Agrupaciones indígenas y ambientalistas intentan detener la construcción de la que sería la segunda central hidroeléctrica más grande de Brasil. Ubicada en el estado de Pará, en el corazón de la Amazonia, la represa de Belo Monte promete generar más del 10% de la electricidad que necesitará Brasil para 2020.
El pasado 30 de mayo, un enfrentamiento entre indígenas y policías dejó un saldo de un muerto y cuatro heridos. Los indígenas se habían establecido en tierras que reivindicaban como parte de su reserva, por ello la justicia ordenó la desocupación. Desde 2011, intentan frenar la construcción de la represa ocupando los terrenos, realizando cortes de ruta, retrasando las obras y enviando cartas al ex presidente Lula Da Silva, pero no han recibido ninguna respuesta positiva.
Los ribereños y las organizaciones ambientales aseguran que la obra inundará 500 kilómetros cuadrados de bosque y tierras, disecará partes del río Amazonas, reducirá la biodiversidad de la región y generará el desplazamiento forzado de entre 20.000 y 40.000 personas; afectando a las comunidades aledañas al río Xingu, como los kayapó, arara, juruna y parakanã.
Pese a los reclamos, la intención del gobierno brasileño y de la empresa es comenzar a funcionar en aproximadamente dos años.