El acalorado debate en California sobre el etiquetado a los alimentos modificados genéticamente, la medida denominada ‘Proposición 37’, culmina este 6 de noviembre en las urnas.
Dicha proposición, también conocida como la “Ley de derecho a saber (cuáles) productos son genéticamente modificados”, exigiría el etiquetado a los alimentos que contengan ingredientes cuyo ADN haya sido modificado mediante técnicas de ingeniería genética.
Los defensores dicen que esta medida responde a una simple razón: los californianos deben saber lo que hay en los alimentos que compran y consumen. Críticos legales sostienen que la iniciativa es mucho más compleja.
“La Propuesta 37 es una gran oportunidad para proteger nuestro derecho a saber lo que hay en nuestros alimentos”, dijo Stacy Malkan, una portavoz de la campaña para el Derecho a Saber de California. “Votar sí a la Proposición 37 es votar a favor de nuestro derecho a decidir por nosotros mismos lo que comemos”.
Los alimentos genéticamente modificados, también conocidos como OGM o transgénicos, representan aproximadamente el 90 por ciento de la producción de maíz, soya, azúcar y remolacha en EEUU. Frutas y verduras modificadas genéticamente, incluyendo el maíz dulce, la papaya hawaiana, el calabacín y la calabaza amarilla son altamente consumidos.
Lucero Hernández, trabajadora del supermercado El Chico Produce no. 4, ubicado en el Distrito de la Misión, predice que de haber más alimentos que requieran ser etiquetados habrá cambios en el mercado: “La gente tendrá curiosidad de saber por qué todo está cambiando. Algunas personas puede que se resistan a comprar determinados productos y a otras puede que les guste que lo que ven sea explicado”.
Por su parte, los detractores de esta propuesta hacen hincapié en sus ‘engañosas’ disposiciones, así como en su potencial para crear una serie de resultados negativos: “Las etiquetas implican una advertencia y las advertencias implican un mal y eso es engañoso porque estos alimentos son perfectamente seguros”, dijo Kathy Fairbanks, portavoz de la campaña ‘No a la Proposición 37’.
Los opositores niegan la existencia de base científica alguna que sustente esta preocupación; afirman que las plantas modificadas genéticamente han demostrado, durante las dos últimas décadas, ser aptas para el consumo. Además, algunos se preocupan de que el etiquetado podría confundir al consumidor y provocar temores infundados.
“Si estás diciendo que deseas el etiquetado como un derecho a saber, entonces, cada producto debería venir con una enciclopedia adjunta”, dice Martina Newell-McGloughlin, directora de las iniciativas de investigación de las ciencias de la vida y salud de la Universidad de California de Davis. “Lo que realmente debe ir en la etiqueta es el tipo de información que permitirá a los consumidores tomar las decisiones correctas”.
Los miembros de la campaña ‘No a la Proposición 37’ enfatizan la posibilidad de que surjan miles de “demandas sin mérito” en caso de que esta proposición sea aprobada.
Las disposiciones de la Proposición 37 son similares a una medida de etiquetado aprobada en 1986, llamada Proposición 65. Los informes indican que dicha proposición generó más de 16.000 acciones en contra de empresas y cerca de 500 millones de dólares en resoluciones, honorarios de abogados y costos.
Otro de los argumentos que presentan los opositores a la Proposición 37 se basa en el costo que representaría para los productores de alimentos —tanto para marcar los productos, como por la posible pérdida de negocios debido aquellos clientes que se preocupan por las etiquetas— lo que representaría un incremento en los precios de los alimentos.
Los principales auspiciantes de la campaña ‘No a la Proposición 37’ son Monsanto, Dupont y la Asociación de Productores de Comestibles. La donación de estas empresas ha representado más de 20 millones de dólares en publicidad para convencer a los californianos de votar en contra de dicha proposición, mientras que, en contraste, sus defensores han gastado cerca de 3 millones de dólares.
El etiquetado de los alimentos OMG es una ley en alrededor de 50 países, incluyendo China, Japón y la Unión Europea. Alaska exige el etiquetado del pescado y marisco OMG, convirtiéndose en el único estado de EEUU con cualquier etiquetado de este tipo.
Más cerca de casa, la cámara alta del Senado mexicano aprobó por unanimidad, en marzo del 2000, un proyecto de ley de salud que exigiría que los alimentos que contengan ingredientes OMG porten etiquetas, pero la ley está aún pendiente de ser aprobada por la Cámara de Diputados.
Aunque el debate entre partidarios y opositores sigue siendo polémico, lo que está claro es que la Proposición 37 podría afectar directamente a los miembros de la comunidad.
Octavio Padilla, antiguo trabajador de un mercado de verdura y entrenador físico, destaca: “La gente debe prestar más atención a la industria alimentaria”, afirma. “Esto no sólo es importante para la comunidad, sino también para nuestros hijos y para las generaciones futuras”.
—Traducción Yolanda Soler