Por:
Sunita Sohrabji, Ethnic Media Services
SACRAMENTO—Los trabajadores agrícolas de California producen un tercio de los suministros alimenticios de la nación y el 75 por ciento de sus frutas y nueces, sin embargo, el 49 por ciento de estos trabajadores esenciales no tienen cobertura médica.
El año pasado, California lanzó una iniciativa innovadora para brindar cobertura de atención médica a todas y todos, incluidos los más de dos millones de inmigrantes indocumentados que residen en el estado. Pero el plan traerá poco alivio a los más de 700 mil trabajadores agrícolas, muchos de los cuales no califican para tener MediCal debido a las restricciones de ingresos muy bajos requeridos, lo anterior lo explicó Joel Diringer, consultor que trabajó con UC Merced en su innovador estudio sobre salud de los trabajadores agrícolas.
Una persona que busca solicitar MediCal debe tener un ingreso inferior a $18,756 en 2023. En un panel de discusión llevado a cabo en Sacramento el 7 de febrero, durante la conferencia anual del Proyecto Insure the Uninsured, Diringer dijo que alrededor del 40 por ciento de los trabajadores agrícolas tienen ingresos por encima de ese umbral y por ende quedan descalificados: “Si trabaja más de 30 semanas al año, es probable que sus ingresos superen los límites de MediCal”, explicó y propuso elevar el umbral de ingresos al 250 por ciento de la línea de pobreza federal, es decir, alrededor de $34,875 en salarios anuales. Con eso, aproximadamente el 80 por ciento de los trabajadores agrícolas estarían cubiertos por MediCal.
El impacto del COVID-19 entre los trabajadores agrícolas
Aquellos que actualmente no califican para recibir la cobertura de MediCal están siendo transferidos a Covered California para obtener atención médica de bajo costo. Pero en opinión de Diringer, la mayoría de los trabajadores agrícolas aún no podrían acceder a esta atención ya que los copagos y los deducibles altos los mantendrían en casa.
“Tener que cumplir con un deducible de $6 mil cuando su ingreso anual es de $20 mil: bueno, simplemente no lo va a hacer”, dijo. Covered California ofrece planes con primas mensuales mínimas o nulas, pero los copagos y los deducibles siguen siendo altos, lo que hace que la atención médica esté fuera de su alcance.
Luz Gallegos, del Centro Legal TODEC en Perris, una región fronteriza en el condado de Riverside, dijo que ella y su equipo han estado tocando puertas y saliendo a los campos para registrar personas para MediCal: “Es nuestra responsabilidad moral informar a todos los inmigrantes de nuestro estado sobre la expansión de MediCal. Debemos esforzarnos más por los trabajadores que dan su vida por nuestro estado y no obtienen nada a cambio. Los trabajadores agrícolas son el mayor activo de nuestro estado”, dijo Gallegos, abogando por un seguro de desempleo para los trabajadores agrícolas, y agregó: “Mucha gente no quería dejar de trabajar. Me dijeron: ‘Si dejo de trabajar, mi familia no come y no puedo pagar el alquiler’. Muchos todavía trabajaban, a pesar de que tenían Covid”.
La pandemia golpeó duramente a la comunidad agrícola. Según el estudio de UC Merced, utilizando autoinformes y análisis de sangre que no requieren ayuno, el 60 por ciento dio positivo del COVID-19. El 40 por ciento de las personas contagiadas reportaron tener problemas de salud a largo plazo, y el 31 por ciento tener problemas continuos con el sentido del olfato y el 21 por ciento, con el sentido del gusto. Más del 81 por ciento cuenta con al menos una vacuna.
Miedo a la norma de carga pública
Muchos de los trabajadores agrícolas con los que se reunió Gallegos manifestaron temor de la norma sobre carga pública y que eso afectara su estatus migratorio. El 23 de diciembre de 2022, el Departamento de Seguridad Nacional publicó nuevas reglas de carga pública, que son mucho más amplias que la muy limitada definición dada por la administración Trump. Bajo esta nueva regla, los inmigrantes pueden hacer uso de Medicaid/MediCal y asistencia nutricional sin que ello signifique carga pública.
La encuesta de salud a los trabajadores agrícolas de la UC Merced se realizó entre julio de 2021 y abril de 2022, y la mayoría se completaron entre septiembre y diciembre de 2021, cuando las tasas de infección por COVID-19 aún eran altas por el surgimiento de la variante Delta.
Algunos de los hallazgos clave del estudio:
• Casi dos tercios (62%) de los encuestados reportaron dificultades para pagar los alimentos o las facturas desde la pandemia.
• El 19 por ciento informó tener seguridad alimentaria muy baja y el 23 por ciento una seguridad alimentaria baja. El 57 por ciento reportó seguridad alimentaria alta o marginal.
• El 36 por ciento de los encuestados calificó su salud como regular o mala.
• El 37 por ciento de los hombres y el 47 por ciento de las mujeres reportaron tener al menos una condición crónica, siendo diabetes (20%), hipertensión (19%) y ansiedad (10%) las más comunes. Solo el 43 por ciento informó haber visitado a un médico.
• Casi la mitad de los trabajadores agrícolas encuestados (43%) informó que su empleador “nunca” proporcionó un plan de prevención de enfermedades causadas por el calor, según lo exige la ley.
• Casi uno de cada cinco (19%) experimentó, en un momento u otro, que su empleador no le pagaba el salario correspondiente.
• Más de un tercio (36%) de los trabajadores agrícolas dijo que no estarían dispuestos a presentar un reporte por incumplimiento en el lugar de trabajo contra su empleador.
• Un 64%, alrededor de dos tercios, dijo no estarían dispuesto a presentar una denuncia contra un empleador, por temor a represalias o pérdida del trabajo.
• Dos tercios (67%) expresó el nivel más alto de temor a la separación familiar debido a la deportación en una escala de “nunca” a “siempre”.