Mientras el alcalde Daniel Lurie se dispone a presentar la propuesta presupuestaria del próximo año, diversas voces del activismo social han expresado su preocupación de que los recortes drásticos resultan devastadores para las comunidades de bajos ingresos y de clase trabajadora de la ciudad.
El martes 12 de mayo, representantes de docenas de organizaciones no lucrativas, sindicatos y grupos de defensa marcharon en el Ayuntamiento y entregaron más de 1,500 cartas a la oficina del alcalde. Dichas cartas, redactadas durante asambleas ciudadanas organizadas en diversos puntos de la ciudad a lo largo de las últimas semanas, contienen mensajes de residentes que dependen de los servicios sociales financiados por el municipio, los cuales se enfrentan a profundos recortes.
“Estamos en un punto de quiebre en el que las organizaciones cerrarán este año si estos recortes se concretan”, afirmó Anya Worley-Ziegmann, coordinadora de la Coalición por el Presupuesto del Pueblo (People’s Budget Coalition). “He visto en el pasado situaciones de límites innegociables, como por ejemplo: ‘no vamos a recortar este programa’. Y esos límites ya no existen”.
San Francisco se enfrenta a un déficit presupuestario de 634 millones de dólares en los próximos dos años; un déficit que se ha agravado por una serie de recortes a servicios con financiación federal, tales como la atención médica, el acceso a alimentos y la asistencia para la vivienda. En respuesta, el alcalde ha instruido a departamentos municipales realizar recortes significativos a programas y servicios.
Aunque la propuesta presupuestal del alcalde no se hará pública hasta el 1 de junio —y no se aprobará hasta julio—, integrantes de la referida coalición han comenzado a documentar algunos de los recortes previstos que ya se han hecho públicos mediante anuncios, rescisiones de contratos, solicitudes de acceso a registros públicos y la presión de la Junta de Supervisores de Distrito.
Entre los sectores más afectados se encontrarían la salud pública, la vivienda y los programas de desarrollo comunitario. La ciudad también tiene previstos recortes en los programas de reducción de daños, prevención de la falta de vivienda y programas de alcance comunitario que canalizan a las personas hacia recursos de asistencia.
“Quienes primero van a sufrir son las comunidades migrantes”, señaló Laura Valdez, directora ejecutiva de Misión Acción. “Ya están padeciendo las consecuencias de las políticas federales; por eso necesitamos que esta ciudad apruebe un presupuesto que sea verdaderamente justo para la población, para la comunidad de San Francisco y para la clase trabajadora”.
Gabriel Medina, director ejecutivo del Centro de Recursos Comunitarios La Raza (LRCRC, por sus siglas en inglés) —organización que apoya a la población de San Francisco en sus trámites migratorios—, afirmó que los recortes actuales afectan a la entidad sin fines de lucro “más que nunca”. Los programas de esta organización, que brindan asistencia financiera en situaciones de crisis, facilitan el acceso a servicios escolares y de refugio, y ofrecen gestión de casos para servicios de migración, se enfrentan a reducciones presupuestarias, explicó Medina.
“La ciudad debería [respaldar] el tejido que permite que todos estos servicios funcionen de manera conjunta”, afirmó Medina. “Si alguien necesita vivienda, por lo general también necesita otros servicios. Usualmente requiere asistencia laboral; usualmente necesita otras cosas”.
Megan Wayland Escobar, directora interina de la Coalición de Trabajadoras Domésticas de California (CDWC, también por sus siglas en inglés), señaló que los recortes propuestos eliminarían por completo su programa, el cual brinda apoyo a personas trabajadoras domésticas, muchas de ellas, migrantes, para que hagan valer sus derechos laborales.
“Estamos hablando de personas trabajadoras que son extremadamente vulnerables a la explotación, especialmente en este momento político”, afirmó Wayland. “Por lo tanto, debemos alzar la voz. Debemos destinar nuestros recursos allí donde residen nuestros valores como ciudad”.
En declaraciones a la prensa realizadas a primera hora del martes, Lurie señaló que la ciudad mantendría su enfoque en la prestación de “servicios esenciales”, advirtiendo que, de no haber recortes, el déficit municipal podría ascender a mil millones de dólares en un plazo de cuatro años.
“Tenemos que tomar decisiones dolorosas”, declaró Lurie. “No es algo que me complazca, pero deseo dotar a nuestra ciudad de una base financiera sólida. Quiero pensar en el futuro a largo plazo de la ciudad. Estamos viendo cómo se reactiva nuestra recuperación; no obstante, es frágil. Y quiero que comprendan esa realidad. Además, estamos a expensas de los fondos federales y estatales, y no prevemos recibir un gran apoyo”.
Mientras tanto, la coalición señala la Propuesta D —también conocida como ‘Impuesto a Ejecutivos con Sueldos Excesivos’— como una forma de compensar el déficit presupuestal de la ciudad. Esta medida, que figurará en la boleta electoral del 2 de junio, aumentaría los impuestos a aquellas corporaciones que generen más de 5 millones de dólares en ingresos anuales dentro de la ciudad, siempre que la persona a cargo de la dirección ejecutiva gane al menos cien veces más que la persona con el salario mediano de la empresa.
“Podemos realizar recortes o podemos aumentar los ingresos”, afirmó Worley-Ziegmann. “Preferiríamos acudir primero a las y los votantes antes de llevar a cabo todos estos recortes, que resultarían verdaderamente perjudiciales”.
Lurie, sin embargo, ha expresado su oposición a dicha propuesta argumentando que afectaría la recuperación económica de la ciudad y ahuyentaría a las empresas.
En contraste, defensores replican que los recortes podrían agravar una realidad que ya resulta económicamente inestable para muchas comunidades de clase trabajadora y migrantes.
“Observamos el precio de la gasolina, las elevadas tarifas del BART y de los autobuses, el precio de los alimentos, y me preocupa que muchas de nuestras familias pierdan sus hogares”, afirmó Valdez. “Y no se trata sólo del impacto en los beneficios, los servicios sociales (y la salud pública); vamos a perder empleos. El sector sin fines de lucro emplea a muchísimas personas en nuestras comunidades”.