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Kate Steinle era una joven en la plenitud de su vida cuando Juan Francisco López -Sánchez le disparó en el muelle 14 la semana pasada. Su trágica muerte provocó una tormenta de controversia sobre el tema de los inmigrantes ilegales y la política santuario que tiene San Francisco. Los medios de comunicación están sacando provecho de este incidente. Su argumento, que la inmigración ilegal y la política de asilo condujeron a la muerte de Steinle. Demagogos políticos como Donald Trump, cuya perorata racista contra los inmigrantes mexicanos llenó los encabezados un par de semanas atrás, está utilizando este asesinato para argumentar que los inmigrantes mexicanos son criminales. Incluso Dianne Feinstein, que abogó por la política santuario de San Francisco ahora se ve distanciada del tema.
El crimen de Juan Francisco López-Sánchez es una aberración. Pero no por ello se debe tipificar a los 18,000 inmigrantes mexicanos indocumentados entre los 809,000 residentes de San Francisco que están aquí en busca de trabajo y de una vida mejor. De hecho, más del 90 por ciento de los inmigrantes indocumentados en los EEUU representan la fuerza laboral. La mayoría de los economistas están de acuerdo en que los inmigrantes, incluyendo los ilegales, mejoran la economía del país. El 70 por ciento de los californianos están de acuerdo en que los inmigrantes indocumentados que han vivido y trabajado en los EEUU por lo menos dos años deben recibir la oportunidad de mantener sus puestos de trabajo y, finalmente, solicitar el estatus legal. Los inmigrantes mexicanos indocumentados son trabajadores, personas que respetan la ley. No vamos a pintarlos con el mismo pincel que a López-Sánchez.
Los medios de comunicación ignoran por completo que este país tiene la mayor tasa de posesión de armas entre los países desarrollados y que la causa de muerte de Kate deriva del fácil acceso a estas armas en nuestra sociedad. Esa línea de razonamiento es demasiado compleja para el periodismo, el cual toma los titulares, simplifica los temas y puntos en soluciones simples hasta perderse por completo su marca. De hecho, el asesino de nueve personas en la Iglesia Episcopal Metodista Africana Emanuel en Charleston a mediados de junio portaba una chaqueta con la bandera confederada en su página web. Utilizó un arma legalmente adquirida. La bandera se convirtió en el blanco de atención de los medios y en símbolo de odio y racismo. Carolina del Sur ayer eliminó la bandera de la capital. La bandera se ha ido, pero las armas siguen presentes en aquel territorio y en la nación. Estemos preparados para la próxima muerte.
Armando Valdez
Los Altos