Desde el primer momento que anunció su candidatura, el actual presidente ha satanizado a los inmigrantes —particularmente aquellos provenientes de Latinoamérica y el Medio Oriente.
Toda esperanza de que la retórica del entonces candidato Trump fuera una estrategia de campaña se esfumó cuando en su segunda semana al cargo giró una orden ejecutiva de veto temporal contra refugiados e inmigrantes provenientes de sietes países mayoritariamente musulmanes.
Como parte de una ola órdenes que el presidente firmó a finales de enero, el ‘Veto Musulmán’ (que ha sido bloqueado por los tribunales) recibió la mayor parte de la atención de la prensa, pero otra orden, quizás más reveladora, fue la guerra del nuevo gobierno contra los inmigrantes.
En esta orden, el presidente solicitó la creación del nuevo programa de Inmigración y Aduanas (ICE) llamado “Víctimas de Inmigración” (VOICE, por sus siglas en inglés). Éste supuestamente ayudaría a las familias de los afectados por crímenes cometidos por “inmigrantes” (los calificativos “indocumentados”, “no autorizados” e “ilegal” no figuran en la orden).
El verdadero propósito de VOICE es lanzar una lista semanal de crímenes cometidos por inmigrantes (de nuevo no hay distinción entre documentados e indocumentados).
El 20 de marzo, el Departamento de Seguridad Nacional publicó la primera lista de los “detenciones” de ICE que fueron “rechazados”, es decir, incidentes en los que la policía local se negó a cooperar con los agentes de ICE.
Al igual que el presidente, dicho informe no cumple con su promesa básica. El documento —que se divide en cuatro secciones que compilan tales detenciones del 28 de enero hasta el 3 de febrero— es vago, engañoso, elaborado con presura e incompleto.
No sorprende que la abrumadora mayoría de las 206 detenciones enumeradas hayan sido de inmigrantes latinoamericanos (hubo cinco detenciones de inmigrantes de Camboya, Vietnam, India, Jamaica y Tonga).
En la lista se incluye la presunta actividad delictiva del inmigrante, la ubicación, su país de origen y las fechas en que se emitieron y se rechazaron sus detenciones. También se incluyen las jurisdicciones que han “promulgado políticas que limitan la cooperación con ICE” (la más antigua data de 1997), pero el informe inexplicablemente no menciona ninguna jurisdicción en California.
En letra pequeña, encima del listado se lee “un extranjero puede haber estado sujeto a detenciones en múltiples jurisdicciones durante el período de tiempo reportado”, reconociendo que una persona pudo haber sido contabilizada varias veces.
Pero lo realmente indigna es cómo este documento intenta distorsionar los datos con la forma en que presenta los crímenes de inmigrantes o “actividades criminales notables”. Sólo 90 (44 por ciento) de los detenidos fueron realmente condenados por el delito enumerado. Los demás fueron acusados por otros crímenes.
Este tipo de artimaña es un sello distintivo de la estrategia legal de la actual administración contra inmigrantes. Y la forma en que el informe combina a los inmigrantes acusados de crímenes con los que realmente fueron condenados, viola una piedra angular de nuestro sistema judicial: la presunción de inocencia.
Estos informes semanales no son realmente sobre la justicia, sino sobre infundir el temor de los inmigrantes entre la población en general para hacerle creer que los inmigrantes cometen delitos a un ritmo mucho mayor. En realidad, múltiples estudios han demostrado que los inmigrantes son significativamente menos propensos a cometer crímenes que los ciudadanos nativos.
VOICE es, en última instancia, un medio de intimidación para los inmigrantes. La actual administración sabe muy bien que no podría deportar ni siquiera cerca de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en este país, pero sí puede generar un clima lo suficientemente hostil, para que tal vez se vayan por su cuenta.
Es crucial resistir este tipo de intimidación. La mayoría de los estadounidenses apoyan un camino hacia la ciudadanía, y llegará con el tiempo, aunque la administración del Trump lo acepte o no.