Durante una videoconferencia llevada a cabo el 7 de agosto, presentada por Ethnic Media Services, expertos en inmigración citaron más de cuatrocientos cambios en la política de inmigración por parte de la actual administración desde que esta comenzó en enero de 2017.

Aunque una parte significativa de los trabajadores esenciales del país son inmigrantes, ellos continúan siendo el blanco de Trump durante la pandemia. En los últimos meses se ha realizado una cantidad asombrosa de cambios en la política de inmigración a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), el Estatus de Protección Temporal (TPS, también en inglés) y las visas de inmigración. Estos cambios se han realizado en gran parte mediante proclamas presidenciales y órdenes ejecutivas sin el aval del Congreso.

El 28 de julio, el Departamento de Seguridad Nacional ordenó a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los (USCIS) rechazar cualquier solicitud nueva de DACA y exigir a los beneficiarios actuales renovar anualmente en lugar de cada dos años. USCIS también está rechazando todas las solicitudes de libertad condicional anticipada, que permite a los receptores DACA salir y volver a ingresar al país legalmente, excepto cuando existan ‘circunstancias excepcionales’. Estos cambios están vigentes mientras el DHS considere mantener, rescindir o modificar la normativa.

“Hay un impulso para que el Congreso incluya la extensión automática de DACA, del TPS, las autorizaciones de trabajo en los próximos proyectos de ley de alivio a la COVID-19”, dijo Ignacia Rodríguez Kmec del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC). NILC recomienda que las personas que estén considerando renovar su DACA consulten a un abogado o representante acreditado que pueda identificar cualquier señal de alerta que pueda poner al solicitante en riesgo de rechazo a su trámite, incluyendo el riesgo a la deportación y para saber si se es elegible a otra forma más permanente de alivio migratorio. Es especialmente importante consultar con un abogado cuando se tiene orden de deportación previa, contacto anterior con la policía, casos pendientes en la corte de inmigración o planes de viajar con libertad condicional anticipada.

“La pandemia sólo ha acelerado los cambios que ha realizado esta administración”, dijo Sarah Pierce, analista de políticas del Migration Policy Institute (MPI). En un informe de este instituto publicado el mes pasado, Pierce y Jessica Bolter describieron los tres cambios principales: el primero que tuvo lugar el 20 de marzo de 2020, cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ordenaron a todos los ciudadanos extranjeros sin autorización para ingresar a los EEUU ser devueltos a México (o Canadá) o a sus países de origen. Según la orden, las detenciones mensuales se redujeron a la mitad entre marzo y abril, y las solicitudes de asilo se desplomaron, ya que los pocos que llegaron fueron expulsados sin la oportunidad de buscar refugio. El segundo fue cuando el presidente restringió la inmigración permanente el 22 de abril de 2020 y, un mes después, la restricción para los trabajadores temporales.

“Aunque estas acciones, en gran parte administrativas, podrían, en teoría, ser deshechas por una administración futura, este enfoque en capas, junto con el cambiante ritmo, hace probable que la presidencia de Trump cause efectos duraderos en el sistema de inmigración de los EEUU”,  se lee en el informe.

Trump, antagonista del censo

Si bien la administración Trump ha tenido como blanco de ataque a los inmigrantes a través de políticas particulares, también lo ha hecho mediante el levantamiento del Censo 2020.

Éste, que anteriormente estaba programado para realizarse hasta el 31 de octubre de 2020, ahora se ha anticipado su término para el 30 de septiembre, lo que pone a las comunidades de color, incluidas las comunidades de inmigrantes, en riesgo de un conteo corto.

A principios de 2018, la administración Trump propuso agregar una pregunta sobre ciudadanía, que luego fuera rechazada por la Corte Suprema pero que fue claramente una táctica disuasiva a los inmigrantes de participar en el conteo. El siguiente paso del presidente fue la emisión de una orden ejecutiva en julio de 2019 prohibiendo a los inmigrantes indocumentados ser incluidos en el censo. Recientemente, emitió un memorando ejecutivo el 21 de julio de 2020, prohibiendo a los inmigrantes indocumentados participar en él.

“Este memo ni siquiera vale el papel en el que está escrito”, dijo el asambleísta Marc Berman (D-Menlo Park), presidente del Comité Selecto de la Asamblea sobre el Censo. “Trump lo sabe, ni siquiera se atrevió a convertirlo en una Orden Ejecutiva. Es descaradamente inconstitucional. Ni siquiera es práctico. La Corte Suprema descartó la pregunta de ciudadanía de Trump fuera del censo, por lo que no hay forma de saber el estatus de las personas que responden. Si no es legal y no es práctico, entonces obviamente es simplemente una propaganda para tratar de suprimir la participación en el censo, que ha sido el objetivo de Trump todo el tiempo. Es realmente triste”.

El censo puede ser completado en línea en el sitio web 2020census.gov, o vía telefónica (en inglés) 844-330-2020 y (en español) 844-468-2020.