El próximo 18 de octubre se cumplirá un año del inicio de los diálogos de paz en La Habana, Cuba, entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El conflicto armado —que enfrenta al Estado, guerrillas y paramilitares— ha dejado desde 1958, más de 220.000 muertos, de los cuales aproximadamente un 80% han sido civiles, esto conforme al Centro Nacional de Memoria Histórica.
Avances y obstáculos
“Nunca antes un proceso de paz había avanzado tanto”, declaró en marzo el jefe del equipo negociador de las FARC, Luciano Marín, alias ‘Iván Márquez’.
En mayo, los negociadores alcanzaron un acuerdo para establecer un programa de formalización de la propiedad y empleo rurales, para crear mecanismos judiciales que diriman conflictos agrarios y para formar un fondo que facilite un acceso más incluyente a la tierra.
En ninguno de los anteriores intentos de negociación entre el gobierno y la guerrilla (1984-1986 y 1998-2002) se llegó a acuerdos sobre reformas concretas.
Sin embargo, actualmente el proceso atraviesa un momento difícil.
Mientras que las FARC acusan al gobierno de querer firmar una “paz exprés” sin resolver los asuntos planteados en la agenda de negociación, el gobierno acusa a las FARC de dilatar las negociaciones y querer imponer su agenda política sin dejar las armas.
Asimismo, el expresidente Álvaro Uribe, acusa a las FARC de no tener voluntad de paz e insiste en no dialogar hasta que la guerrilla declare un cese al fuego unilateral; culpa además, al gobierno de “apaciguar al terrorismo”.
El gobierno a su vez insiste en la necesidad de llegar a un acuerdo antes de las elecciones presidenciales de mayo de 2014, ante el riesgo de que un nuevo gobierno decida interrumpir el proceso.
Una encuesta de la firma Gallup llevada a cabo entre el 27 de agosto y el 2 de septiembre reveló que, aunque el 62% de la población apoya los diálogos, el 60% cree que no serán exitosos.
Temas de diálogo pendientes
Actualmente, los negociadores dialogan sobre cuál sería la participación política de los insurgentes tras el fin del conflicto. Las FARC solicitan escaños especiales —sin necesidad de elecciones— en el Congreso, asambleas departamentales y concejos municipales.
El gobierno se ha mostrado dispuesto a crear esos escaños, pero la mayor controversia tiene que ver con quiénes los ocuparían y qué ocurrirá con miembros de la guerrilla condenados por delitos de lesa humanidad.
Según el Procurador General de la República, Alejandro Ordóñez, 218 integrantes de las FARC —entre ellos ocho miembros del Secretariado— enfrentan sentencias por delitos de esa naturaleza. La Corte Constitucional ha advertido que tendrán que pagar condenas de prisión.
Es más, dado que Colombia es miembro de la Corte Penal Internacional, ésta tendría jurisdicción para procesar a individuos si el Estado colombiano no lo hiciera.
En lo referente a las víctimas del conflicto, las FARC reconocieron en un comunicado que “ha habido crudeza y dolor provocados desde nuestras filas”, subrayando por su parte que la justicia colombiana no tiene autoridad moral para condenar a sus integrantes y que la justicia internacional no podría imponerse sobre un acuerdo nacional de paz.
Es por esta razón que las FARC insisten en que cualquier acuerdo debería culminar en “una Asamblea Constituyente como tratado de paz y nuevo contrato social”, opción rechazada por el gobierno, al considerar que dilataría el final del conflicto y pondría en riesgo las conquistas progresistas de la Constitución de 1991.
Conforme a Luis Javier Orjuela, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes en Bogotá, la Constitución de 1991 estableció un régimen amplio de derechos políticos y sociales, pero acompañado de un modelo económico de corte neoliberal y un proyecto de sociedad guiado por la “lógica de mercado”.
Más allá de La Habana: efectos nacionales del proceso de paz
A lo largo de este año Colombia ha vivido numerosas protestas campesinas en prácticamente todo su territorio.
En las marchas, los campesinos reclaman un mayor apoyo estatal para gremios específicos, cuestionan la erradicación forzosa de cultivos ilícitos y el apoyo del gobierno a la minería a gran escala; también exigen un cambio de los tratados de libre comercio con los EEUU y la Unión Europea —el modelo económico mencionado por Orjuela.
Para Kristina Lyons, investigadora en la Universidad de California, Santa Cruz, los diálogos de paz han creado “un momento oportuno” para la movilización social. El debate sobre temas agrarios ha potenciado la formación de una “identidad política campesina”, solidarizando al país urbano con el rural.
Las movilizaciones también evidencian la magnitud y complejidad de los retos políticos que deberá afrontar el país incluso después de la firma de un eventual acuerdo de paz.