La boleta electoral de junio en San Francisco se ha convertido en un referéndum sobre la forma en que la ciudad grava a las grandes empresas. Por un lado, los sindicatos argumentan que se necesitan impuestos corporativos más altos para hacer frente al déficit presupuestario de 936 millones de dólares en dos años y evitar recortes en los servicios públicos; por el otro, el sector empresarial advierte que el repunte de los costos podría detonar un éxodo de empresas de la ciudad.

La Propuesta C frena los esfuerzos por aumentar un impuesto municipal vinculado a los altos salarios de los puestos ejecutivos, al tiempo que ofrece mayores reducciones fiscales a un sector más amplio de la comunidad empresarial.

Con esta medida, las empresas que ganen hasta 7.5 millones de dólares al año no pagarían el impuesto a los ingresos brutos (actualmente el límite es de 5 millones), por ende, permitirá que más negocios dejen de pagar este impuesto. Este mismo alivio se aplicaría al impuesto sobre los sueldos ejecutivos, que cobra un extra a las corporaciones cuyos salarios más altos ganen cien veces o más que el empleado promedio en San Francisco. Sin embargo, este recargo subiría ligeramente en 2027, un año antes de lo planeado. Según la Contraloría de la ciudad, la reforma costaría entre 30 y 40 millones de dólares al año en impuestos no recaudados.

Esta iniciativa  fue lanzada en reacción a la Propuesta D, conocida como “Impuesto a los directivos sobrerremunerados” (Overpaid CEO Tax), una iniciativa respaldada por sectores sindicales. Ante el déficit presupuestario y los recortes de fondos estatales y federales, los sindicatos reunieron las firmas necesarias para incluir dicha propuesta de reforma en la boleta electoral. Con esa medida se busca ampliar el impuesto existente sobre la remuneración ejecutiva al recalcular la proporción salarial entre la dirección y el personal, utilizando como base a la plantilla global de la empresa, además de elevar la tasa impositiva.

Aunque la medida se aplicaría a las compañías que generen más de 5 millones de dólares en ingresos en San Francisco, el sector que la apoya señala que, en la práctica, sólo afectaría a corporaciones con mil o más empleados y que generen al menos mil millones de dólares en ingresos anuales. Esto se debe a que son estas grandes empresas las que con mayor probabilidad reúnen tanto la escala como las disparidades salariales extremas necesarias para activar el recargo. (Consulte aquí una explicación detallada de la Propuesta D).

El esquema actual para regular los sueldos ejecutivos en San Francisco nació de un consenso político entre el sector empresarial, sindicatos y las autoridades municipales. Aunque el electorado aprobó este gravamen por primera vez en 2020, apenas dos años después respaldó recortar la tasa en aproximadamente un 80% mediante una reforma negociada bajo la Propuesta M.

Un voto a favor de la Propuesta C validaría la ampliación de los alivios fiscales a más empresas y permitiría un ligero incremento en el impuesto a los sueldos ejecutivos en 2027, el cual pasaría a un rango de aproximadamente 0.02% a 0.13% (en comparación con el actual 0.02% a 0.12%) de los ingresos brutos anuales de la empresa en San Francisco, dependiendo de qué tan grande sea la brecha salarial entre la dirección y su personal.

El voto en contra mantendría el tope de exención en los 5 millones de dólares y dejaría intacta la estructura vigente del tributo a la remuneración ejecutiva, por lo que el incremento previsto se aplicaría hasta 2028.

En caso de que se aprueben tanto la Propuesta C como la D, prevalecerá aquella con mayor votación, aunque este tipo de conflictos suele resolverse en los tribunales.

El gran capital define la contienda

La Propuesta C cuenta con un fuerte financiamiento por parte de donantes adinerados de Silicon Valley y empresas con sede en San Francisco, quienes cuentan con personal trabajando en distintas partes del mundo. Estas corporaciones podrían enfrentar impuestos más altos si la ley las obliga a comparar los sueldos de la alta dirección con los de todo su personal a nivel mundial, y no solo con quienes trabajan en San Francisco.

Una campaña llamada ‘Sí a la C, No a la D para proteger a las pequeñas empresas y la recuperación económica de San Francisco’, ha recibido 3.3 millones de dólares en contribuciones, según el panel de control de campañas de la Comisión de Ética de San Francisco.

La donación más pequeña fue de 9,500 dólares por parte de AdvanceSF, una organización de defensa política que apoya a candidaturas y políticas que suelen beneficiar a los intereses empresariales.

