La Misión, con su legado de marginalización y resiliencia frente a ola tras ola de gentrificación, ha sido durante mucho tiempo un vecindario con una desigualdad económica discordante. La gente vive en las aceras, afuera de nuevos edificios lujosos con apartamentos vacíos; los dueños de las tiendas barren sus pertenencias en la calle por las mañanas.
Con frecuencia, esta realidad es explotada por las empresas, los medios corporativos y los políticos por igual para descartar la política progresista: sacar a las personas en lugar de albergarlos, y vigilar en lugar de apoyar. “Lo que hemos visto una y otra vez es que las personas sin hogar en San Francisco son utilizadas como chivos expiatorios políticos”, dijo a El Tecolote Jennifer Friedenbach, directora ejecutiva de la Coalición para las personas sin hogar.
El mes pasado, líderes comunitarios de más de una docena de organizaciones de la Misión se reunieron para pedir el estado de emergencia luego del asalto perpetrado a la maestra Yolanda Melara, de 78 años, quien se dirigía hacia su trabajo cuando un hombre le agarró el bolso y la tiró al suelo. Pero la manifestación, organizada originalmente en apoyo a Melara, rápidamente se convirtió en una condena no solo de la violencia que sufrió, sino también de algunas de las personas más marginadas de la Misión y las consecuencias visibles de la desigualdad extrema.
Los oradores participantes en esta manifestación, generalizaron y usaron como chivos expiatorios a las personas sin hogar, las/los trabajadoras/es sexuales, las personas que luchan contra el abuso de sustancias y los vendedores ambulantes de una “crisis” percibida en el vecindario. Y para lidiar con eso, líderes como Roberto Hernández, quien se rumora se postulará para la Junta de Supervisores, y William Ortiz-Cartagena, Comisionado de Pequeñas Empresas de la ciudad, pidieron ayuda a la policía. “Policía de San Francisco…¡sal y haz tu trabajo!”, exigió Ortiz-Cartagena.
Para muchos, sin embargo, llamar a la policía es una invitación a más violencia estatal. “La vigilancia es peor que inútil, es dañina”, dijo a El Tecolote Peter Calloway, un defensor público adjunto de San Francisco. Cuando la policía se acerca a las personas sin hogar, “hemos visto varios casos en los que la policía mata a esa persona, [como en el caso de] Luis Góngora Pat…” Y si no es eso, dice Calloway, “lo que sucede muchas veces es que se menosprecia a la gente, se la trata mal, se le falta el respeto, a veces se la empuja, se la maltrata un poco. He visto a la policía simplemente patear las pertenencias de las personas por toda la acera… Tengo clientes a los que los agentes les han amenazado, instancias en las que los agentes tienen mágicamente apagadas las imágenes de su cámara corporal hasta que se lleva a cabo el arresto. La rutinaria deshumanización y violencia que constituye la vigilancia policial estadounidense… ocurre en San Francisco”.
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Aquí en la ciudad, las personas negras tienen 9.7 veces más probabilidades de ser asesinadas por la policía que una persona blanca, según los análisis de Police Scorecard de 2013-2021. Los latinos tienen 4.3 veces más probabilidades de ser asesinados que sus homólogos blancos. En los casos en que el Departamento de Policía de San Francisco (SFPD, por sus siglas en inglés) mató a alguien, los oficiales prácticamente no han tenido que rendir cuentas y las familias quedan buscando una justicia aparente durante años.
Esta semana, hace nueve años que la policía mató a Alex Nieto. Se comió un burrito en Bernal Hill antes de su turno como guardia de seguridad, llevaba consigo un taser que portaba como parte de su trabajo, un detalle que el SFPD sabía antes de llegar a la escena, porque quien llamó al 911 les informó que tenía un taser y no un pistola.
Aún así, cuando llegaron los cuatro oficiales, dispararon 59 tiros contra Nieto. En el juicio, los cuatro fueron absueltos. Incluso en uno de los casos con la evidencia más condenatoria de brutalidad policial, uno de los pocos que llegó a juicio, los oficiales no enfrentaron repercusiones.
