Gobernador Newsom,
He estado redactando esta carta desde las horas previas al amanecer del 3 de octubre, sola, desde una celda de la prisión del condado de Sacramento, decepcionada, exhausta, pero ansiosa de comunicarme con usted. No pude descansar —no entonces, en las horas previas al amanecer, encerrada en una celda mugrienta, portando la ropa interior a rayas naranjas de la cárcel— ni ahora, casi dos meses después, con la justicia tan lejana. Veo con claridad lo que es tan fácil para usted y para nuestro estado: encarcelar y criminalizar a la familia de Sean Monterrosa que se manifiesta en una protesta no violenta, esperando casi seis meses para que se le rinda cuentas por el asesinato de su hermano, hijo, nieto. No han recibido nada.
Imagínese criar a un niño, verlo reír, aprender a hablar, a leer, a reparar cosas, amar, trabajar, cuestionar, convertirse en un joven de 22 años con potencial, con un futuro, con un papel que desempeñar en su familia, en su escuela, en su comunidad. Y luego la tragedia: un oficial de la policía lo juzga como una amenaza. Él, que ha disparado su arma en cuatro ocasiones en los últimos cinco años, dispara desde el asiento trasero de una patrulla en movimiento, cinco disparos a través del parabrisas. Ese oficial pertenece a un departamento con un historial de brutalidad, cuyos elementos usaron sus armas y dieron muerte a 19 personas desde 2010. En esta ciudad del Área de la Bahía, algunos oficiales marcan a manera de ritual sus muertos, doblando las puntas de sus insignias en señal de honor. Los funcionarios de la ciudad enterados de esta espantosa tradición, miraron hacia otro lado. Si este hubiese sido su hijo, ¿qué haría?
Sean Monterrosa estaba desarmado, arrodillado y con las manos levantadas en señal de rendición, cuando el oficial de policía de Vallejo, Jarrett Tonn, le disparó y lo mató con su rifle de asalto semiautomático. El parabrisas era una prueba y el presidente del sindicato de la policía, el teniente Michael Nichelini, se encuentra de licencia pagada por su participación en la destrucción de dicha evidencia. La fiscal de distrito del condado de Solano, Krishna Abrams, se recusó del caso de Monterrosa, mientras que el fiscal general de California, Xavier Becerra, se negó a investigar. Actualmente no hay investigación criminal alguna en curso.
Por su parte, el gobernador Gavin Newsom, ha guardado silencio, incluso después de que las hermanas Sean y otros 15 manifestantes se involucraron en una desobediencia civil ordenada cerca de su casa al cumplirse cuatro meses de la muerte de Sean. Cuando un reportero le preguntó sobre el caso, el gobernador Newsom señaló que le había pedido a su personal “examinar más detalladamente” su caso, y afirmó que “tendremos más que decir con suerte muy pronto”. Al mes siguiente, cuando se le preguntó nuevamente si se reuniría con la familia, el gobernador Newsom dijo: “Estoy abierto a eso. Pero déjeme conocer los hechos sobre la investigación”. Desde entonces, se ha publicado en The New Yorker un informe de investigación detallado, “Cómo una fuerza policial mortal gobernó una ciudad”. Los hechos están disponibles. Es hora de la empatía y la acción.
Nuestro gobernador debería reunirse con la familia Monterrosa, su abuela de 99 años, sus padres inmigrantes y sus inspiradoras hermanas. Debería escucharlos. Guiados por su llamado a la justicia, los líderes de nuestro estado podrían ayudar a lidiar con la inhumanidad que impera en la vigilancia policial en todo el país. A raíz del linchamiento patrocinado por el estado de George Floyd, Sean vio esa inhumanidad. La última comunicación de Sean a sus hermanas, menos de una hora antes de que le dispararan, fueron mensajes de texto pidiéndoles que firmaran una petición exigiendo justicia para Floyd.
Newsom afirma que ve la inhumanidad. Dijo “[debemos] condenar el racismo sistemático” en su discurso del 29 de mayo. Pidió a “todos los que queremos expresarnos” que “lo hagamos con consideración y delicadeza, pero con fuerza”. Las hermanas Monterrosa han cumplido con esta solicitud. Newsom volvió a condenar el legado de injusticia el 30 de septiembre, afirmando: “Recién estamos comenzando en este estado” en términos de esfuerzos para “mejorar la supervisión y la rendición de cuentas” en la aplicación de la ley. A medida que nos acercamos a los seis meses desde que Sean Monterrosa fue asesinado, su familia y un creciente número de simpatizantes en California y más allá, sienten una mayor urgencia por rendir cuentas: iniciar una investigación formal a la policía de Vallejo por el asesinato de Sean.
El 2 de octubre, la familia Monterrosa y sus simpatizantes presentaron al gobernador tres demandas claras y razonables:
- El Fiscal General de California debe nombrar a un fiscal especial para investigar el caso y al Departamento de Policía de Vallejo.
- El oficial Jarrett Tonn debe ser acusado y procesado por el asesinato de Sean Monterrosa.
- Los agentes implicados en el tiroteo y la destrucción de pruebas deben ser procesados penalmente.
El gobernador de nuestro estado ha resuelto que California lidere la nación. Ahora se enfrenta a la oportunidad de estar a la altura de estas ambiciones. Que las palabras que pronuncia tengan significado.
Maggie Harrison, madre de familia y docente en un colegio comunitario de San Francisco. Ella, que junto a Ashley y Michelle Monterrosa y otros 14 manifestantes pacíficos exigieron la rendición de cuentas del oficial de policía de Vallejo que disparó y causó la muerte a Sean Monterrosa, así como de quienes obstruyeron la investigación, fue arrestada el 2 de octubre de 2020.