[por Manuel Orbegozo]

LIMA, Perú—En la política peruana contemporánea, todo parece ser efímero. En cuatro años, el Perú ha tenido seis presidentes; 78 ministros en el último año y medio; dos golpes fallidos desde 2020. El más reciente tuvo lugar el 7 de diciembre de 2022 y duró poco menos de dos horas, al terminar con el dramático arresto del desacreditado maestro, líder sindical y expresidente Pedro Castillo Terrones.

Fue un autogolpe con tintes autocráticos comparable al del expresidente Alberto Fujimori en 1992, en pleno conflicto armado con el grupo maoísta Sendero Luminoso. Aquel 5 de abril, Fujimori anunció la disolución del Congreso para formar un gobierno de excepción, tal como lo hiciera Castillo 30 años después. El objetivo entonces era controlar todos los poderes del Estado con la excusa de poder realizar reformas para sacar al país de la crisis económica y al mismo tiempo luchar contra Sendero Luminoso.

Si bien esta medida garantizó la permanencia de Fujimori en el poder durante casi una década, durante la cual el país vivió corrupción, violaciones a los derechos humanos y degradación de las instituciones públicas y de la prensa, tanto él como Castillo se convirtieron en dictadores rompiendo el orden constitucional. ¿Qué los hizo diferentes? En el momento de su autogolpe, Fujimori contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas, mientras que Castillo no, o al menos supo que no, poco después de anunciar el suyo.

Incluso la conmoción de algunos peruanos, que revivieron la incertidumbre de otros tiempos más oscuros, duró poco: la misma tarde en que Castillo fue detenido, se juramentó un nuevo presidente. Pero la indignación de una parte del país, históricamente rural y campesina, largamente ignorada ante cualquier crisis contemporánea y que había votado por Castillo, fue el único grito que quedó en pie.

Un golpe de Estado exprés y una vacancia

En julio de 2021, el izquierdista Castillo, oriundo de la sierra norte, asumió la presidencia en medio de acusaciones de fraude electoral por parte de la ultraderecha liderada por el partido de Keiko Fujimori, hija del expresidente que acababa de perder su tercera candidatura. La toma de posesión de Castillo, en el bicentenario de la independencia del país, fue simbólica para la población rural del país, que durante mucho tiempo ha sentido que su voto y sus demandas están poco representados en la política. La inauguración también marcó oficialmente el comienzo de los esfuerzos del Congreso para destituirlo.

Durante el mandato de un año y seis meses de Castillo, enfrentó cargos constitucionales por dirigir una organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Fue acusado de controlar los procesos de contratación estatal con fines de lucro ilícito y de nepotismo. A medida que más aliados políticos se le distanciaron y uno tras otro sus ministros renunciaron, más informes revelaron escándalos políticos e información controvertida que exponía su falta de experiencia. Su primer juicio político por incompetencia moral se produjo en su cuarto mes en el cargo. Aunque no obtuvo suficientes votos, poco después siguió un segundo juicio político, que tampoco tuvo éxito.

Horas antes de que el Congreso debatiera la tercera moción de vacancia prevista para la tarde del 8 de diciembre, Castillo dio un mensaje televisado a la nación anunciando el cierre temporal del Congreso. Su nerviosismo era evidente, los papeles que sostenía temblaban repetidamente mientras pronunciaba mal algunas palabras de su discurso prescrito. Poco después, la Corte Constitucional y las Fuerzas Armadas rechazaron públicamente su medida, calificándola de inconstitucional, y él fue filmado saliendo de Palacio de Gobierno con su familia y su exprimer ministro, Aníbal Torres, camino a la embajada de México.

No llegaría tan lejos: en una avenida del centro de Lima, el automóvil en el que viajaba fue interceptado por las autoridades y detenido por su propio guardaespaldas por el presunto delito de rebelión por quebrantamiento del orden constitucional. Pocas horas después, Dina Boluarte, viceministra durante su gestión y peruana de los Andes, quechua hablante, se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia de Perú. Mientras tanto, Castillo recibió 18 meses de prisión preventiva.

Los Andes bajo fuego

Una serie de sangrientas protestas tras su vacancia intensificó la crisis política en diferentes partes del país. Los partidarios de Castillo exigieron su reincorporación, la asamblea constituyente que había prometido desde su campaña electoral y el fin de la violencia policial. Boluarte respondió decretando el estado de excepción, lo que supuso la pérdida de ciertas libertades sociales, el toque de queda y la intervención de las fuerzas armadas en las manifestaciones. El país estaba entrando en el peor período de malestar social de los últimos años.

