La intención de esta legislación es ayudar a cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses a solicitar y recibir un estatus de residente legal permanente sin la necesidad de salir del país.
Un millón de inmigrantes indocumentados que, según el gobierno de Obama, reunían los requisitos antes de marzo de 2013 para solicitar la I-601, la versión anterior de la ley, no lo hicieron debido al alto riesgo de la separación familiar.
A finales de 2013, el USCIS había recibido aproximadamente 40.000 solicitudes de I- 601A, de los cuales se aprobaron un 60% Los requisitos son los mismos para ambas versiones de la ley, y sirve a la misma cantidad de personas.
En mi experiencia personal como abogado de inmigración, antes de marzo de 2013 sólo uno de cada diez solicitantes que cumplían los requisitos para solicitar una exención en el extranjero decidieron seguir adelante con el procedimiento.
Bajo la antigua ley, la exención se adjudicaba después de que el solicitante acudía a un consulado de los EEUU en su país de origen donde se concertaba una entrevista para obtener el visado. Los inmigrantes estaban obligados a salir de los EEUU y esperar durante meses, incluso años, en el extranjero hasta que les adjudicaran la exención.
Si ésta se les denegaba, el inmigrante se quedaba ‘colgado’ en su país de origen.
Según la actual modificación de la ley, un inmigrante que entró ilegalmente y está casado con un ciudadano de los EEUU ahora puede demostrar que el cónyuge ciudadano de los EEUU sufrirá dificultades extremas si al cónyuge indocumentado se le niega estatus o se tiene que ir del país como un motivo vinculante para legalizar su condición.
Las dificultades extremas se determinan mediante factores tales como las condiciones en el país de origen del solicitante, el impacto económico que tendría la partida del solicitante, fuertes vínculos con los EEUU, niños en edad escolar, problemas de salud en relación con el ciudadano etc.
Las consecuencias de la ley anterior se describieron con precisión en un artículo publicado por El Tecolote en abril de 2013. Según informó Jocelyn Duffy, Patrick Piazza y Verónica Solís se casaron en San Francisco en el 2007, sabiendo que tarde o temprano se verían obligados a separarse.
Piazza, ciudadano de los EEUU, solicitó un perdón por estancia no autorizada para su esposa. Esto requería que Solís regresara a su país de origen para someterse a entrevistas y esperar la aprobación o rechazo. El rechazo habría supuesto un castigo de 10 años sin poder regresar a los EEUU. Afortunadamente, la solicitud de Solís fue aprobada y se reunió con su esposo en el Área de la Bahía, donde actualmente residen.
El nivel de incertidumbre que el antiguo procedimiento presentaba creó una barrera que muy pocos decidieron cruzar.
En este momento, personalmente reviso de 30 a 40 casos mensuales, y más del 90% de los solicitantes decidieron solicitar la exención mediante el procedimiento I-601A.
Así, si se concede la exención el inmigrante tiene la certeza de poder regresar de forma segura a los EEUU después de una rápida entrevista en un Consulado de EEUU en su país de origen. Si se le deniega la exención, el inmigrante no recibirá un visado de inmigrante a través de la petición del cónyuge ciudadano .
Lo más importante de todo es que el inmigrante no será puesto en proceso de deportación, que no tendrá que viajar al extranjero y que la familia no se separará.
Wilson Purves es abogado de inmigración y asesor legal de Consulado de México en San Francisco.
—Traducción Alfonso Agirre