El condado de Santa Clara será el primero en la región en destinar fondos para defender y liberar a cualquier persona de la comunidad del Área de la Bahía que haya sido detenida arbitrariamente por el ICE.
Con una inversión cercana a los doscientos mil dólares, las autoridades del condado firmarán un convenio con la organización de asistencia legal La Raza Centro Legal, originaria de San Francisco. El objetivo es fortalecer la red Bay Area Habeas Network, cuyo personal jurídico defiende los derechos de las personas bajo custodia de autoridades federales de migración mediante recursos de habeas corpus, un procedimiento legal que obliga al gobierno a justificar cualquier detención ante un tribunal. Organizaciones aliadas destacaron que este financiamiento permitirá sumar más abogadas y abogados para exigir la libertad de las personas detenidas.
“El objetivo es que este proyecto regional de respuesta rápida ofrezca defensa legal a cualquier persona detenida en la Bahía que califique para el amparo de un habeas corpus”, afirmó David Campos, ejecutivo adjunto del condado y ex supervisor de San Francisco, en entrevista con San José Spotlight. “El éxito que estamos viendo en los casos con representación jurídica se debe a que las acciones del ICE y de Seguridad Nacional han estado completamente fuera del debido proceso. Gracias al impacto de este proyecto, el ICE ha frenado ciertas actividades porque saben que, si el asunto llega a los tribunales, van a perder”.
Las peticiones mediante este recurso de amparo en San Francisco han alcanzado una alta tasa de éxito para lograr la liberación de personas detenidas por el Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), al grado de que la administración del presidente Donald Trump consideró suspender este derecho constitucional para la población indocumentada.
La red Bay Area Habeas Network está trabajando al límite de capacidad, ya que cada caso requiere dos semanas de dedicación por parte del equipo legal para argumentar mociones y presentarse a las audiencias. Además, la infraestructura para estas audiencias de liberación se complicó aún más el mes pasado tras el cierre del tribunal de migración de San Francisco, lo que obliga a quienes tienen solicitudes de este tipo en el Área de la Bahía a trasladarse a la sede jurídica más cercana en Concord, a aproximadamente 48 kilómetros de distancia.
“En este momento contamos con una cobertura mínima”, declaró a San José Spotlight Jordan Weiner, director interino de La Raza Centro Legal. “Tenemos personal de abogacía de guardia cinco días a la semana para presentar peticiones de habeas corpus, pero es apenas lo indispensable. Si arrestan a más de una persona en un mismo día, rebasamos nuestra capacidad”.
Aunque el Condado de Santa Clara no ha registrado redadas masivas como las de Los Ángeles y San Francisco, la región sí ha sido escenario de arrestos focalizados que afectan a más de 200 personas, según reportan organizaciones aliadas.
El objetivo final, según explicó Campos, es que una vez concluido el acuerdo con La Raza Centro Legal, los ocho condados restantes de la Bahía —Alameda, Contra Costa, Marín, Napa, San Mateo, Solano, Sonoma y San Francisco— aporten fondos para fortalecer el equipo legal. El plan también contempla sumar el apoyo de los condados de Monterey, San Benito y Santa Cruz.
La iniciativa ya cuenta con una buena recepción por parte de Luis Alejo, supervisor del Condado de Monterey: “Aún no recibo los detalles, pero consideraríamos seriamente apoyar estos esfuerzos”, declaró a San José Spotlight. “Llevaré este asunto a la atención de mi junta para su consideración”.
Fondos para la defensa legal
Desde su lanzamiento el 1 de mayo, la red Bay Area Habeas Network ha presentado seis recursos de habeas corpus el mismo día de la detención. Como resultado, la judicatura ordenó al ICE liberar de inmediato a cinco de las personas representadas y programar una audiencia de fianza para la sexta. Las personas asistidas provienen de los condados de Mendocino, Sonoma, Contra Costa y San Francisco, incluyendo a dos del Condado de Santa Clara. Este frente común está conformado por cinco organizaciones aliadas: La Raza Centro Legal, Immigration Institute of the Bay Area, Lawyers’ Committee for Civil Rights of the San Francisco Bay Area, VIDAS y UC Law SF Immigrants’ Rights Clinic.
