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David Chiu, presidente del Consejo de Supervisores de San Francisco

Si la Proposición D es aprobada en la votación de noviembre, puede que pronto se permita votar en las elecciones del consejo escolar, a los padres o custodios de niños no ciudadanos en el Distrito Unificado de San Francisco (SFUSD). Liderados por el Presidente del Consejo de Supervisores David Chiu, la Proposición D es apoyada por nueve de los once supervisores de la ciudad, así como por el Partido Demócrata y la Liga de Votantes Jóvenes. Otros proponentes incluyen al presidente de la Immigrants Rights Commission Angus McCarthy, el United Educators of SF, Coleman, Advocates for Youth y Mark Leno, Tom Amiano y Bevan Duffy. Además, todos los siete miembros de la Junta Escolar de San Francisco están de acuerdo con la medida.

Los únicos argumentos pagados “No a la D” vienen del miembro del duodécimo Distrito del Partido Republicano San Francisco (SFRP por sus siglas en inglés) Terrence Faulkner, El SFRP y los jóvenes republicanos de San Francisco (SFYR por sus siglas en inglés).

El supervisor Chiu explicó cómo sería aplicada la Proposición D. “Los ciudadanos registrados a través de la alcaldía y el condado de San Francisco para votar en cualquier elección, y una vez registrados, no necesitan proporcionar ninguna prueba de identificación para votar. Si la Propoposición D se aprueba, la Junta de Supervisores aprobaría una legislación posterior que permita los específicos procedimientos para votar. Esta legislación crearía un proceso por el que los padres serían informados de su derecho a votar y se les pediría que firmen una declaración jurada, afirmando que son padres de niños en el distrito escolar, mayores de 18 años, que no son delincuentes, y autorizados a votar. No se requeriría una identificación adicional, como no se requiere para los ciudadanos que rellenan las tarjetas de registro para votar. La votación se haría, seguramente, a través del voto por correo, para evitar la votación en el mismo día con dos listas por separado de votantes y dos papeletas distintas”.

La votación de no ciudadanos no es nueva en este país. Durante el siglo 19, al menos 22 estados y territorios concedieron a estos individuos el derecho a votar. Parte de ello se debió a una medida para atraer nuevos colonos. En la década de los años 1920, hubo una marcha atrás en esta política debido a un creciente sentimiento anti-inmigrante luego de la Primera Guerra Mundial. En años recientes se ha hecho un esfuerzo entre la mayoría de los legisladores progresistas y los grupos pro derechos de los inmigrantes, para permitir que voten los no ciudadanos. A menudo tratan de ganar el voto en elecciones locales o de juntas escolares como un puente para una mayor expansión de los derechos de voto de los no ciudadanos.

La votación para la junta escolar de no ciudadanos se ha llevado a cabo en Chicago y Nueva York, y el voto local se permite en seis municipalidades de Maryland. Al menos una docena de otras jurisdicciones la han considerado o se están moviendo para permitir a los no ciudadanos que voten. Globalmente más de 20 países permiten votar a los no ciudadanos.

En 1996 San Francisco intentó extender los derechos de voto a los no ciudadanos en elecciones locales. Un juez estatal dictaminó que esto no es posible porque los cambios en los derechos de voto, necesitarían hacerse a través de una enmienda constitucional estatal. Los partidarios de los derechos de voto de los no inmigrantes, decidieron evitar este obstáculo limitando estos derechos a las elecciones de juntas escolares. En 2004 la Proposición F, que habría permitido a los no ciudadanos votar en juntas locales escolares, no fue aprobada por estrecho margen.

Los partidarios de la Proposición D indican que uno de cada tres niños del SFUSA tiene un padre inmigrante. A menudo estos padres no tienen una voz en la educación de sus hijos, y hay una amplia correlación entre la participación de los padres y el éxito de los estudiantes, así como en la mejora de las escuelas.

Como oponente a la medida, Terrence Faulkner se hace eco de los sentimientos de SFRP, el cual ha declarado en su página web que “Permitir votar a no ciudadanos socava el valor de la ciudadanía.” Faulkner añade que los EEUU no tiene tratados con otros países para permitir un voto recíproco donde residen ciudadanos estadounidenses. Alisa Farenzena de SFYR manifiesta que el voto de los no ciudadanos “es una violación de la ley estatal, por lo que los fondos de la alcaldía se malgastarían para defender esta indefendible legislación contra las inevitables apelaciones legales.”

Los proponentes de D insisten en que el voto inmigrante en las elecciones a los consejos escolares es completamente legal, y que el voto puede espolear la consecución de la ciudadanía.

Ronald Hayduk, que enseña ciencia política en el Borough of Manhattan Community College, ha rebatido los argumentos contra el voto de los no ciudadanos, en un artículo para la revista New Political Science Magazine. Reitera que insistir en que los no ciudadanos obtengan la ciudadanía para votar no es realista. El proceso de naturalización es complicado y puede llevar muchos años. Mientras tanto, los inmigrantes pagan impuestos, manejan negocios e, incluso, sirven en el ejército. Subraya que en actual guerra de Irak, el primer soldado muerto fue un inmigrante guatemalteco no ciudadano.

Históricamente, los oponentes al voto de los no ciudadanos han argumentado que los no ciudadanos no necesitan realizar el juramento de fidelidad a los EEUU, y muchos inmigrantes no tienen el conocimiento suficiente de los problemas políticos. Hayduk argumenta que los ciudadanos de EEUU no tienen que jurar fidelidad a la constitución de EEUU para votar, y a través de la televisión extranjera, la radio y los periódicos, muchos inmigrantes están en contacto con ambas políticas, las de aquí y las del extranjero. Añade que “una falta de conocimiento” fue el argumento usado durante muchos años para evitar el voto de los negros y las mujeres, y que el voto ha sido una herramienta vital para cada grupo sin poder para obtener derechos económicos, sociales y civiles.

Con las limitaciones presupuestarias en toda la ciudad, muchos votantes pueden expresar preocupación sobre el costo de la Proposición D. David Chiu ha sugerido el uso del voto por correo en las elecciones a las juntas escolares, que de acuerdo al Controlador municipal costaría anualmente alrededor de $106.000. Chiu afirma: “Dado el presupuesto anual de $6.5 billones para la alcaldía y el Condado de San Francisco, $10 billones del presupuesto anual son del Departamento de Elecciones de San Francisco, y con un costo por elección de $3 millones, esto es un precio muy pequeño para proporcionar una voz a los estimados 30.000 padres, guardianes legales y cuidadores que actualmente no tienen una oportunidad para elegir nuestra junta escolar.”

—Traducción Emilio Ramón