Grupos de inmigrantes en San Francisco se manifestaron frente al edificio estatal el pasado jueves 4 de octubre, en respuesta a la indignación provocada por el veto que el gobernador Jerry Brown hiciera el 30 de septiembre a diversas propuestas de ley respaldadas por la comunidad latina.
El gobernador vetó tres iniciativas, incluyendo la Ley de protección a trabajadores agrícolas contra el calor, el Acta de confianza y la Declaración de derechos para empleadas domésticas. Las protestas se sucedieron a lo largo de todo el estado, conforme fue creciendo la indignación por el veto.
“Estamos luchando por los derechos más elementales, como la menor exposición al calor y la disposición en todo momento de agua, cosas que
les son dadas a los que se encuentran en las oficinas detrás de nosotros”, dijo un portavoz en protesta al rechazo de la proposición que la Unión de Campesinos hizo, la cual habría beneficiado a los trabajadores agrícolas de California.
“El gobernador Brown no sólo vetó el Acta de confianza, sino que vetó la confianza”, dijo el asambleísta Tom Ammiano, a una multitud de manifestantes del área de la bahía; se refirió satíricamente a un pollo vivo que fue llevado en una jaula por un manifestante, al decir, “ha puesto un huevo en la justicia social y los derechos humanos”.
El Acta de Confianza, también vetada por Brown, habría restringido la forma en como la policía local opera el polémico programa federal ‘Comunidades Seguras’ a través del cual se han realizado cerca de 80,000 deportaciones en el estado.
Simpatizantes de esta iniciativa insisten en que el rechazo será un socavo a la seguridad pública y un impacto negativo tanto en la detención injusta como en la operación de programas de deportación.
La tercera ley vetada por el gobernador Brown fue la Declaración de derechos para los empleados domésticos, una iniciativa que busca poner fin a la exclusión de estos trabajadores para las protecciones laborales básicas. La ley les habría facilitado contar con horas extraordinarias, tiempo de comida y descanso.
Silvia López, empleada doméstica, destacó la trascendencia de dicha legislación: “El gobernador Brown ha perdido el contacto con la realidad —la de las empleadas domésticas, los trabajadores agrícolas y las comunidades de inmigrantes”. “Permanezcamos unidos”, alentó.
El rechazo a la propuesta AB 889, o Declaración de derechos para los empleados domésticos, pone fin a una campaña que durante tres años movilizó hacia la capital del estado en quince ocasiones distintas a grupos de más de 8,000 trabajadores que buscan dejar ser excluidos de las leyes de protección laboral.
La manifestación en la que participaron trabajadores domésticos, agrícolas, estudiantes y otros grupos laborales y comunitarios, incluyó desde una figura en tamaño real de “Rosie la Robot”, con la intención de demostrar el contraste existente entre las empleadas domésticas y su necesidad de contar con sus derechos, hasta animales de granja que, según los manifestantes, tienen más protección que los propios trabajadores agrícolas.
Desde una perspectiva positiva, el gobernador Brown aprobó el DREAM Act en el que se declara la necesidad de ampliar las oportunidades educativas en California, facilitando el acceso a ayuda financiera con fondos privados particularmente a estudiantes universitarios indocumentados.
“Ingresar a la universidad es un sueño que promete motivación intelectual y pensamiento creativo’’, dijo Brown a través de un comunicado. “El Dream Act nos beneficia a todos, porque ofrece a los mejores estudiantes la oportunidad de mejorar sus vidas y las de todos nosotros’’.
La ley permitirá a los estudiantes indocumentados recibir becas institucionales mientras asistan a la Universidad de California o la Universidad Estatal de California, así como la exención de cuotas en el sistema de Colegios Comunitarios del estado.
—Traducción Juan De Anda