[Por Amalia Laventure; Ilustración por Sofia Belen Criswell

La reversión de la Roe vs. Wade ha tenido graves impactos en los derechos reproductivos en los EEUU, particularmente para la comunidad trans y de género diverso. La justicia reproductiva y el acceso al aborto no es simplemente un asunto de mujeres; los hombres transgénero, de dos espíritus, intersexuales, de género expansivo, de género no conforme, no binarios y otras personas trans necesitan acceso al aborto.

A menudo excluida de las conversaciones sobre abortos, la comunidad trans ha sufrido durante mucho tiempo ataques relacionados con el acceso a la atención médica reproductiva y de afirmación de género. La atención médica trans reproductiva y de afirmación de género es vital.

Para lxs jóvenes trans, el acceso a la atención de afirmación de género que les informe adecuadamente sobre su derecho a la elección personal es una cuestión de vida o muerte, dado que entre el 25 y el 30 por ciento de los jóvenes transgénero han intentado suicidarse en algún momento de su vida. Sin embargo, el acceso a la atención es difícil.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación Transgénero, más del 50 por ciento de los encuestados mencionaron tener que informar a sus proveedores médicos sobre la atención de personas transgénero, y el 19 por ciento informa que se les niega el recibir atención médica debido a su condición transgénero o de género no conforme, con números aún más altos entre personas transgénero de color.

Con una falta extrema de lugares de atención relacionados con personas trans disponibles, las clínicas de salud reproductiva como Planned Parenthood brindan servicios esenciales. Estos servicios incluyen acceso a terapia hormonal, recursos para terapeutas de afirmación de género y acceso a servicios inclusivos de género para jóvenes. El cierre de las instalaciones de atención de la salud reproductiva impidie que la comunidad trans acceda al aborto como una forma de atención médica vital que reafirma el género.

En un video llamado «El aborto me salvó la vida» con Translash Media, Cazembe Murphy Jackson destaca esta intersección entre la salud reproductiva y la afirmación de género en su propia experiencia con el aborto como un hombre trans negro en Atlanta, Georgia: “Creo que es importante incluir a personas trans, queer y no binarias en las conversaciones sobre el acceso al aborto… Hay mucho estigma en torno al aborto. Hay mucho estigma en torno a ser trans, pero ninguno de los dos significa que no existimos».

Esta falta de atención afecta especialmente a las comunidades trans al sur, como dice Jackson, que tiene la mayor concentración de jóvenes y adultos trans en el país. Nueve estados del sur han instituido prohibiciones casi totales del aborto, lo que dificulta el acceso a servicios reproductivos y cuidado de afirmación de género extremadamente difícil. Arkansas y Alabama han promulgado prohibiciones sobre la atención de afirmación trans para jóvenes, y está previsto que sigan Texas y Florida.

Los servicios reproductivos y de género van de la mano, y la disminución de los servicios para la comunidad trans exacerba aún más esta brecha extrema en la atención médica. No debería sorprender que los patrocinadores del movimiento contra el aborto (la Heritage Foundation, el Family Research Council, Focus on the Family, Alliance Defending Freedom y Liberty Council) también sean líderes del movimiento anti-trans. En entrevista con Radio Teco News, Nichole Santamaría, directora ejecutiva de El/La Para Translatinas, dijo: “El odio es el mismo. Contra la mujer, contra la comunidad género-diversa. La transfobia tiene un alto componente de misoginia, un alto componente de anti-autonomía corporal”.

Citada como un ataque a la autonomía corporal y de género, esta reversión de la Roe vs. Wade es solo una de las cientos de leyes anti-trans que se han introducido en este país. La Campaña de Derechos Humanos ha citado el 2021 como el peor año en el reciente historial de ataques a la comunidad LGBTQIA+, y el 2022 está previsto que lo supere. El derecho a continuar o interrumpir un embarazo, a usar hormonas, bloqueadores de hormonas y a acceder a cirugías de afirmación de género, son derechos que deben pertenecer al individuo, no al gobierno. La revocación del derecho al aborto, junto con la legislación anti-trans en su punto más alto, muestra que la lucha por la justicia reproductiva es parte de la lucha más amplia por la autonomía corporal y la autodeterminación.

Desde la esterilización forzada de mujeres negras en Carolina del Norte y mujeres latinas en California hasta la esterilización de personas en los centros de detención del ICE hoy en día, hasta la negación de atención de afirmación de género para jóvenes trans, el derecho a la autonomía corporal fuera del control estatal ha sido violado por numerosas comunidades marginadas. La justicia reproductiva no solo abarca el aborto, sino también el acceso a la atención prenatal, los centros de pruebas de ETS y la atención asequible, que a menudo solo se brinda en las clínicas de salud reproductiva. Un estudio realizado por Kaiser Family Foundation encontró que una de cada tres mujeres de bajos ingresos depende de clínicas, como Planned Parenthood, para obtener anticonceptivos. También encontraron que para algunas mujeres, esta era su única forma de atención médica.

La justicia reproductiva es justicia de género. Estos dos movimientos están profundamente interconectados, tanto por sus partidarios como por sus oponentes. Los defensores acérrimos de la legislación anti-trans y la legislación contra el aborto, como Heritage Foundation, Liberty Council y más, están intentando usar el control estatal sobre la autonomía corporal y el derecho individual a la autodeterminación para definir cómo es la familia ‘estadounidense’ . The Heritage Foundation trabaja para “apoyar la legislación que protege la libertad de todos los estadounidenses, incluidos individuos e instituciones, para pensar, hablar y actuar de acuerdo con su creencia de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y que solo hay dos sexos”.

La SB 184 en Alabama es un proyecto de ley actualmente suspendido por un juez federal, que criminalizaría a los médicos y padres que ayudan a los jóvenes trans a obtener acceso a la atención de afirmación de género. Los defensores de la derecha, como la Fundación Heritage, intentan definir cómo debería ser una ‘familia estadounidense’: cisgénero, blanca, rica y cristiana. Al negar a las comunidades trans, particularmente a los jóvenes vulnerables, el acceso a la atención médica junto con el acceso restringido a la salud reproductiva, el estado y los grupos de derecha pueden definir quién tiene y quién no, acceso a la atención. Esto margina profundamente a las comunidades trans de color, que existen en la intersección de estos ataques.

La lucha continua por la justicia reproductiva y el acceso al aborto tras la derogación de la Roe v. Wade debe incluir la justicia de género. Estos ataques al derecho al aborto y a las comunidades trans son afrentas a la autodeterminación de la identidad de género y la autonomía corporal. Cuando se permite que las instituciones de derecha y el estado determinen quién recibe atención, nuestros más marginados corren un gran riesgo.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.