El pasado julio, la Prisión Estatal de San Quintín sufrió uno de los brotes de coronavirus más graves del país, que causó la muerte de 28 presos y un empleado. En enero, el Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California (CDCR, por sus siglas en inglés) comenzó a distribuir vacunas entre los internos, muchos de los cuales además de estar todavía traumatizados por el brote, sufren por el encierro prolongado de un año y desconfían del tratamiento médico que brinda el estado.
Bajo estas circunstancias, los reclusos, uniformados de azul, se enfrentan a la disyuntiva entre su postura sobre las vacunas y lo que significa para el futuro de la prisión estatal de San Quintín tras “el peor desastre epidemiológico de la historia de los centros penitenciarios de California”, como consideró un tribunal de apelación estatal. En una encuesta realizada por mí, periodista encarcelado, y mi colega reportero, también recluso, Kevin Deroi Sawyer, se encuestó a 209 de los aproximadamente 1,500 presos de la población general alojados en las secciones norte y oeste de San Quintín.
178 presos respondieron entre el 25 de enero y el 15 de febrero, y expresaron su sentir respecto a su disposición para recibir la vacuna y volver a los programas de rehabilitación, educativos y laborales; una duda que persiste mientras la gente afuera sigue sin vacunarse; y la desconfianza al servicio de atención médica de la prisión.
Entre estas opiniones, hay una preocupación generalizada al interior: que la prisa por vacunar a los presos es también una forma de eludir la reducción del número de reclusos en una prisión que lleva mucho tiempo sobrepoblada. El otoño pasado, un juez dictaminó que el CDCR debía liberar o trasladar a la mitad de la población de San Quintín, una orden que desde entonces ha sido postergada.
El departamento penitenciario dio prioridad a los “pacientes sin COVID que tienen el mayor riesgo de sufrir graves consecuencias por el COVID-19”, según un boletín informativo del 29 de enero elaborado por los funcionarios de la prisión, mismo que continuaba diciendo que los funcionarios de la prisión están “trabajando con el Departamento de Salud Pública de California para determinar a quién se le puede ofrecer la vacuna”.
“COVID-naive” se refiere a las personas de San Quintín que nunca dieron positivo al virus que infectó al menos a dos tercios de la población (los CDC —Centros para el Control y Prevención de Enfermedades— recomiendan que las personas que se han recuperado del COVID-19 reciban la vacuna). John Gillies y Harry Goodall, de 57 y 45 años, respectivamente, ambos considerados dentro de esta categoría, recibieron la primera dosis. Goodall dijo haberse sometido a 22 pruebas de coronavirus, “desde julio”, y todas han resultado negativas.
“Una persona con pensamiento racional deduciría su interés por la salud y la seguridad para vacunarse”, dijo Goodall, quien ha estado encarcelado durante 22 años. “Es imposible el distanciamiento social dentro de la prisión estatal de San Quintín”. Gillies, que lleva 13 años encarcelado, dijo que “no sé cómo he permanecido libre de COVID… Hice el mismo programa que todos los demás”.
La sección norte (414 celdas) y la sección oeste (449 celdas) son edificios cerrados y sin ventilación. Las ventanas están soldadas y cada edificio tiene cinco niveles de celdas sin ventanas, que miden aproximadamente 1.21 metros de ancho por 3 metros de largo, es decir, más pequeñas que un cajón de estacionamiento promedio. Se asignan dos reclusos por celda. Desde marzo de 2020, la mayoría de los presos han estado encerrados en sus celdas por más de 23 horas al día.
El 74% de los encuestados dijo estar dispuestos a vacunarse, y once de los encuestados menores de 65 años dijeron que ya habían recibido al menos la primera dosis. James Benson, con 65 años de edad y 23 años en prisión, se puso la primera dosis: “Me la puse porque me preocupa mi bienestar y el de los que me rodean. Basándome en el hecho de que el CDCR ha mostrado una ‘indiferencia deliberada’ sobre mi bienestar, me contagié del coronavirus”.
Benson se refirió a la orden del tribunal de apelación del estado de reducir a la mitad la población de San Quintín después de que se determinara que la administración había mostrado una “indiferencia deliberada” en el traslado amañado de internos desde una prisión con brotes infecciosos ya registrados. Desde entonces, los internos han estado en el limbo en cuanto a la forma en que el CDCR debe apegarse al cumplimiento de las sentencias judiciales. El caso está actualmente en el aire en el Tribunal Supremo de California.
