La Junta de Supervisores de San Francisco aprobó una ley el 21 de octubre que establece reglas básicas en una práctica controversial conocida como adquisiciones, en la que los propietarios ofrecen dinero a inquilinos para desocupar sus unidades. Propuesta por el Supervisor David Campos del Distrito 9, dicha ley es un paso hacia la protección de los inquilinos más vulnerables de San Francisco.
“Ninguna de las limitaciones que se aplica a un desalojo oficial se aplica actualmente a una compra”, dijo Campos. “Esta ley va a regular las adquisiciones para que haya igualdad de condiciones”.
Según Campos, los propietarios utilizan las adquisiciones como un ‘vacío legal’ para eludir nuevas y más estrictas regulaciones de la Ley Ellis. Debido a que la ley actual de la ciudad no aborda adquisiciones, los propietarios pueden decir a los inquilinos que una compra es la única opción para evitar un desalojo cuando, en realidad, las adquisiciones son totalmente voluntarias.
“A menudo, ellos no saben que las ofertas son voluntarias”, dijo María Zamudio, cuya organización Causa Justa sirve a muchos clientes hispanohablantes que son víctimas de los adquisiciones. “Así que vienen a nuestra oficina y piensan que están siendo servido un aviso de desalojo”.
Causa Justa y otras organizaciones están ayudando a clientes que dicen que los propietarios están usando la intimidación y el acoso para presionar las adquisiciones. Sin conocer sus derechos y por temor a no tener más opciones, los inquilinos están de acuerdo con los adquisiciones por tan poco como $1,000, en un lugar donde el precio de renta ha subido considerablemente.
La ley de Campos regula la negociación de las adquisiciones y ayuda a asegurar que los inquilinos tengan toda la información necesaria para tomar una decisión.
La ley que fue aprobada por un voto de 7-4 en la reunión del martes, requerirá a los propietarios a proporcionar a los inquilinos una declaración por escrito de sus derechos que incluyen la concesión de un período de gracia de 45 días para optar por un acuerdo de compra, así como una lista de las organizaciones que los locatarios pueden consultar durante las negociaciones. Esta declaración de los derechos será elaborada en un ‘acuerdo de compra’ formal que deben firmar los propietarios y el archivo de la Junta de Rentas de San Francisco.
“Si siguen la ley apropiadamente, usted recibirá una gran cantidad de información que de otra manera no tendría”, dijo Campos. “Usted va a saber cuáles son sus derechos completos, y lo que su apalancamiento es”.
La ley también ofrece protección legal a los inquilinos que entren en negociaciones de adquisición. Por primera vez, los inquilinos podrán tomar acción civil contra los propietarios que violen los términos del acuerdo de la adquisición.
“Éste es territorio nuevo”, dijo Campos, cuyo distrito incluye la Misión, uno de los barrios más afectados por los cambios demográficos de la ciudad. “Cualquier cosa sobre los adquisiciones estaría sujeta a los honorarios de un abogado. Esta ley permite que el propietario tenga incentivos financieros para no romper las reglas”.
Además de estas protecciones, la ley de Campos aclarará el número de inquilinos que enfrentan adquisiciones. Organizaciones como Causa Justa y la Coalición de Derechos de Vivienda dicen que cada día ven nuevos clientes de adquisiciones y estiman que el número de éstas puede llegar a más de cien. Pero hasta ahora, no se sabe exactamente cuántas personas están tomando los adquisiciones en San Francisco.
Recordando a Ted Gullicksen
El desplazamiento provocado por las adquisiciones fue uno de los últimos grandes problemas que atendió Gullicksen. La legislación sobre las adquisiciones, señaló Campos, era “una idea original” de Gullicksen. “Durante el último par de décadas, no podías hablar de los inquilinos en San Francisco sin tener en cuenta lo que era Ted Gullicksen: la figura más importante del movimiento de los derechos de los inquilinos desde hace mucho tiempo”, dijo el supervisor. |
“Sabemos que una gran cantidad de personas que aceptan las adquisiciones no lo reportan y nunca obtienen consejo aquí”, dijo Andrew Szeto, un asesor voluntario en la Unión de Inquilinos de San Francisco. “La legislación Campos institucionalizará la recogida de datos para saber en dónde están sucediendo”.
Por ley, la Junta de Rentas de la ciudad recopilará los acuerdos de adquisiciones en una base de datos en Internet y, al hacerlo, presentará un alcance más preciso. A partir de ahí, los legisladores y los grupos de derechos de los inquilinos tendrán una mejor idea de cómo corregir los problemas de desplazamiento ocasionados por estas adquisiciones.
“Al exigir que los propietarios presenten la documentación con la Junta de Rentas, estaremos recogiendo los datos duros”, dijo Campos. “No vamos a saber cuál es la respuesta apropiada mientras no sepamos la magnitud del desplazamiento”.
— Traducción Alexis Terrazas