Manuel Ortiz
Ethnic Media Services
Laura Rubio, madre soltera de 46 años que vive en el este de Palo Alto y trabaja limpiando casas, perdió gran parte de sus ingresos como resultado de la COVID-19 y no ha podido pagar el alquiler de manera regular.
Laura teme que ella y su hija, una estudiante universitaria, puedan ser desalojadas, por lo que ha decidido organizarse con otras personas de su comunidad latina, que también corren el riesgo de ser desalojadas, para presionar por una asistencia para el alquiler. Ella calcula que está en contacto con unas 350 familias como la suya en esta pequeña ciudad, la cual se encuentra a medio camino entre San Francisco y San José, y donde el 52% de los hogares son alquilados. Muchos de los inquilinos son indocumentados, y por lo tanto no califican para ninguna ayuda federal o estatal. “Aún así, intentamos pagar lo que podemos de renta, pero necesitamos más tiempo y apoyo”, dice.
Héctor, de 38 años, padre soltero de un hijo de 16 años y una hija de 12 años. Ha vivido en el este de Palo Alto durante 20 años. Debido a la COVID-19 perdió su trabajo en una empresa de construcción local en la que había trabajado por 18 años. Se quedó sin ahorros y sin posibilidades de pagar el alquiler. Solicitó mantenerse en el anonimato y contó que de ser desalojado, no tendría otra opción que regresar a México, dejando atrás a sus hijos, ambos ciudadanos estadounidenses.
Karla, que también solicitó el anonimato, ha visto reducidos sus ingresos a causa de la pandemia y teme ser desalojada al no poder pagar el alquiler con regularidad. Actualmente está en cuarentena autoimpuesta.
Rudi perdió su trabajo de construcción debido a la COVID-19, y no ha podido encontrar uno nuevo, ha tenido que vender sus pertenencias para pagar el alquiler. Ahora se ha quedado sin dinero y teme que él y su familia sean desalojados.
El pasado abril, el ayuntamiento del este de Palo Alto asignó $100 mil dólares en asistencia para el alquiler. Cabe señalar que Mountain View, una comunidad vecina con residentes de altos ingresos, destinó $500 mil dólares para el mismo fin.
De acuerdo con el San Jose Mercury News, la ciudad de EPA, “que tiene pocos recursos financieros, depende de organizaciones sin fines de lucro, iglesias y compañías privadas” para asistencia adicional. EPA duplicó el plazo para pagar el alquiler de 90 a 180 días y dio a los inquilinos 30 días para llenar una solicitud de asistencia para ello. Laura Rubio y otras personas que se dedican a defender los derechos de personas necesitadas dicen que hay demasiadas familias a las que el gobierno no puede llegar.
Un inquilino normalmente tiene cinco días para responder a una notificación de desalojo por escrito ante un tribunal local, después de lo cual se puede fijar una fecha de juicio. Si no hay respuesta a tiempo, el propietario gana automáticamente. Según la organización CalMatters, muchas ciudades de California han ampliado a 30 días el periodo dentro del cual un inquilino puede responder. Sin embargo, “la mecánica de cómo responder es desalentadora: cuál es el formulario, cómo llenarlo, firmarlo, imprimirlo y subirlo a un programa específico”.
La Junta de Supervisores de San Mateo votó el 22 de julio la extensión de una moratoria temporal a desalojos residenciales del 28 de julio al 31 de agosto, la cual protege a los inquilinos que no puedan pagar el alquiler debido a la COVID-19. Al final de esa fecha, los inquilinos tendrán hasta 180 días para liquidar el alquiler adeudado.
CBS SF informó el 22 de julio que la tasa de desempleo de San Mateo fue del 10.8% en junio, comparada con el 2.2% del año pasado. Según un informe del personal del condado de San Mateo, muchos residentes están “extremadamente agobiados por el costo de alquiler”, y gastan hasta el 50% de sus ingresos en ello.
Esta es la tercera vez que la Junta vota para extender la moratoria después de la orden ejecutiva del gobernador Newsom del 18 de marzo que permite a condados y ciudades imponer sus propias prohibiciones de desalojo. Esa orden ejecutiva ha sido extendida hasta el 30 de septiembre.
Cientos de inquilinos en el este de Palo Alto que perdieron sus trabajos debido a la COVID-19 y no pueden hacer sus pagos de alquiler se están organizando para buscar ayuda del gobierno local o de organizaciones no lucrativas.
Nota del Editor: Manuel Ortiz, un galardonado fotoperiodista que dio clases en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ahora residente en Redwood City, realiza un ensayo fotográfico para documentar las experiencias de inquilinos del este de Palo Alto (EPA) mientras luchan por pagar el alquiler luego de perder sus ingresos durante la pandemia.