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El 18 de Julio, unos cuantos senadores de los EEUU enviaron una carta al Secretario del Estado, Antony Blinken, y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), insistiendo la redesignación de Venezuela y Nicaragua con Estatus de Protección Temporal (TPS). 

Hay un total de 16 países que están designados para contar con TPS y cada país tiene sus fechas y requisitos de período extendido. 

El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, puede designar un país extranjero con este estatus según las condiciones en el país que impiden temporalmente que sus nacionales regresen de manera segura. Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EEUU (USCIS, también por sus siglas en inglés) pueden otorgar el TPS a ciudadanos elegibles de ciertos países que ya se encuentran en el país, esto de acuerdo al sitio web del USCIS. 

El 13 de junio, el DHS rescindió la terminación de la administración anterior de las designaciones de estado de protección temporal para los países de El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua. A lo largo de la administración de Biden, se han realizado esfuerzos para ampliar la cantidad de inmigrantes elegibles para el TPS.

Hay alrededor de 670 mil personas de esos 16 países registradas o recientemente registradas para TPS, según un artículo de Pew Research del 21 de abril.

Estos beneficiarios viven en los 50 estados y han estado aquí durante años o décadas. Muchos han compartido sus historias y continúan exigiendo un sistema de inmigración más justo y creando caminos permanentes hacia la ciudadanía para inmigrantes indocumentados.

El 26 de julio, miembros del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) con TPS de todo el país fueron al Capitolio junto con sus familiares para presionar a los funcionarios electos a elevar sus demandas para que el presidente Biden redesigne el TPS para estos países y lo otorgue también para Guatemala.

Verónica Lagunas, salvadoreña, estuvo entre los pocos cabilderos en la Capital junto a sus dos hijos ciudadanos estadounidenses: «Venimos para hablar con los congresistas y senadores y agradezco que muchos nos han apoyado y muchos podemos tramitar un nuevo permiso de trabajo que se nos va vencer hasta en 18 meses. Pero no basta con extender el TPS para las personas que ya lo teníamos, sino también abrirlo para la gente que no tiene TPS y para más países como Guatemala». 

Ella aboga no solo en su nombre, sino también a nombre de muchas familias que no tienen el TPS y de aquellos que podrían beneficiarse y mantener a las familias unidas. 

Lagunas emigró de El Salvador en enero de 2001, luego de que el país centroamericano fuera azotado por un terremoto. Para febrero de ese año, ella y su madre recibieron el TPS, pero su padre llegó años después y no cuenta con ese estatus.

Miembros de SEIU y sus familias viajaron a D.C. para reunirse con funcionarios electos instándolos a tomar acción sobre el Estatus de Protección Temporal. Uno de esos funcionarios fue el congresista texano, Al Green. Foto de cortesía.

«Si un dia me quitan el TPS mis hijos están solos aquí y ellos deberían de pensar en otras cosas pero lastimosamente no están pensando porque se preocupan que un día a su mamá le pondrían quitar el TPS y nos van a separar,» dijo Lagunas. 

Este es el temor de Silvia Sop-Poz, de 23 años, cuya madre es miembro de SEIU que emigró a Texas desde Guatemala: «He visto a mi madre tener dificultades para crecer, especialmente como madre soltera que tiene muchos trabajos. Así como ella hizo para mantenernos, eso es lo que queremos para ella también y es por eso que estamos aquí para luchar por el TPS para Guatemala».

La hermana de Silvia, de 16 años, Perla Tzoy, también viajó al Capitolio y tiene sentimientos similares: «Es importante para mí porque mi mamá ha trabajado en dos trabajos y apenas la vemos, solo un poco en la mañana o en la noche y se merece una oportunidad aquí en los EEUU. Ella renunció a todo y a su vida en Guatemala para venir a los EEUU y ofrecer un futuro mejor para mí y mis hermanos».

Tzoy quiere que otros adultos jóvenes y adolescentes se sientan confiados de hablar y defender a sus padres u otros miembros de la familia y que no se sientan avergonzados. 

El objetivo de Lagunas es seguir creando conciencia, no solo para el presidente, sino para todos. Y que estos beneficiarios puedan trabajar todos los días para contribuir a los EEUU y estar en condiciones de darle una mejor vida a sus familias.