A finales de julio, en la Frontera de Peñas Blancas, límite al sur entre Nicaragua y Costa Rica, se prohibió a aproximadamente 500 a 600 refugiados nicaragüenses volver a ingresar a su país hasta no presentar pruebas negativas del COVID-19.

El régimen nicaragüense de Ortega-Murillo no proporcionó a estos ciudadanos acceso a la prueba de $150, un costo demasiado alto para el nicaragüense promedio, ni ninguna instrucción sobre cómo obtener una. Pero dos mujeres del Área de la Bahía están llenando ese vacío.

Las activistas nicaragüenses Cynthia Gutierrez y Valeska Castañeda-Puerto, trabajando en conjunto con El Movimiento Campesino de Nicaragua, iniciaron una campaña GoFundMe para ayudar a recaudar los fondos necesarios que permitan la aplicación de dicha prueba a los varados. Juntas, el dúo nica ha recaudado $5,668 hasta la fecha, superando su objetivo original de $5 mil.

“Creo que, como la mayoría de nosotros, vimos lo que estaba pasando en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Y, por supuesto, ya sabes, la organizadora que llevo dentro me dijo: “¿Qué puedo hacer?”, dijo Castañeda-Puerto, organizadora comunitaria, activista y ex alumna de UC Berkeley. “Nos quedamos despiertos hasta altas horas de la noche, simplemente figurando el contexto, lo que se necesitaría para lanzarlo… Esto está impactando a nuestra comunidad. Y como sabemos, cuando eso sucede, las fronteras no existen. Y somos nosotros, como comunidad, los que existimos. Nos movemos más allá de las fronteras. Y así fue como se lanzó nuestra campaña”.

Gutiérrez, una organizadora de justicia reproductiva y doula, también declaró que no solo la comunidad nicaragüense surgió en apoyo, sino también la internacional. Según Gutiérrez y Castañeda-Puerto, a medida que la campaña de GoFundMe circulaba a través de Instagram, les brindó una visión única de cómo las personas compartían y donaban. 

“Compartimos videos de personas orando y cantando, porque creo que es muy importante enfocarse en la resistencia y la capacidad de recuperación de nuestra gente’’, explicó Gutiérrez. “A menudo pienso en esta narrativa de, ya sabes, ‘la gente no puede ayudarse a sí misma’. Es como ‘No’. Estas personas, los nicaragüenses, somos de los más resilientes y soy muy parcial cuando digo eso. Sobrevivimos a la guerra, el trauma y tanto abuso intergeneracional”.

Las activistas nicaragüenses del Área de la Bahía, Cynthia Gutierrez (a la izquierda) y Valeska Castañeda-Puerto (a la derecha), trabajaron con El Movimiento Campesino de Nicaragua, e iniciaron una campaña de gofundme para recaudar los fondos y proporcionar pruebas de COVID-19 a los nicaragüenses varados en la frontera de Costa Rica. Cortesía: Cynthia Gutierrez y Valeska Castañeda-Puerto

El 2 de agosto, el periódico nicaragüense La Prensa informó que de los cientos de nicaragüenses varados durante más de quince días en Peñas Blancas, 169 se hicieron la prueba del COVID-19 y 148 dieron negativo. Esas pruebas fueron distribuidas por Fundación Arias, una organización humanitaria fundada por el premio Nobel de la Paz y ex presidente de Costa Rica, Óscar Arias, que se asoció con Gutiérrez y Castañeda-Puerto. A los que dieron negativo se les permitió regresar a Nicaragua. Los que resultaron positivo se vieron obligados a permanecer en Costa Rica con la ayuda de organizaciones comunitarias locales, como la Fundación Arias y Corner of Love. El informe también señaló que 300 de los aproximadamente 500 a 600 nicaragüenses varados se vieron obligados a ingresar por pasadizos “irregulares” de regreso a Nicaragua.

Esto es una violación directa del artículo 31 de la constitución nicaragüense, que establece que “los nicaragüenses tienen derecho a circular y establecer su residencia en cualquier parte del territorio nacional, así como a entrar y salir libremente del país”.

