El pasado 27 de marzo, un incendio en un centro federal de detención de migrantes en la ciudad fronteriza mexicana de Ciudad Juárez, mató a cuarenta personas. Se han dictado órdenes de detención contra seis personas por homicidio y lesiones, pero los responsables de encarcelar a estos migrantes y de mantener los sistemas migratorios que llevaron a la existencia de estos centros de detención han eludido la rendición de cuentas.
El Instituto Nacional de Migración (INM) mexicano retenía en estas instalaciones a 68 migrantes centro y sudamericanos. Algunos de ellos esperaban su solicitud de asilo bajo el Título 42 y otros fueron confinados recientemente después de una redada policiaca en Juárez que resultó en la detención de migrantes que limpiaban cristales de los coches, vendían caramelos o pedían dinero.
Carlos Martínez, profesor adjunto de Salud de los Migrantes y Justicia Social en el Departamento de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la UC Santa Cruz, y Mayte Elizalde, responsable de comunicación del Hope Border Institute, comparten opiniones similares sobre el incendio de Juárez: “Desgraciadamente, todas estas son consecuencias de la militarización y burocratización de la frontera y de varias políticas de asilo que los EEUU está aplicando con México», afirmó Martínez.
Este profesor sostiene que México se ha convertido en una prisión para migrantes en tránsito desde América Latina y el Caribe hacia los EEUU, y que los cambios en las políticas de asilo han obligado a los migrantes a quedarse atrapados en ciudades fronterizas y centros de detención mexicanos. Los EEUU está subcontratando el asilo e impidiendo que los migrantes accedan siquiera al sistema.
El Instituto Fronterizo Hope realiza labores humanitarias urgentes en Juárez y labores políticas en El Paso. Elizalde vive en El Paso y visita regularmente la Clínica Hope: «Aquí en los EEUU no hay realmente una respuesta a la crisis migratoria, sino más implementación de políticas inhumanas y nadie está realmente tratando de resolver el problema, sino sólo empaquetándolo y cambiando la culpa entre México y los EEUU», planteó Elizalde.
Por su parte, Martínez señaló que la administración Obama comenzó este sistema de poner límites en los puertos de entrada, pero luego, bajo la administración de Trump, se convirtió en una práctica burocrática institucionalizada e implementada en todos los puertos de entrada de la frontera entre ambas naciones.
«El sistema de asilo en general es racista, clasista y parte de un gran proyecto geopolítico, con el ejemplo más obvio [siendo] los solicitantes de asilo ucranianos que son tratados de manera muy diferente a cualquier parte de América Latina y el Caribe», declaró Martínez.
En virtud de los protocolos humanitarios del presidente estadounidense Biden, los ucranianos que solicitan asilo a este país no están sujetos a ningún tipo de límite en el número de solicitantes de asilo.
«Ucrania está atravesando una situación horrible en estos momentos», dijo Martínez y agregó: «pero podría decirse que todos estos lugares y estas personas que huyen lo son. ¿Cómo hemos acabado valorando la vida de esta manera tan desigual?».
Cuando Trump instituyó el Título 42, prácticamente cerró el asilo en los EEUU, y ahora con las personas solicitando esta forma de protección, se ven obligadas a esperar en México.
«Ya están huyendo de condiciones horribles. Tienen miedo y han soportado un largo viaje, huyendo de un país con problemas económicos, medioambientales, políticos y sociales. Y vienen aquí esperando lo mejor y un futuro mejor, para esperar su cita para el asilo y ser tratados horriblemente en México», dijo Elizalde.
Las Naciones Unidas y Human Rights Watch han publicado varios informes sobre los centros de detención de migrantes en México, en los que destacan la falta de necesidades básicas, como agua corriente, así como de respeto a los derechos humanos de las personas detenidas dentro y fuera de ellos en las ciudades fronterizas mexicanas.
«La mayoría de las personas que he conocido en estos albergues tienen miedo de estar en las calles de Juárez debido al constante acoso y abuso de autoridad de la policía mexicana, junto con el crimen organizado y la violencia», informó Elizalde.
Mientras tanto, la Procuraduría General de la República en México está investigando el incendio. Hasta el momento, se han dictado seis órdenes de detención y se imputará al jefe del Instituto Nacional de Migración de México. Sin embargo, en opinión de Martínez, quien no cree que las órdenes de aprehensión resuelvan o cambien las condiciones de los migrantes:
«Este incendio es una pequeña parte de un fenómeno masivo que no terminará hasta que regresemos el derecho a los migrantes a solicitar asilo, que los EEUU derogue el Título 42 y restablezca el sistema de asilo en primer lugar».
– Dr. Carlos Martinez, profesor asistente de Salud Migrante y Justicia Social de UC Santa Cruz
Asimismo, Elizalde dijo que los gobiernos de ambos países deben examinar nuevamente los sistemas que han creado para estas personas en estas regiones específicas del mundo: «¿Cómo se deja morir a cuarenta personas y cómo podemos asegurarnos de que no vuelva a ocurrir? Cada vez más personas quedarán atrapadas en los centros de detención de México y, al día de hoy, México no está preparado para proporcionarles un espacio digno donde esperar el juicio de asilo”.
El mensaje es sencillo: en primer lugar, la gente no debería estar confinada en centros de detención. Y citando a la poeta Francesca Gargallo: «La calle es de quien la camina, las fronteras son asesinas».