California aprobó abrumadoramente esta propuesta mediante la cual se restablece el derecho a votar a más de 55 mil personas en libertad condicional, uniéndose así a otros estados con la tendencia creciente a desmantelar la privación de derechos institucionales.
Veronica Hernández, de 29 años, está encantada: en las próximas elecciones, podrá votar por primera vez. Pasó su infancia entrando y saliendo de correccionales juveniles antes de terminar en prisión formal a los 16 años durante una década y media. Ahora, trabaja como administradora de casos con jóvenes en el Distrito de la Misión para asegurar que los miembros de su antigua comunidad eviten cometer los mismos errores que ella. Para ayudar a aprobar la Propuesta 17, Hernández también trabajó con Initiate Justice, un grupo de defensa contra el encarcelamiento masivo.
Al describir su reacción ante la aprobación de la propuesta 17, la voz de Hernández se transformó en euforia. «Era irreal», dijo, riendo. «Cuando usamos nuestra voz y la usamos colectivamente y luchamos juntos, ganamos. Y es increíble. Es increíble».
Hernández, tercera generación mexicana-estadounidense, creció en los barrios de San Francisco, incluyendo la Misión, plagada de violencia de pandillas. «La violencia era normal, ya sabes, porque la veía en la comunidad todos los días», dijo. Terminó en prisión por un crimen violento. Después de haber sido encarcelada a tan temprana edad, dijo que la gravedad de lo que sucedió no la golpeó hasta más tarde, cuando se encontraba tras las rejas: «No sólo estamos cumpliendo nuestra sentencia y tratando de rehabilitarnos, también estamos creciendo allí», dijo Hernández.
En prisión procesó su experiencia con otras que también habían cometido errores cuando muy jóvenes, muchas de los cuales se enfrentaban a penas de cadena más largas, incluso a cadena perpetua. «Muchas dicen lo mismo: ‘Ojalá hubiera podido hacer las cosas de manera diferente’, o ‘Si hubiera sabido lo que sé ahora, no lo habría hecho'», dijo.
Hernández también tuvo la suerte de tener un sistema de apoyo fuera de la prisión, que dijo hizo una gran diferencia. Además de su familia, organizaciones comunitarias como California Coalition for Women Prisoners y la Youth Justice Coalition abogaron por ella a lo largo de su sentencia.
Hoy está haciendo las paces, tratando de retribuir a la comunidad que recuerda haber dañado en el pasado. Trabaja en la organización sin fines de lucro llamada HOMEY (Homies Organizing the Mission to Empower Youth), ayudando a las y los jóvenes de la Misión con tutorías, incluso para realizar la solicitud de ingreso a la universidad.
Mientras que la Propuesta 17 fue aprobada con el 58 por ciento de los votos, entre los márgenes más altos de cualquier otra medida estatal, más de 6 millones de personas votaron en contra de restablecer el derecho de voto a las personas en libertad condicional, lo que, según Hernández, es un paso crítico para reintegrarse a la sociedad.
No poder votar incluso después de completar su sentencia desde hace dos años ha sido desalentador: «No tienes la voz que todos los demás tienen», dijo Hernández. «Eso sólo refuerza un mensaje negativo que ya se ha puesto en muchas comunidades hispanas, especialmente de menores ingresos… que su voz no importa. Y lo hace».
Además de no poder votar, muchas personas ex presidiarias se enfrentan a la discriminación al buscar vivienda y trabajo debido a su historial. Eventualmente, alrededor de la mitad de los liberados son arrestados nuevamente, según un informe del Instituto de Políticas Públicas de California.
Mientras que Hernández cree que las personas liberadas crecen y cambian como todos los demás, el complejo industrial penitenciario es una industria multimillonaria y los intereses creados se benefician de mantener las prisiones llenas. Los defensores de los presos dicen que el sistema penitenciario ha sido una empresa rentable desde la ratificación en 1865 de la Décimo Tercera Enmienda, que abolió la esclavitud excepto como castigo por delito.
Hernández recuerda ganar alrededor de un dólar por hora al trabajar en «condiciones extenuantes», haciendo ropa para ser vendida. Ella notó cómo un paquete de Top Ramen costaba $1.75, y sin otra opción, debían comprarlo.
Durante la manifestación nacional ‘Free the 13th’, a finales de octubre, Ivan Kilgore, un preso que cumplía cadena perpetua en Vacaville, habló vía Zoom desde su celda sobre el contexto histórico del sistema penitenciario y la llamada guerra contra las drogas: «Tiene agendas sociales, económicas y raciales más profundas», dijo Kilgore. Estas campañas sirvieron «esencialmente para privar de derechos a jóvenes negros y latinos».
Hernández dijo que la aprobación de la Propuesta 17 es sólo un paso en la dirección correcta: siempre hay más por hacer. Ella espera que posteriormente se les permita votar también a las personas en prisión, iniciando así su proceso de reinserción temprana, sabiendo que serán miembros valiosos de la sociedad cuando regresen a casa. «Cuando las personas sienten que sus voces importan, y sus preocupaciones son atendidas, es menos probable que vuelvan a comprometerse en actividades delictivas», dijo Hernández.
Pero por ahora, está contenta. Las libertades condicionales para recuperar el derecho al voto fomentarán «el compromiso cívico que hace que nuestra democracia sea más fuerte y que nuestra comunidad sea más segura», dijo. «Promueve la aceptación, promueve el apoyo».