Cada organización cuenta con un profesional de la abogacía de tiempo completo dedicado exclusivamente al proyecto para estar de guardia un día a la semana, o bien divide la vacante entre varias personas, explicó Weiner. Añadió que la red no rechazará a nadie por vivir en un condado que no participe formalmente en el financiamiento. Sin embargo, por cada condado que se sume a financiar este esfuerzo, la red podrá incorporar más abogadas y abogados para fortalecer su capacidad de respuesta.
Nunca se sabe en qué momento el ICE va a detener a alguien… puedes recibir una llamada a las 11 de la mañana por una persona de San Francisco y a la 1 de la tarde el caso puede ser de alguien del Condado de Santa Clara”, explicó Weiner. “Casi siempre ganamos los casos, pero el cansancio ya se siente”.
Para Huy Tran, director ejecutivo de Red de Servicios, Derechos de las personas Migrantes y Educación (SIREN, por sus siglas en inglés), el fortalecimiento de la Red de habeas corpus de la Bahía será crucial ante los planes de instalar un centro del ICE cerca de Gilroy, en el sector no incorporado del sur del condado. Tras las revelaciones iniciales de San José Spotlight sobre este proyecto, el ICE se vio obligado a reconocer la existencia del proyecto, lo que desató una demanda legal conjunta entre las autoridades del condado y del estado contra el gobierno de Trump para detener su construcción.
Las peticiones jurídicas de este tipo han sido una de las mejores herramientas disponibles para liberar a las personas que han sido detenidas injustamente”, afirmó Tran a San José Spotlight. “Esto ha funcionado porque el ICE, como agencia, se ha negado a operar dentro de los márgenes de nuestra Constitución y viola sistemáticamente los derechos al debido proceso de las personas que detiene.
SIREN forma parte de la Red de Respuesta Rápida del Condado de Santa Clara, la cual también integra a organizaciones como Amigos de Guadalupe y la Alianza de Leyes Asiáticas, entre otras agrupaciones. Esta red moviliza a profesionales de la abogacía y a integrantes de la comunidad para observar los operativos de control migratorio y brindar orientación a las familias de las personas detenidas. Diversas investigaciones han demostrado que las operaciones del ICE provocan un ambiente de temor generalizado que paraliza la vida pública de las personas indocumentadas, causando un ausentismo escolar y la cancelación de citas médicas en núcleos familiares con distintas situaciones migratorias.
El Condado de Santa Clara ha mantenido una postura firme de rechazo frente a la vigilancia migratoria federal. De hecho, lideró un frente común junto a San Francisco para frenar legalmente los intentos de recortar el presupuesto a las localidades declaradas santuarios para personas sin la ciudadanía estadounidense. Además, el condado ha implementado mecanismos para articular respuestas inmediatas frente a los operativos del ICE, vetando el uso de propiedad pública del condado para fines de control migratorio.
Tran señaló que gran parte de este trabajo ha cobrado fuerza al sur de California que es donde se agrupa la mayor cantidad de centros de reclusión migratoria.
“Si logramos fortalecer nuestra capacidad local para interponer peticiones de habeas corpus en el Área de la Bahía, tendremos una gran posibilidad de liberar a quienes califiquen antes de que sean trasladadas a los inhumanos centros de detención del Condado de Kern y más allá”, afirmó Tran. “Esto explica también por qué es vital frenar cualquier intento de expandir las oficinas del ICE en Dublin o Gilroy. Dejar que estas sedes se establezcan y operen en nuestra región solo elevará el riesgo para nuestras comunidades, sin poner ningún límite a los atropellos legales de esa agencia”.
Esta historia fue publicada originalmente en San José Spotlight.