Neighbors for a Better San Francisco, otro grupo de defensa respaldado por el sector empresarial, ha destinado aproximadamente 700 mil dólares para financiar la campaña de esta medida y oponerse a la Propuesta D. El grupo planea gastar 1 millón de dólares para derrotar el impuesto a la alta dirección, según informó Politico. Desde febrero de 2024, esta agrupación ha recibido poco menos de 5 millones de dólares en contribuciones para diversas campañas políticas.

Dicha entidad, junto con GrowSF y AdvanceSF, forma parte de una red de agrupaciones aliadas con el sector empresarial y respaldadas por donantes de altos recursos. Esta red ha desempeñado un papel cada vez más visible en las elecciones locales, lo que incluye procesos de revocación de mandato, campañas de propuestas de ley y el apoyo a candidaturas asociadas con una agenda más favorable a los negocios y un aumento de la vigilancia policial.

Entre las principales aportaciones se encuentran las del capitalista de riesgo y principal financista del medio de comunicación The San Francisco Standard, Michael Moritz, quien donó 625 mil dólares a esta campaña; y el multimillonario de las criptomonedas, Chris Larsen, quien aportó 700 mil dólares tras prometer combatir los esfuerzos sindicales, a los cuales calificó como una idea “estúpida y destructora de empleo”, de acuerdo con Politico.

Gran parte del sector empresarial que realiza estas donaciones tiene intereses directos en la manera en que el municipio local estructura sus impuestos comerciales. Entre las mayores aportaciones se encuentran las de Williams-Sonoma, con 300 mil dólares; Pacific Gas & Electric, con 250 mil dólares; y Kilroy Realty, con 100 mil dólares. Estas tres compañías cuentan con personal a nivel regional o nacional. Bajo la propuesta rival respaldada por los sindicatos, la cual calcularía las brechas salariales utilizando a toda la plantilla de la empresa y no solo a quienes trabajan en San Francisco, ese volumen de nómina global podría ampliar las disparidades medidas e incrementar la posible responsabilidad fiscal.

Otras contribuciones significativas a la campaña provienen de firmas que se han enfrentado repetidamente a las políticas de la ciudad que afectan a sus operaciones. Entre estas aportaciones destaca la de Tony Xu, el director ejecutivo de DoorDash, quien donó 250 mil dólares. Su empresa ha mantenido una participación activa en disputas políticas de alto perfil en San Francisco en torno a tarifas y clasificación laboral, recurriendo con frecuencia a una combinación de acciones legales, cabildeo y gasto en campañas.

Por su parte, Uber, con una donación de 100 mil dólares, ha rechazado los esfuerzos municipales por regular los servicios de transporte por aplicación. Esto incluye los límites al número de vehículos autorizados para operar en la ciudad, las propuestas de tarifas por congestión vehicular y los requisitos para compartir datos, sumado a una larga trayectoria de cabildeo y campañas electorales en torno a temas de transporte y derechos laborales.

Sin embargo, no todo el respaldo proviene de grandes corporaciones.

En declaraciones pagadas presentadas ante el departamento de elecciones, líderes de pequeñas empresas, asociaciones comerciales y emprendedores locales presentan la propuesta como un alivio para los empleadores que atraviesan dificultades, particularmente tras la pandemia de COVID-19 y la constante incertidumbre económica.

Laurie Thomas, directora ejecutiva de la Asociación Restaurantera Golden Gate, planteó la medida como una respuesta a la creciente presión financiera que enfrentan los restaurantes y bares. “Para muchas personas del gremio restaurantero, el costo de operar en nuestra ciudad ha llegado a un punto crítico”, y añadió que elevar el umbral de exención a 7.5 millones de dólares en ingresos locales podría ahorrar miles de dólares a los pequeños negocios.

“Este ahorro fiscal les permitirá contratar más personal, realizar las reparaciones necesarias, pagar deudas y obtener un alivio financiero muy necesario”, afirmó Thomas.

Por su parte, para Robyn Sue Fisher, fundadora de Smitten Ice Cream, la Propuesta C permitiría a las empresas concentrarse en sus operaciones centrales y en la inversión comunitaria, señalando que les facilita priorizar la contratación de residentes de San Francisco y el pago de salarios justos.

“Esto no se trata solo de impuestos; se trata de asegurar que los locales comerciales no cierren sus puertas”, dijo Fisher.

Otras voces a favor enmarcan la medida dentro de una política económica más amplia. El Bay Area Council, una organización regional de defensa empresarial, califica la estructura fiscal actual de la ciudad como excesivamente compleja y posiciona a esta propuesta como una reforma estructural: “Aporta una previsibilidad muy necesaria para las mayores fuentes de empleo de la ciudad, al tiempo que garantiza que el municipio pueda mantener los servicios esenciales”.

