Durante el homenaje celebrado el 28 de mayo en San Francisco a la memoria de un hombre de 74 años que murió estando bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), miembros de la comunidad del Área de la Bahía y líderes religiosos se manifestaron en contra de las condiciones inseguras que enfrentan los inmigrantes en las instalaciones de esa agencia.
Choung Woon Ahn, un anciano médicamente vulnerable, falleció en el Centro de Detención de Mesa Verde el 17 de mayo. Mesa Verde es un centro privado operado por la corporación The GEO Group (GEO), que administra prisiones y otros centros de detención alrededor del mundo.
La muerte de Ahn, así como la de Carlos Escobar Mejía, de 57 años, a principios de mayo, provocó protestas de los defensores de inmigrantes y los propios presos de ICE. Mejía murió víctima de la COVID-19 en el centro de detención de Otay Mesa, también operado por aquella corporación.
Aunque Ahn cumplió su condena en una prisión estatal y obtuvo su liberación, continuó detenido en Mesa Verde desde febrero pues ICE le había negado repetidamente su liberación. La causa preliminar de su muerte fue suicidio, sin embargo, el caso aún está bajo investigación.
“ICE mantuvo encerrado innecesariamente al señor Ahn, y el grupo GEO, la compañía contratada para administrar la instalación, dio prioridad a las ganancias sobre la atención médica básica”, dijo Priya Patel del Centro Legal de la Raza durante el memorial para Ahn frente a la sede de ICE en San Francisco.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y otros expertos médicos recomiendan distanciamiento físico para prevenir la propagación de la enfermedad, que se cree que es altamente infecciosa. Sin embargo, tal distanciamiento es casi imposible en muchos centros de detención y cárceles del país.
De 2,016 casos confirmados, ICE ha reportado dos muertes por la COVID-19: Mejía y Santiago Baten-Oxlag, de 34 años, en una instalación de Georgia. Dicha agencia liberó a cientos de detenidos a fines de mayo cumpliendo con una orden judicial, pero informó tener aún 929 casos activos de esta enfermedad en sus instalaciones para el 14 de junio, afirmando haber examinado sólo alrededor del 20 por ciento del total de 25 mil internos en el país.
Los CDC también dicen que los adultos mayores y las personas con afecciones médicas subyacentes graves “podrían estar en mayor riesgo de enfermar gravemente del COVID-19”. Ahn sufría de diabetes, hipertensión y afecciones cardíacas y respiratorias, todo lo cual puede haberlo puesto en mayor riesgo mientras estuvo confinado.
“Los entornos de detención se caracterizan por sus hacinamientos, condiciones insalubres y la rápida propagación de la enfermedad. ICE debe rendir cuentas por esa muerte prematura”, dijo la Reverenda Allison Tanner de Lakeshore Ave. Baptist Church durante el memorial. “La muerte [de Ahn] fue trágica y completamente innecesaria”.
Defensores comunitarios enviaron una carta al gobernador Gavin Newsom y al fiscal general Xavier Becerra, pidiendo una investigación independiente sobre la muerte de Ahn: “No necesitamos que la agencia que creó las circunstancias de esta muerte realice una investigación. La realidad es clara para todos: ICE está actuando como juez, jurado y verdugo en estos casos”, decía la carta.
En la acera de la sede de esa agencia, solo un ramo de flores descansaba sobre un ataúd de madera contrachapada mientras los miembros de la comunidad hablaban y los líderes religiosos realizaban ritos conmemorativos para Ahn. Los asistentes sostuvieron carteles con corazones que rodeaban los nombres de sus familiares retenidos por ICE, pidiendo su liberación urgente.
Según la Red de Vigilancia de Detención (DWN, también, por sus siglas en inglés), los detenidos en varias instalaciones de ICE han realizado más de 20 huelgas de hambre desde marzo, en protesta por su encarcelamiento durante la pandemia. Otros detenidos dejaron de trabajar en protesta o filmaron videos desde el interior para describir las condiciones que enfrentan.
“Siendo uno de los pocos que estaba exento de la huelga de hambre, el señor Ahn quería participar y se negó a ir al chow’”, recordó Charles Robert Joseph, un ex detenido, amigo de Ahn en Mesa Verde.
El día del servicio luctuoso para Ahn, el DWN celebró un Día Nacional de Acción en solidaridad con los detenidos en huelga de hambre. Los activistas organizaron caravanas de automóviles, mítines vía internet y una campaña en las redes sociales como parte del movimiento Free Them All, presionando por la liberación de inmigrantes de todas las instalaciones de ICE durante la COVID-19.
“Ya hemos presenciado las cifras de muerte de este virus en los centros de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con tres muertes reportadas y miles de infecciones confirmadas desde marzo”, dijo la Guía de Acción de DWN.
Según su sitio web, los empleados de ICE “tienen acceso a la guía más actualizada de los CDC y del [Departamento de Salud y Seguridad]”, y su unidad de Seguridad y Salud Ocupacional “brinda orientación regularmente”. Sin embargo, las cuentas de los detenidos indican que esta guía no siempre se tiene en cuenta.
La reverenda Deborah Lee, directora ejecutiva del Movimiento Interreligioso para la Integridad Humana, dijo que la negativa de dicha agencia para liberar a Ahn fue “aborrecible en un momento en que los compinches del presidente como Paul Manafort y Michael Cohen están siendo liberados. Hay miles más cuyas vidas están en riesgo. Oramos por una acción rápida y generosa”.
“El estado de California comparte la responsabilidad”, continuó Patel. “Continúan descuidando su autoridad para investigar y responsabilizar a los operadores privados de los centros de detención por lo que está ocurriendo en estas cárceles. Mientras lloramos la muerte del señor Ahn, exigimos que esto nunca vuelva a suceder”.