Las mujeres de todo el mundo que han sido víctimas de violación o acoso sexual en el trabajo se enfrentan a una serie de retos en cuanto a la forma de abordar el asunto.
A menudo existe temor ante las represalias por parte del agresor: además del daño ya provocado, están latentes el miedo a perder el trabajo y el fuerte deseo de evitar llamar aún más la atención.
Imagínense a una mujer indocumentada en esta misma situación: ante la posibilidad de deportación y separación de su familia y, pese a la gravedad del delito del que fue víctima, resulta poco atractivo el querer realizar una denuncia. Mientras tanto, el infractor permanece en libertad, beneficiándose del silencio opresivo del miedo.
El Proyecto La Voz pretende revertir este escenario. Para ello, las organizaciones Equal Rights Advocates (ERA, por sus siglas en inglés), en colaboración con Mujeres de SF contra la Violación (SFWAR, por sus siglas en inglés), Seguridad en el Trabajo (Worksafe) y Caridades Católicas están brindando apoyo y asesoría jurídica a mujeres inmigrantes que han sido acosadas o agredidas sexualmente en el trabajo.
Mediante una serie de capacitaciones, clínicas jurídicas y jornadas de asesoría que se ofrecen en el Edificio de las Mujeres, este proyecto proporciona servicios gratuitos, en inglés y español, a mujeres inmigrantes de bajos ingresos que buscan información y apoyo.
“Tenemos una línea telefónica directa y recibimos un montón de llamadas”, dijo Nicole Márquez, abogada que cuenta con una beca para investigación en ERA. “Pero ciertamente no refleja el verdadero número de incidentes que están sucediendo. Se estima que el 40–90 por ciento de las mujeres experimenta acoso sexual en el trabajo, y sólo el 10–13 por ciento de esas mujeres informa alguna vez de ello.”
ERA ofrece asistencia jurídica a las mujeres marginadas en todo el país, mientras que SFWAR administra los servicios de promoción, asesoría y servicios sociales a víctimas de abuso sexual en el Área de la Bahía. Por su parte, Seguridad en el Trabajo (Worksafe) es una organización del estado que trabaja para eliminar los riesgos en los lugares de trabajo y proteger los derechos de los trabajadores. Mientras que, Caridades Católicas cuenta con un equipo de consultores de inmigración que han servido durante mucho tiempo a la comunidad latina en San Francisco y otros lugares.
“Esta es una alianza natural”, explicó Janelle White, directora ejecutiva de SFWAR, “todos hemos trabajado juntos durante tanto tiempo, pero ahora el objetivo es satisfacer todas las necesidades en un solo lugar. Es una clínica que reúne todo y que tiene como objetivo hacer que esta información y ayuda sea más accesible al público”.
Antes de cada clínica, se llevarán a cabo dos entrenamientos de capacitación, “Conozca sus derechos”, durante agosto, octubre y diciembre .
“Es importante que estas capacitaciones tengan sentido, culturalmente hablando, y que resulten relevantes para la comunidad a la que van dirigidas”, dijo White.
El primer entrenamiento fue el 8 de agosto, y estuvo dirigido por Márquez. Durante la capacitación explicó que: “La gente no sabe que la ley federal protege los derechos de las mujeres indocumentadas. La discriminación en el lugar de trabajo por razón de sexo, embarazo, raza, origen nacional y religión es ilegal … sin importar el estatus migratorio del individuo”.
“La Ley de California de Empleo Justo y Vivienda (FEHA, por sus siglas en inglés) establece, que la discriminación es ilegal en la base de todas las razones anteriores, además de la condición médica, el estado de discapacidad, orientación sexual y estado civil. Esto es especialmente importante dado que hemos visto un aumento en el acoso sexual hacia las personas transgénero y queer, debido a los prejuicios respecto a su orientación”, agregó.
Christine Yang, una mujer que asistió a esa primera jornada de capacitación, dijo: “Me sentí muy cómoda compartiendo mis historias. Han logrado un ambiente muy abierto, donde cualquier persona podría decir cuáles son sus miedos. Es algo muy difícil.”
El segundo entrenamiento se llevará a cabo el 22 de agosto y se enfocará a las denominadas U-Visa, un tipo de visa destinada a las víctimas que han sufrido abuso mental o físico y están dispuestas a ayudar a la policía en la investigación de algún crimen.
Christopher Martínez, director del programa de servicios para refugiados e inmigrantes de Caridades Católicas CYO afirmó:
“Si alguien fue víctima de un crimen y lo denuncia, a pesar de los riesgos personales, está ofreciendo un servicio a la comunidad. La U-Visa tiene que ver con la seguridad para el individuo así como para la comunidad.”
—Traducción Alfonso Aguirre