Para la familia de Luis Góngora Pat, quien fue asesinado por la policía en 2016, el proceso de búsqueda de justicia ha sido desesperadamente lento y desmoralizador. El año pasado, con Chesa Boudin a la cabeza, la oficina del fiscal de distrito reabrió el caso de Góngora Pat y emitió citaciones del gran jurado, pero cuando Brooke Jenkins asumió el cargo tras su destitución, ese impulso se perdió. En otoño, las familias de Góngora Pat, Keita O’Neil —quien fue asesinado por el SFPD en 2017— y Sean Moore —quien fue asesinado por el SFPD el mismo año— exigieron a Jenkins procesar a los policías que mataron a sus seres queridos. Pero a principios de este mes, la fiscalía anunció que retiraría los cargos presentados por Boudin contra el oficial que mató a O’Neil. Como fiscal de distrito, Boudin también había presentado cargos contra el oficial que mató a Moore, pero bajo Jenkins el caso se retrasó. La madre de Moore, Cleo, escribió en el SF Chronicle: “Desde que Jenkins se convirtió en fiscal de distrito el año pasado, no he recibido actualizaciones sobre el caso y no sé si planea continuar con los cargos presentados en 2021. Cuando asumió el cargo, Jenkins despidió al abogado que había estado trabajando conmigo y que me mantenía informada sobre el caso de mi hijo. Ahora, no tengo idea de quién, si alguien, de la Oficina del Fiscal de Distrito, está trabajando en este caso”.
Los oficiales que mataron a Mario Woods en 2015 nunca enfrentaron disciplina alguna.
“Brooke [Jenkins], [la alcadesa London] Breed y los multimillonarios [están] exigiendo un aumento de la ley y el orden en San Francisco mientras que al mismo tiempo, y esto es lo peligroso, aseguran al SFPD que pueden matar, violar, mutilar, [y] hacer daño con impunidad porque Brooke [Jenkins] no va a hacer nada al respecto”, dijo a El Tecolote Cat Brooks, cofundadora del Proyecto Anti Terrorismo Policial con sede en Oakland.
Y mientras los funcionarios públicos aseguran la impunidad, el presupuesto de la policía sube. El verano pasado, San Francisco aumentó su presupuesto en $50 millones (más que todo el presupuesto anual de la Oficina del Defensor Público de la ciudad). Este mes, la alcaldesa London Breed presentó una legislación que aumentaría los salarios iniciales de la policía en un 10.75 por ciento durante tres años, y luego propuso un aumento de $27.6 millones en los presupuestos policiales además de eso para “financiar las horas extra de la policía”. Ambas políticas han sido impulsadas como respuesta a la “escasez de personal”, pero San Francisco tiene más oficiales per cápita que el 76 por ciento de los departamentos de policía de California. El informe que documentó por primera vez la falta de personal se realizó con el SFPD, no de forma independiente, y los investigadores del crimen señalan que «se basa en una serie de suposiciones» y no «muestra cómo un aumento en los oficiales podría traducirse en una mejor seguridad pública», informó The SF Chronicle. Los estudios han demostrado repetidamente que los cambios estructurales, como la vivienda accesible y el acceso a la educación, tienen un impacto mucho mayor en las tasas de criminalidad que la policía.
En términos de seguridad, “debemos asegurarnos de que reconocemos que las personas que corren el mayor riesgo de seguridad son las personas que no tienen puertas para cerrar con llave, [o] camas donde dormir, porque son muy susceptibles y vulnerables a cualquier persona que pase y quiera cometer actos de violencia”, dijo Friedenbach. “La razón por la que tenemos tanta gente sin vivienda es por los altos alquileres. No es más complicado que eso… si [las personas] tuvieran una vivienda que pudieran pagar, no estarían sin hogar”.
En cuanto al uso de drogas, la despenalización y los sitios seguros, han mantenido viva a la gente, no la aplicación de la ley. “No hay evidencia que respalde la afirmación de que se puede reducir el consumo de drogas, o incluso las ventas, si se despliegan policías para atacar el problema”, dijo Calloway a El Tecolote. “Es algo que se ha intentado durante 50 años. Algo que nunca ha funcionado”.
Cuando la alcaldesa Breed finalizó la financiación del Tenderloin Center, un espacio donde las personas podían acceder a servicios de vivienda y consumir drogas con supervisión médica, el promedio mensual de muertes por sobredosis en San Francisco aumentó un 16 por ciento.
Al igual que la criminalización del consumo de drogas, la vigilancia del trabajo sexual lo hace menos seguro, porque empuja a las personas a una economía clandestina menos regulada. En respuesta a los oradores de la manifestación que pedían el “fin de la prostitución”, Lisette Sánchez, una trabajadora sexual entre la multitud, preguntó en español: “¿Por qué no escuchan las voces de la comunidad? El trabajo sexual no tiene nada que ver con [esto]… Soy una trabajadora sexual por elección. Es mi opción. El trabajo sexual no es lo mismo que la trata de personas. Trabajo por elección, es mi decisión”. Si el objetivo es mejorar nuestra comunidad, el gobierno debe brindar a las personas ‘opciones y servicios’, en lugar de «criminalización».
