El 7 de marzo, sesenta personas se manifestaron frente a un centro de rehabilitación social situado en el 111 de la calle Taylor, en San Francisco, exigiendo que el editor del San Francisco Bayview y periodista encarcelado Keith ‘Malik’ Washington, cumpla el resto de su condena en arresto domiciliario que concluye en mayo.

Los partidarios de Washington señalaron las condiciones inseguras de ese centro de reclusión, que no permiten mantener el distanciamiento social recomendado y que potencialmente propiciaron el brote del COVID-19 que se produjo allí en enero, tal y como se muestra en el documental de denuncia ‘One Eleven Taylor’, producido por el Proyecto Adachi, una iniciativa que narra y difunde historias en los medios de comunicación la cual lleva el nombre del difunto Defensor del Pueblo Jeff Adachi, «como justificación para la puesta en libertad de Washington en régimen de reclusión domiciliaria».

Nube Brown, la prometida de Washington y directora del Bayview, dijo que sería más seguro y más humano para Washington cumplir los meses restantes de su condena en su casa, asegurando que así podría cumplir con el distanciamiento social y trabajar con más seguridad dado que tiene una situación de vida estable y un empleo remunerado fuera de aquel centro ubicado en la calle Taylor.

Un grupo aboga por la liberación de Malik Washington, editor del periódico San Francisco Bay View National Black, congregado el 7 de marzo de 2021 afuera del 111 de la calle Taylor, sede de uno de los centros de reinserción social propiedad de Geo Group. Además de la liberación de Washington, los manifestantes demandan la desaparición de esa corporación en California. Foto: Benjamin Fanjoy

«Malik tenía un trabajo antes de llegar al centro de reinserción. Tenía el apoyo de su familia. Sabíamos que íbamos a encontrar un apartamento juntos antes de que llegara a este centro… ¿por qué no puede volver a casa?», dijo Brown. «Durante seis meses, ha estado volviendo a este lugar noche tras noche, cuando podría volver a casa con alguien que le quiere, a un bonito apartamento, pero vuelve aquí. ¿Cómo es eso una casa a medio camino, cómo es eso un éxito para [su] reincorporación?»

Además de la puesta en libertad de Washington, los partidarios pidieron que los gobiernos federal y estatal de California pusieran fin a sus contratos con Geo Group, una empresa multinacional licitada por los gobiernos para la gestión de centros de reinserción con ánimo de lucro, incluido el centro de reinserción de la calle Taylor. Señalaron los problemas del COVID reportados en la empresa y el aparente conflicto de intereses derivado de su modelo de financiación. Geo Group cobra en función del número de presos que ocupan el centro, que se supone que cumple una misión de rehabilitación que termina con la salida de sus residentes.

Los asistentes a la manifestación pidieron que California ponga fin a todos los contratos con empresas penitenciarias privadas con ánimo de lucro, como Geo Group. Actualmente es ilegal que el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California apruebe nuevos contratos o renueve los existentes con empresas que operan prisiones privadas, como Geo Group, en virtud de la AB32, que se convirtió en ley en octubre de 2019. Pero se permite que los contratos existentes expiren bajo su calendario actual según la ley. El periodico 48hills solicitó una copia del contrato entre Geo Group y la Oficina Federal de Prisiones para operar el 111 Taylor Street Apartments en enero y aún no lo ha recibido.

Un grupo aboga por la liberación de Malik Washington, editor del periódico San Francisco Bay View National Black, congregado el 7 de marzo de 2021 afuera del 111 de la calle Taylor, sede de uno de los centros de reinserción social propiedad de Geo Group. Además de la liberación de Washington, los manifestantes demandan la desaparición de esa corporación en California. Foto: Benjamin Fanjoy

Además de exigir la puesta en libertad de Washington, sus partidarios denunciaron las supuestas represalias que ha sufrido durante su estancia en ese centro, como la confiscación de su teléfono móvil durante aproximadamente un mes antes de que se lo devolvieran el 12 de febrero tras solicitar la atención de los medios de comunicación en enero en relación con un brote de COVID-19 en el lugar.

Desde entonces, ha demandado a Geo Group y a la Oficina Federal de Prisiones, que contrata a ese empresa, para que se eliminen las sanciones disciplinarias impuestas contra él por «contacto no autorizado con los medios de comunicación» y para que desista de futuras acciones disciplinarias por contactar con la prensa hasta su puesta en libertad. El próximo juicio de Washington es el 10 de marzo.

