En su primer día de mandato, el presidente Biden firmó varias órdenes ejecutivas y propuso un amplio proyecto de ley de inmigración en un intento por deshacer las duras políticas migratorias aplicadas durante la administración Trump.
Al montar su campaña en la promesa de una reforma migratoria, mantener a las familias unidas y proteger programas como DACA y TPS, la administración de Biden se ha comprometido a crear más caminos hacia la ciudadanía para más de 11 millones de personas indocumentadas en los EEUU. Sin embargo, esas promesas anteceden a la administración Obama-Biden de 2008 a 2016, cuando el entonces presidente autorizó la creación de centros de detención perjudiciales y la deportación de más migrantes indocumentados que en tiempos de Trump.
Las imágenes de niños centroamericanos encerrados en jaulas en la frontera entre los EEUU y México tanto durante el gobierno de Obama como de Trump enfurecieron a los defensores de la justicia migratoria, que pidieron el fin de la separación de familias y el avance hacia una reforma migratoria.
Para hacer frente a estas injusticias de los derechos humanos y establecer un nuevo plan a futuro, la administración Biden emitió una suspensión de 100 días en la mayoría de las deportaciones con el fin de reorientar las prioridades de la Seguridad Nacional. Con esto en mente, sus promesas para la reforma migratoria no sólo deben resarcir el daño provocado por Trump, sino por Obama, asumiendo la responsabilidad por las atroces violaciones a los derechos humanos infligidas a la comunidad de migrantes e indocumentados.
Una de las docenas de órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Biden incluía una proclamación para cesar la financiación del polémico muro fronterizo, y al proyecto avanzado por Trump. Cumpliendo esa promesa, Biden calificó al muro y las políticas migratorias de la era Trump de ‘draconianas’ en una llamada telefónica hecha entre la Casa Blanca y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Biden también firmó órdenes para revocar las estrictas políticas de inmigración que obligaban a los solicitantes de asilo que buscaban unirse a los programas de protección de migrantes a permanecer en México y no en los EEUU; puso fin a la prohibición de viajar que afectaba fuertemente a los países musulmanes; restableció las protecciones de deportación para los inmigrantes liberianos; fortaleció DACA para permitir nuevos solicitantes, así como para proteger el programa y ordenó que las personas indocumentadas fueran incluidas en el Censo. Estas órdenes y memorandos se pusieron en marcha para aportar seguridad temporal a los que fueron atacados por la administración Trump, con protecciones más permanentes.
Aparte de las órdenes ejecutivas centradas en la inmigración, Biden también revocó la financiación del oleoducto Keystone XL en proceso de construcción bajo vías fluviales indígenas sagradas; se reincorporó a los Acuerdos Climáticos de París para comprometerse a reducir el cambio climático; así como a la Organización Mundial de la Salud; amplió las moratorias sobre desahucios y ejecuciones hipotecarias; extendió la pausa en los pagos de préstamos estudiantiles y aplicó más medidas preventivas para frenar la propagación del COVID-19.
Cabe destacar que Biden también firmó una orden ejecutiva que prohíbe la discriminación basada en la identidad de género o la orientación sexual, ampliando las protecciones para el colectivo LGBTQ+.
Estas órdenes ejecutivas son sólo una parte del trabajo de la nueva administración presidencial en materia de política de inmigración y en otros rubros importantes. El presidente ha propuesto la Ley de Ciudadanía de Estados Unidos de 2021, un proyecto de ley de inmigración que incluye una vía de ocho años hacia la ciudadanía para los más de 11 millones de personas indocumentadas que se encuentran actualmente en este país, con una vía acelerada para los beneficiarios de DACA y los que se encuentran bajo estatus de protección temporal (TPS).
Una vía de ocho años que incluiría un proceso de cinco años para obtener un estatus legal temporal o una tarjeta verde y tres para obtener la ciudadanía para quienes cumplan ciertos requisitos. La ley también reforzará las protecciones laborales de los trabajadores inmigrantes, garantizando la no vulneración a sus derechos laborales ni salariales. El proyecto de ley de inmigración propuesto también asignaría 4 mil millones de dólares para hacer frente a los crecientes niveles de migración de los países centroamericanos y para proporcionar canales seguros y legales de migración hacia los EEUU.
Esto contrasta radicalmente con la retórica racista utilizada por la administración Trump al hablar de las caravanas de migrantes centroamericanos, ofreciendo financiación y recursos a los que buscan asilo en este país.
En cuanto al aumento de la seguridad fronteriza, la Ley de Ciudadanía de los EEUU de 2021 pide que se completen la tecnología y la infraestructura de los actuales puestos de la patrulla fronteriza, aunque es notablemente menos agresiva en términos de militarización de la frontera que los proyectos de ley de inmigración demócratas pasadas. El proyecto ya se ha enviado pasado al Congreso, pero se espera que se realicen cambios a medida que los congresistas conservadores expresen su desacuerdo.
Mientras se ponen en marcha muchas de estas medidas aparentemente progresistas, existe una gran incertidumbre sobre lo que los próximos cuatro años traerán para los inmigrantes indocumentados. Si bien la administración Biden está tomando medidas para crear un sistema de inmigración justo, seguro y equitativo, hay muchos más problemas que deben abordarse para crear un camino claro hacia la ciudadanía para todos.
Los últimos cuatro años del asalto de las administraciones de Trump a la política y los programas de inmigración han dejado a muchos en la incertidumbre de su estatus migratorio, por lo tanto, se espera que la nueva administración aparezca con una reforma migratoria integral y consistente.