¿Quién se beneficia realmente?

El sector crítico sostiene que la medida esquiva las fallas fundamentales del sistema tributario y corre el riesgo de agregar complicaciones, al tiempo que reduce los ingresos municipales y otorga enormes ventajas fiscales a las corporaciones líderes de la ciudad.

En diversas declaraciones presentadas ante el Departamento de Elecciones, propietarios de pequeñas empresas, residentes, activistas y organizaciones locales señalaron que la medida es simplemente una “píldora venenosa” diseñada para frenar la propuesta rival.

Nicholas Parker, propietario de un pequeño negocio, argumentó que la iniciativa está estructurada para favorecer a las grandes compañías: “Pregúntese: ¿por qué corporaciones multimillonarias gastarían millones en una campaña que afirma proteger a las pequeñas empresas?”, escribió. “La única razón por la que se menciona a los pequeños negocios en la Propuesta C es para engañar al electorado y lograr que apruebe un recorte fiscal masivo para las corporaciones más ricas de San Francisco”.

Por su parte, Jennifer Friedenbach, activista en favor de la vivienda y el alivio a las personas sin hogar, se enfocó en el impacto fiscal de la medida, afirmando que “empeorará significativamente la crisis presupuestaria que ya enfrentamos”.

La Unión de Inquilinos de San Francisco señaló que la medida “devastará aún más un déficit presupuestario que ya es catastrófico”, al debilitar la posición financiera de la ciudad y afectar los servicios públicos de los que depende la población residente.

Larry S. Marso, abogado que suele oponerse a este tipo de iniciativas en las boletas electorales y que ha impugnado repetidamente las medidas fiscales y políticas de la ciudad, sostiene que elevar el umbral de exención tributaria y adelantar el incremento al impuesto sobre sueldos ejecutivos podría influir en las decisiones de contratación y crecimiento de las empresas.

Marso sugirió que las compañías podrían intentar mantenerse por debajo del límite de exención frenando su expansión o la creación de puestos de trabajo. Además, dado que el impuesto a la remuneración ejecutiva está ligado a la brecha entre la alta dirección y el personal con salarios más bajos, podrían responder eliminando puestos de sueldos menores, subcontratando servicios o trasladando empleos fuera de San Francisco para reducir su carga fiscal.

Sin consenso en las altas esferas

La contienda ha dividido a la cúpula política de San Francisco.

El alcalde Daniel Lurie ha calificado ambas medidas como distractoras frente a los desafíos fiscales de la ciudad y recurrió a los argumentos de cada bando para sustentar su postura.

Señaló que ninguna abordaría de manera significativa el déficit presupuestario del municipio y que, en cambio, avivan otra disputa electoral divisiva y costosa. Añadió que los nuevos ingresos provenientes del aumento fiscal de la propuesta rival tardarían años en llegar. Al mismo tiempo, se hizo eco de las preocupaciones planteadas por los sectores empresariales de que unos impuestos más altos podrían expulsar a las empresas de la ciudad en medio de una frágil recuperación económica.

Parte de la Junta de Supervisores ha respaldado estas inquietudes: en una reunión celebrada en marzo por el Comité Central del Partido Demócrata del Condado de San Francisco, el supervisor Matt Dorsey advirtió que elevar los impuestos comerciales podría “expulsar a más empleadores de la ciudad’, lo que refleja la ansiedad ante la posibilidad de desincentivar la inversión o la contratación.

En general, el apoyo directo a la Propuesta C entre los cargos electos ha sido escaso, ya que gran parte del debate político se ha centrado en el aumento de los impuestos a las empresas y no en su reducción.

Diferentes integrantes de la junta han enfatizado la necesidad de contar con ingresos estables, lo que implícitamente pone en duda medidas como esta, que reducirían el número de empresas que pagan impuestos.

En una encuesta realizada por el medio Mission Local, la supervisora Connie Chan destacó la importancia de abordar la desigualdad y garantizar que las grandes corporaciones “paguen lo que les corresponde”, una postura que contrasta con los recortes fiscales planteados en la iniciativa.

Por su parte, en la reunión de marzo del Comité Central del Partido Demócrata del Condado, el supervisor Bilal Mahmood expresó sus dudas de que un aumento a los impuestos comerciales provoque un incremento en los precios. Finalmente, el comité votó de manera abrumadora en contra de la Propuesta C, y a la vez rechazó la D por un estrecho margen.