Un artículo reciente del New England Journal of Medicine titulado ‘Vacunación y desencierro —Detener el contagio en las prisiones’ afirmaba que “varios factores sugieren que la vacunación por sí sola no será suficiente para detener los brotes carcelarios”. El artículo señala cómo el importante flujo de personas que entran y salen de las prisiones crea un riesgo continuo de contraer el virus.
“Deberíamos prever altos índices de indecisión entre el personal y, especialmente, entre las personas encarceladas, a las que se les ha ofrecido poco o ningún material educativo sobre las vacunas contra el COVID-19 y que tienen abundantes razones para desconfiar, dadas las prolongadas violaciones de los derechos humanos básicos y los historiales de abusos en los centros penitenciarios en los EEUU”, señalaba el artículo.
Esa desconfianza es evidente dentro de San Quintín: “Me preocupa confiar en San Quintín, dado lo que ha sucedido aquí”, dijo Miguel Sifuentes, de 43 años quien comparte celda con otro preso. “Varios de nuestros amigos han muerto y todos hemos vivido en circunstancias terribles creadas [por los funcionarios de la prisión de San Quintín] durante once meses”.
Al preguntarle si aceptaría una vacuna contra el coronavirus, Sifuentes dijo: “Tal vez. Por el lado del no, porque es nuevo, como el componente de ARN artificial. No es natural. Además, me preocupan las variantes y la reinfección. No es que seamos inmunes para siempre, sólo porque nos hayamos infectado. Por otro lado, lo tomaría para tener programas [en la cárcel] y para ver a mi familia”.
Sifuentes no está de acuerdo en que ningún funcionario de prisiones haya rendido cuentas: “Es difícil confiar en que tienen nuestro mejor interés en el corazón. Todavía tienen a 700 personas en la Sección Oeste, apiladas unas encima de otras, pero quieren que me vacune”.
Kevin Sample, de 55 años, que lleva 24 años encarcelado, dice no tener planeado vacunarse: “No confío en el sistema ni en la ciencia”. Este interno describió ‘el sistema’ como la administración de la prisión y su departamento médico, y explicó que su desconfianza en la ciencia proviene de los inadecuados servicios de salud en el barrio marginado donde creció.
Había otras razones por las que los hombres no querían vacunarse.
Kenny Rogers, de 63 años, que lleva 13 años encarcelado y se vacuna contra la gripe estacional “religiosamente, todos los años”, dijo que se negaría a hacerlo porque tiene anticuerpos. “¿Por qué malgastar la vacuna en alguien que tiene anticuerpos activos, en lugar de en personas mayores que la necesitan?”, escribió. “Confío en la protección de Dios. Me contagié del COVID, sobreviví y confío en mis anticuerpos”.
Reginal Thorpe contrajo el virus y no se ha vacunado debido a su preocupación por que otros lo reciban primero. “Me niego a vacunarme antes que las personas de la sociedad que piden cita, esperan en largas colas durante horas y horas para que les digan que no pueden vacunarse ese día o las personas que necesitan la vacuna más que yo”, dijo Thorpe. “Quiero vacunarme, pero no creo que tenga que hacerlo”.
“COVID-naive” se refiere a las personas de San Quintín que nunca dieron positivo al virus que infectó al menos a dos tercios de la población.
Algunos hombres confían en el proceso, y expresan un fuerte deseo de volver a la programación y a las visitas familiares. “Me vacuné porque creo en la ciencia”, dijo Gillies. “Las vacunas que se hicieron en el pasado para otras enfermedades salvaron vidas, y creo que la vacuna COVID salvará vidas”, dijo, y añadió: “Quiero volver al programa normal”.
Un reciente boletín de San Quintín recordaba a los presos que el impacto del virus en sus vidas está lejos de terminar: “Al día de hoy, los expertos aún no saben qué porcentaje de personas deben vacunarse contra el COVID-19 para poder confiar en que una comunidad está protegida. Continúen siendo proactivos para mantenerse a salvo de la transmisión, tanto ustedes como los demás”.