En las regiones sureñas de Apurímac, Ayacucho y Arequipa, miles de manifestantes sufrieron una violenta represión por parte de la policía y las fuerzas armadas. Los bloqueos de carreteras, la quema de comisarías y fiscalías, y los intentos de toma de aeropuertos se saldaron con al menos 28 muertos, muchos de ellos por proyectiles de armas de fuego, y centenares de heridos. Solo en Ayacucho, ciudad emblemática de la lucha independentista en el siglo XIX y la más afectada por el conflicto armado interno, nueve personas fueron asesinadas. Uno de ellos recibió un disparo cuando intentaba ayudar a un manifestante caído. No había participado en las protestas y el video de vigilancia lo muestra arrodillado frente a su propia casa en el momento del tiroteo mortal.

Boluarte hizo un llamamiento a la calma a sus «hermanas y hermanos» y reafirmó su compromiso con la paz social al revelar que había dado instrucciones a la policía de no utilizar armas letales contra los manifestantes. Algunos políticos y civiles limeños comenzaron a tildar a los manifestantes de «terrucos», epíteto comúnmente utilizado por la ultra derecha para desprestigiar y demonizar a personas de afinidad izquierdista o progresista que desafían el status quo, vinculándolos con las actividades terroristas de Sendero Luminoso.

Sin embargo, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 71 por ciento de la población no está de acuerdo con que Boluarte asuma la presidencia y el 83 por ciento cree que debe haber elecciones. Si bien Boluarte anunció elecciones para 2024, a dos años de que finalice el mandato de Castillo, la mayoría de los manifestantes exigen que se realicen en 2023. El Jurado Nacional de Elecciones afirmó que es posible adelantar elecciones en diciembre de 2023 para contribuir al restablecimiento de la paz social.

14 muertes en un día

A pesar de la pausa del feriado, las protestas se reanudaron en los primeros días de enero. En Juliaca, Puno, en la frontera con Bolivia, miles de indígenas aymaras iniciaron su manifestación contra la represión policial que dejó varios heridos en la región en los últimos días, alcanzando su pico de violencia el lunes 9. Sólo ese día murieron 17 personas en Juliaca, todas por heridas de bala, según las autoridades peruanas. Cientos de personas sufrieron ataques aéreos por parte de las fuerzas de seguridad, que lanzaron bombas lacrimógenas desde helicópteros, mientras otros agentes disparaban proyectiles contra los cuerpos de los manifestantes desde tierra.

Aunque la mayoría de los manifestantes se defendieron con las tradicionales hondas, piedras y palos, también se denunció el uso de armas de fuego caseras contra la policía, mientras que un agente murió tras ser quemado vivo en un vehículo policial que fue atacado por los manifestantes. Al menos 40 personas fueron detenidas el lunes por la noche tras el saqueo de un supermercado en Juliaca.

Algunas actividades turísticas en el sur del país siguen paralizadas y los manifestantes han bloqueado carreteras y pasos fronterizos clave con Bolivia y Chile. Las pérdidas económicas en los últimos días a raíz de las protestas ascienden a 200 millones de soles ($52 millones de dólares), según el Ministerio de Economía.

Boluarte dijo el lunes 9 de enero por la tarde, que no sabe por qué la gente protesta. Sus comentarios y los de su primer ministro, Alberto Otarola, que culpa a los agitadores de las muertes, mas el continuo «terruqueo» de Lima podrían agravar aún más la situación en las próximas horas y ampliar la brecha histórica entre la capital y el Perú rural. Desde que Boluarte asumió el poder, al menos 45 personas ya han muerto en incidentes relacionados con las protestas, mientras que ninguna de las reformas propuestas hasta ahora parece tangible para la población que protesta.

El presidente colombiano, Gustavo Petro calificó la represión policial como una masacre contra civiles e instó al diálogo. El gobierno regional de Puno decretó tres días de luto. El miércoles se produjo una nueva serie de enfrentamientos en Cuzco que ha dejado hasta el momento un muerto por proyectil de arma de fuego, lo que supuso una escalada de violencia que podría ensombrecer aún más una salida a esta crisis política.

La política peruana parece más frágil y efímera que nunca, con largas consecuencias y pesares. En Perú, lo que dura poco duele tanto.