Horas después del cierre de las urnas el 4 de noviembre, California registró una participación electoral del 34.8% inferior al número de población elegible para votar (VEP, por sus siglas en inglés). A la ciudad de San Francisco, que tenía medidas claves de votación relacionadas con temas como el salario mínimo, la infraestructura de transporte y la crisis de vivienda, no le fue mejor, ya que sólo 39.48% de los votantes registrados acudió ante las urnas. Los resultados están y, aun cuando es demasiado pronto para saber cómo van a cambiar el panorama, se presenta, a continuación, un breve resumen de algunas medidas que impactarán a la comunidad latina.
Quizás en el más alto perfil de San Francisco referente a proposiciones en la boleta de este año, estuvo la Proposición G o “Impuestos de Propiedad Re-venta” la cual fue derogada. Redactada por los defensores de vivienda asequible en un intento por detener la epidemia de la ciudad de los desalojos a manos de especuladores, la medida habría gravado fuertemente la venta de edificios de unidades múltiples que se vendieron dentro de los cinco años de haber sido adquiridos. Ahora que ha sido rechazada por los votantes, San Francisco podría esperar que el alza del mercado de rentas y la crisis posterior al desalojo continúen.
Del lado positivo, San Francisco aprobó con abrumadora mayoría la Proposición J, que contempla un aumento al salario mínimo de forma incremental durante los próximos dos años para aquellos que perciban salarios más bajos hasta llegar a $15 por hora en 2018. Los votantes también aprobaron la Propuesta K, una resolución no vinculante para aumentar el recurso destinado a programas de vivienda asequible con el objetivo de crear 30 mil unidades asequibles para el 2020.
La Proposición C pasó, la cual extiende un “Fondo de los Niños” existente durante los próximos 25 años, creando un consejo que establezca y revise los planes para mejora de las condiciones de niños y familias que trabajan en San Francisco.
A nivel estatal, los votantes aprobaron la Proposición 1, frente a una fianza de agua que se ha convertido en la peor sequía de la historia. La medida autoriza a $7.15 mil millones en bonos de obligación general para mejoras de infraestructura, incluso la gestión de la oferta, la superficie y almacenamiento del suelo, protección del agua potable y tratamiento de aguas. Esto tendrá un efecto especialmente pronunciado en las comunidades de los valles centrales, que son en gran parte de origen latino.
Los californianos votaron para bloquear la Proposición 45, referente al Aviso Público Obligatorio para la Compañía de Seguros Iniciativa de Cambio. Dicha proposición hubiera dado al comisionado de seguros del estado alguna supervisión de la capacidad de las compañías de seguros para aumentar las tasas y negar la elegibilidad sobre la base de crédito pobre o falta de cobertura anterior. Su derrota significa que las compañías de seguros pueden excluir a familias de clase trabajadora o negarles el servicio.
Otra medida polémica y aprobada fue la iniciativa de reducir penas para algunos delitos: la reclasificación de ciertos delitos “no graves, no violentos” como delitos menores. California gasta aproximadamente $9 mil millones al año en su sistema penitenciario, y ayudando a aliviar su población reclusa, esta medida ahorrará al estado cientos de millones de dólares. La medida también crea “Vecindarios y Escuelas Seguros” un fondo con el dinero ahorrado, que ayudará a financiar programas para abordar el abuso de drogas y el tratamiento de la salud mental.
Distrito 17 de la Asamblea Estatal
En su intento por ganar la sede de la Asamblea Estatal del Distrito 17, el Supervisor David Campos estaba perdiendo ante su rival político y compañero supervisor David Chiu, por 3,049 votos (51.65% contra 48.35%) a partir del cierre de esta edición. Campos, nacido en Guatemala es uno de los dos únicos LGBT Supervisores de San Francisco, y ha sido supervisor del Distrito 9, que incluye la mayor parte del Distrito de la Misión, desde el 2008.
Nuevos jueces latinos confirmados
Los votantes de California también aprobaron el primer juez latino inmigrante de la Corte Suprema Estatal, el profesor de leyes Mariano Florentino Cuellar, de la Universidad de Stanford. Cuellar, de 41 años, obtuvo el 82.87%. Nacido en Matamoros, México y criado en Texas antes de ser educado en Calexico, California, reemplazará tras su retiro al juez Marvin Baxter. Cuéllar fue nominado por el gobernador Jerry Brown y su candidatura fue confirmada a finales de agosto por la Comisión de Nombramientos Judiciales.
Los votantes también aprobaron por 81.75% a Goodwin Liu como Juez Asociado, otro que fue nominado por el gobernador Brown.
Daniel Flores, un abogado de San Francisco, también ganó un asiento en la Corte Superior de California por un 58.98 por ciento.
—Traducción Alfonso Texidor