Este año, los estadounidenses atestiguaron el impacto del racismo sistémico que ha infectado nuestro país desde el primer día de Acción de Gracias. Mientras la pandemia y la recesión devastó las comunidades de color y resaltó las disparidades, millones de personas salieron a las calles pacíficamente, para exigir justicia racial. A pesar de esto, California tomó pocas oportunidades para corregir estos males.
Hemos visto algunas de las inequidades raciales más complejas tras el impacto de la pandemia entre las comunidades de color. Mientras los trabajadores latinx desempeñan un trabajo esencial para mantener a nuestro estado funcionando, el número de personas latinx infectadas ha superado otros grupos demográficos. Son el 40 por ciento de nuestra población estatal, y el 53 por ciento de los casos del COVID-19.
Aparte de los riesgos de infectarse por asistir al trabajo, los latinx son más propensos al desempleo por el colapso económico de nuestra industria de servicios. Por ejemplo, el 53 por ciento de esta comunidad forma parte de la industria de los alimentos, severamente impactada por la pandemia. El 50 por ciento de ellos ha perdido su trabajo entre febrero y septiembre de este año, impidiéndoles tener los recursos suficientes para pagar la renta o adquirir alimentos.
Dadas estas urgentes circunstancias económicas, nuestra legislatura aprobó reglamentos que aseguren proporcionar del Equipo de Protección Individual adecuado para nuestros trabajadores esenciales, así como apoyo a pequeños negocios, y proveer apoyo financiero a californianos indocumentados que pagan impuestos con un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN). Pero se necesita hacer más.
En lo referente a la justicia racial, los californianos tuvieron la oportunidad, mediante la Propuesta 16, para revertir la prohibición de la acción afirmativa en el estado. Dicha propuesta hubiera permitido a las agencias públicas considerar las disparidades raciales y de género durante la contratación, educación y empleo, y poder remover dichas barreras a fin de garantizar igualdad de oportunidades.
La prohibición original de la acción afirmativa fue promulgada en una época conservadora de la política de California y fue apoyada por el líder anterior del KKK David Duke. El oponente principal de esa propuesta, Ward Connerly, se refirió a los nacionalistas Blancos cómo ‘super patriotas’ y alabó a Trump como el primer presidente de nuestro país ‘sin prejuicios raciales’. A pesar de esto, los californianos rechazaron revertir dicha norma. Los resultados de la elección demuestran el trabajo que aún falta por hacer para educar a nuestras comunidades sobre las consecuencias de la Propuesta 209.
En una nota más positiva, el gobernador recientemente firmó el Proyecto de Ley 979, del cual fui el autor junto con otros colegas latinx y afro-Americanos para poder abordar la falta de diversidad en las juntas corporativas. Según los datos de mayo de 2020 de la Asociación de Directores Corporativos Latinos, de las 662 empresas en California, 233 tenían juntas corporativas blancas, mientras tanto solo el 13 por ciento tenían por lo menos un integrante latinx en su junta.
Décadas de la falta de representación en los EEUU corporativos han exacerbado las inequidades en nuestras comunidades diversas, como el hecho de que latinas ganan 55 centavos por cada dólar pagado en relación con los hombres blancos. Como la representación a través del liderazgo de negocios es crítico para abordar estas inequidades, la AB 979 requerirá que las empresas que cotizan en el mercado de valores incrementen el número de integrantes de sus juntas con miembros de grupos de menor representación.
El 2020 también reveló las increíbles inequidades raciales en el tema de vivienda. Con millones de californianos desempleados, hemos enfrentado el espectro de los desalojos, mientras muchas familias latinx han sido forzadas a vivir en condiciones de hacinamiento que han resultado en la propagación del COVID-19. Este año fui el autor de la legislación principal que protege al inquilino, el Proyecto de Ley de la Asamblea 3088, que impide a los californianos ser desalojados por no poder pagar la renta hasta finales de enero. Pero cientos de miles de personas necesitan más apoyo y, desafortunadamente, el estado carece de viviendas accesibles, así como del refugio necesario para abordar permanentemente la crisis de la vivienda.
Mientras miramos hacia el 2021, California debe adoptar políticas que produzcan resultados justos para todos en salud y vivienda, empleo y educación, justicia del medioambiente y una reforma de la justicia criminal.
Necesitamos hacer más para expandir el acceso a los bancos de comida, proteger a los trabajadores esenciales, asegurar que los beneficios de desempleo se entreguen de una manera puntual, y fortalecer las garantías laborales. Mientras la Legislatura se reúne nuevamente en el invierno, debemos mantener las experiencias del 2020 frescas en nuestras mentes para pelear por una recuperación que asegure la igualdad para todos.