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El año pasado, la alcaldesa Breed declaró el estado de emergencia en el Tenderloin, continuando con la campaña para barrer los campamentos y aumentar las patrullas policiales. Durante las vacaciones, en Union Square los visitantes notaron un aumento visible de oficiales de policía. Como resultado, ambos vecindarios fueron “limpiados”, dijo Hernández. “…Hay personas que solían estar [en Tenderloin y Union Square] que vienen a la Misión. Y no se está haciendo nada. Estamos aterrorizados. Somos un vecindario que se ha convertido en libre para todos”.
También lamentó que la propuesta de tiempo extra del SFPD, que ahora asciende a $25 millones, se destinaría principalmente a los oficiales que operan en la Estación Central “para proteger a los ricos”.
A pesar de las demandas de policía en la Misión, Hernández reconoce que la policía ha matado a personas y ha pedido la creación de un plan de seguridad comunitaria: “Sabemos que el otro extremo es [lo que pasó con] Alex Nieto, Mario Woods”, le dijo a El Tecolote.
En un comunicado de prensa previo a la manifestación del mes pasado, Hernández citó aumentos en la delincuencia, incluidos asesinatos, robos en tiendas y robos de automóviles, como evidencia de la necesidad de apoyo policial y un estado de emergencia. Estos números, sin embargo, no se alinean con los datos del SFPD.
En la Misión, el crimen total aumentó 0.7 por ciento el año pasado, según ese departamento. Pero ese total es 11 por ciento menor que en 2019, el año anterior a la COVID-19 que muchos usan como referencia comparable (en 2020, el crimen en San Francisco disminuyó considerablemente, el resultado probable de una combinación de factores que incluyen cuarentena, moratorias de desalojo y más). Si compara los primeros meses de 2023 con la misma ventana de tiempo el año pasado, el crimen total en la Misión ha disminuido en aproximadamente un 26 por ciento. El crimen no está, como han dicho algunos líderes locales, “en su punto más alto”.
Tampoco los homicidios, que se mantuvieron constantes en la Misión de 2021 a 2022; han sido más bajos en los primeros dos meses de este año que el año pasado; tampoco los asaltos, el robo de vehículos de motor y hurto, todos se reportan más bajos en lo que va del año en comparación con el año pasado.
Tergiversar las estadísticas delictivas para exigir una mayor vigilancia policial no es nuevo ni sorprendente. Lo vimos intensamente el verano pasado, durante la campaña de destitución de Chesa Boudin respaldada por multimillonarios, cuando periódicos como The Washington Post describieron los homicidios en el Tenderloin como fuera de control y aumentaron en porcentajes de dos dígitos, cuando en realidad aumentaron en uno, de un total de 10 a un total de 11. Escuchamos la misma retórica de la ley y el orden en el otoño, cuando la alcaldesa Breed convirtió a los inmigrantes hondureños en chivos expiatorios de una epidemia de sobredosis, y este año, cuando el New York Times publicó un artículo de opinión del multimillonario Michael Moritz sobre «El declive de San Francisco». Lo escuchamos durante la Guerra contra las Drogas, y nuevamente en los años 90 con la ley Three-Strikes de California. Pero el resultado de una mayor vigilancia policial nunca ha sido, y no será, la seguridad colectiva.
En cambio, la expansión de la policía a menudo ha tomado el lugar de políticas que en realidad harían de nuestras comunidades mejores lugares para vivir. Alex Vitale, un destacado estudioso de la policía, escribe que “la criminalización dirigida de poblaciones ya marginadas, elimina la carga del cambio estructural (proporcionando vivienda, salud) de los políticos”. ¿Qué pasaría si no pidiéramos policía, sino vivienda para todos? ¿Sanidad gratuita? ¿Lugares como el centro de Tenderloin? ¿Protección y servicios sociales para las/los trabajadoras/es sexuales, en lugar de su criminalización? ¿Una renta básica universal?
Las respuestas organizadas tanto a la violencia como a las preocupaciones de la comunidad sobre la seguridad son urgentes y necesarias, pero parte de ese trabajo debe ser volver a imaginar cómo es la seguridad pública y expresar nuestras demandas en consecuencia. “Nos entusiasma [pensar] que los policías nos mantendrán a salvo, mientras que al mismo tiempo nos patean el trasero y encarcelan a nuestra gente”, dice Cat Brooks. “Las comunidades seguras son comunidades donde las personas tienen una casa, atención médica, alimentos de calidad, apoyo para la salud mental y los traumas, y una educación de calidad que los refleje, a sus vidas y a la historia de su pueblo”.
Christian Balanzar contribuyó al reportaje de este artículo.