A los residentes del centro de reinserción social de la calle Taylor se les pueden revocar sus teléfonos y su derecho a salir del lugar para trabajar en cualquier momento que el personal decida que es necesario. Brown criticó esta política, afirmando que tanto el sistema carcelario como los servicios de reinserción asociados son excesivos en su recorte de derechos en respuesta a las transgresiones, y que es necesario reimaginar las normas de conducta en esos sistemas.

«Tenemos que dejar de ser tolerantes con el ‘oh, rompió una regla’, eso no debería ser una regla en primer lugar», dijo Brown, refiriéndose a la confiscación del teléfono celular de Washington. «Es un periodista, no debería necesitar autorización para hablar con la gente, es parte de su trabajo».

Nube Brown pugna por la liberación de Malik Washington de quien es su prometida y editora del periódico San Francisco Bay View National Black. La compañía privada de prisiones, Geo Group, ha intentado silenciar a Malik Washington después de haber hecho público el brote de COVID-19 en las instalaciones del centro donde él se encuentra recluido. Según el SF Bay View, Geo Group aplicó acciones disciplinarias a Washington, incluida la confiscación de su teléfono celular, la limitación del contacto público y la amenaza de nuevas acciones disciplinarias por exponer el brote. Photo: Benjamin Fanjoy

Además, según la denuncia presentada por Washington, existe una norma que establece que hay que rellenar y aprobar un «formulario de autorización para entrevistas de prensa» antes de que los residentes de ese centro puedan contactar a la prensa. Brown dijo que esta política funciona como una ‘regla de la mordaza’, que tiene el efecto de silenciar a los periodistas encarcelados como Washington, ya que el tiempo que se tarda en procesar y aprobar estas solicitudes para interactuar con los medios de comunicación impide la capacidad de reunir e informar oportunamente de las noticias.

«Es la lenta rueda de la justicia: hay que autorizar este papeleo aquí, y luego este papeleo aquí, y para cuando se apruebe, no podrá hacer nada, la rueda de prensa habrá terminado», dijo Brown.

El supervisor Matt Haney, cuyo distrito incluye el Tenderloin, donde se encuentran los apartamentos de la calle 111 Taylor, criticó la supuesta represalia contra Washington, diciendo que una prensa libre es crucial para que el gobierno rinda cuentas: «Soy un funcionario electo, y los periodistas tienen el derecho y la responsabilidad de decirnos cuando no lo estamos haciendo bien… ese es el derecho que tiene en virtud de la Constitución, y para que una empresa penitenciaria privada intente encerrarlo por eso, no se me ocurre nada más vergonzoso», dijo.

Por su parte, el fiscal del distrito de San Francisco, Chesa Boudin, también apoyó a Washington diciendo, en una carta leída durante la manifestación, que es crucial la no obstrucción de la libertad de prensa, destacando el papel de los periodistas de informar al público.

«Los últimos cuatro años han demostrado la necesidad de garantizar que las personas, especialmente las de la prensa, sean libres y puedan decir la verdad al poder… es especialmente preocupante cuando personas como Malik Washington, que se dedican a decir la verdad, son objeto de ataques precisamente por tratar de garantizar que la información crítica se haga pública», dijo Boudin. «Debemos garantizar que se diga la verdad para proteger a los vulnerables».

Un grupo aboga por la liberación de Malik Washington, editor del periódico San Francisco Bay View National Black, congregado el 7 de marzo de 2021 afuera del 111 de la calle Taylor, sede de uno de los centros de reinserción social propiedad de Geo Group. Además de la liberación de Washington, los manifestantes demandan la desaparición de esa corporación en California. Foto: Benjamin Fanjoy

El Grupo Geo ha sido objeto de controversia en el pasado por otros motivos, entre ellos por obligar supuestamente a los detenidos a trabajar por un dólar al día, por las condiciones insalubres de sus instalaciones y por no proteger a los reclusos de la violencia de las bandas.

Al cierre de esta edición, se contactó a Geo Group y a la Oficina Federal de Prisiones en relación con la posibilidad de que Washington sea puesto en libertad anticipada para cumplir el resto de su condena, pero no se obtuvo respuesta alguna.