[Foto cortesia de Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible: Claudia Paola López Ramírez, miembro de la comunidad Cruz de Ocote, heredó tierra de su madre en el Ejido de Cruz de Ocote, actualmente en peligro por el proyecto que pretende una compañía minera canadiense.]
Claudia Paola López Ramírez aún recuerda los tiempos de su infancia en los que solía ir por agua a uno de los manantiales que se encontraban en su comunidad en Cruz de Ocote, localizada en la sierra norte de Puebla. Ya son dos manantiales los que se han secado de los que pertenecen a la comunidad indigena Nahua. El rostro de López Ramírez se ilumina mientras cuenta la historia de cómo su abuelo logró obtener su ejido y cómo tuvo que luchar para en parte fundar lo que hoy forma Cruz de Ocote.
Es una lucha por defender el territorio ejidal cuya pesada responsabilidad recae ahora sobre los descendientes de aquella generación, y que quizás también sea heredada a la siguiente.
El 16 de febrero, la Comunidad Nahua y el Ejido de Tecoltemi de la sierra norte de Puebla celebraron una victoria ante las concesiones mineras de la compañía minera canadiense Almaden Minerals. Es la primera vez en la que la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) le otorga el amparo a una comunidad y retira la concesión de 14 mil hectáreas de terreno a la compañía minera.
“Estas concesiones se emitieron sin haber considerado la opinión de quienes habitan este territorio, y no hubo consulta ni consentimiento previo,” dijo Diana Pérez, la abogada que llevó el caso.
Un ejido, como se conoce el día de hoy, es tierra o terreno que se usa comunalmente con propósito agrícola. Estas tierras se les fueron otorgadas a individuos después de la revolución mexicana con el propósito de que las poblaciones rurales tuvieran manera de sostenerse y cultivar de ellas. Los ejidos estaban protegidos bajo ley agrícola pero todo eso cambió con la reforma agraria de 1992.
Bajo esta reforma en el artículo 27, los dueños de ejidos, ejidatarios, pueden vender su terreno y dicho terreno puede ser incorporado al desarrollo urbano, cosas que anteriormente no se permitían. Sin embargo, bajo las leyes agrícolas del presente, es necesario consultar y recibir permiso de los ejidatarios y la comunidad indigena para legalmente recibir las concesiones, cosa que la minera Almaden nunca hizo según el caso.
“Son terrenos donde viven, laboran y siembran. Tienen terrenos de pastoreo, tienen bosque incluso… ellos han cuidado, reforestado y aprovechado sustentablemente”, dijo Pérez al explicar la importancia del terreno ejidal para las comunidades involucradas en el caso.
Pérez es integrante del Consejo Tiyat Tlali, una de las organizaciones que ha estado apoyando a las comunidades indígenas para proteger sus derechos ejidales y los derechos ambientales. Ella comenta que la victoria en la SCJN fue un momento agridulce para su equipo y para las comunidades afectadas. Ellos están conscientes de que mientras la compañía minera logre convencer a los ejidatarios a llegar a un acuerdo o incluso a vender sus terrenos, las concesiones podrían ser otorgadas en un futuro.
Imágenes del mini documental ‘Tesoro vivo’ que resalta las comunidades de la Sierra Norte de Puebla, un área seriamente amenazada por un proyecto minero.
Foto de courtesia: Si no nosotros, ¿entonces quién?
Claudia Paola López Ramírez ha estado luchando por cinco años contra las leyes mineras desde su comunidad del Ejido Cruz de Ocote. Forma parte de la organización comunitaria Defensores Acolhua y de igual manera se siente feliz por haber ganado el caso, pero sabe personalmente como esta lucha por los ejidos ha creado una gran división entre las múltiples comunidades de los ejidos.
“Esto vino a separarnos, hay gente que ya ni nos dirige la palabra… hay familias en donde los hermanos no se hablan”.
Ella heredó la parcela de su madre que se encuentra en el Ejido de Cruz de Ocote. Tiene la ilusión de que sus hijas puedan crecer en la tierra que la vio nacer a ella y a sus antepasados. Está resuelta en asegurarse de que el legado de sus abuelos Isidro Ramírez y Lorenza Sosa no sea enterrado bajo ningún proyecto minero.
“Al menos que digan cómo yo de mi abuelito, que fue un luchador para conseguir las parcelas del ejido, fue un fundador de la comunidad. Es un orgullo. Que dijeran de mí, mi abuelita, a pesar de ser mujer mi abuelita pudo’.
Le duele reconocer que el cambio ambiental provocado por el calentamiento global ha ido borrando lugares de belleza y recursos naturales de su comunidad. Es también por esta razón que ella está en contra de la minera pues las consecuencias de abrir una mina en esas 14 mil hectáreas podría exacerbar los problemas ambientales en las comunidades.
Perez, como sus demás compañeros, están preocupados por lo que pueda venir después de esta victoria. Si las leyes mineras continúan dando preferencia a la industria, podría significar aún más procesos judiciales, y más batallas para las comunidades indígenas, los ejidatarios, los ambientalistas.
