuando le preguntaron a Carbajal cuál sería la solución, ella simplemente dijo: “Que nos dejen vender, que vean que de verdad lo estamos haciendo con mucho esfuerzo”.