Marcha en punta Gorda en polo de desarrollo Daniel Guido Bluesfields la Marcha #95 No al canal. 12 de marzo. Cortesía: El Movimiento Campesino

José Alfredo, miembro del Movimiento Campesino de Nicaragua, dijo que el silencio del régimen Ortega-Murillo reflejaba su manejo general de la pandemia COVID-19.

“A este régimen no le importa la vida del pueblo nicaragüense”, dijo Alfredo a El Tecolote. “Se puede ver que todo esto para ellos es, se puede decir, recursos económicos. Todo lo que se mueve tiene que ver con su bolsillo y no con la prevención [del COVID-19]. En un principio podemos ver que este mismo régimen promovió el turismo”.

Según un informe del 6 de abril realizado por la revista médica The Lancet, la respuesta del gobierno de Nicaragua a la pandemia ha sido “quizás la más errática de cualquier país del mundo hasta la fecha”. La vicepresidenta Rosario Murillo promovió el turismo y alentó las concentraciones masivas de simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) bajo el lema ‘Amor en tiempos del COVID-19’.

“Un documento filtrado por el Ministerio de Salud de Nicaragua ha subrayado las probables consecuencias de esta respuesta fortuita. Oficiales de salud pública han pronosticado en privado que hasta 32,500 nicaragüenses podrían dar positivo por COVID-19, 8125 de los cuales podrían tener síntomas graves y 1,016 que podrían requerir de cuidados intensivos”, se lee en el informe de The Lancet. “Nicaragua tiene solo 160 ventiladores disponibles, el 80% de los cuales están actualmente en uso. Si el liderazgo del gobierno continúa ignorando los pedidos de fuertes esfuerzos de mitigación, la frágil infraestructura de salud pública podría colapsar bajo la presión de una infección extendida”.

Algunos de los que dieron positivo por COVID-19 en Peñas Blancas están siendo ayudados por Corner of Love Ministries, una organización cristiana que realiza trabajo humanitario con refugiados en Costa Rica. “Nunca jamás olvidaré lo horrible que fue”, dijo Tanya Mroczek Amador, su directora ejecutiva, sobre esa escena en la frontera de Peñas Blancas. “El olor y toda la gente llorando, el calor y los gemidos y tanta gente. Nunca jamás lo olvidaré. Y fue tan innecesario e incorrecto. Alguien debería rendir cuentas. Quiero decir, honestamente creo que el Director de Migración o alguien debería ser sancionado porque es realmente un milagro que nadie haya muerto”.

Alfredo continuó explicando que gran parte del sistema médico nicaragüense está politizado, y muchas muertes no se marcan oficialmente como víctimas del COVID-19, sino más bien de “neumonía atípica”. Dijo también que desde el inicio de la violencia paramilitar y policial contra ciudadanos nicaragüenses, a partir del 19 de abril de 2018, quienes participaron en manifestaciones antigubernamentales son atacados en hospitales, desatendidos o quedando en peores condiciones.

“Fueron a los hospitales y no fueron atendidos, simplemente porque habían estado protestando contra el régimen actual’’, aseveró Alfredo. “Se puede decir que a través del sistema de salud, fueron asesinados, porque no se les brindó atención médica”.

Esta persecución dentro del sistema médico nicaragüense ahora se está extendiendo a quienes buscan tratamiento para el COVID-19. Alfredo afirmó que él y el Movimiento Campesino han estado trabajando e intentando apoyar a médicos que han estado realizando tratamientos independientes de casos de ese virus fuera del sistema médico politizado, al permitir que los nicaragüenses con síntomas soliciten asesoramiento y asistencia médica.

Los intentos del gobierno de restar importancia al brote son tan fervientes que muchos administradores de hospitales prohibieron el uso de cubrebocas al inicio de la pandemia en marzo, informó el Washington Post en julio. Daniel Ortega también, según un informe del periódico nicaragüense Confidencial, ha aplicado un impuesto a los ventiladores, mascarillas quirúrgicas y oxímetros (dispositivos que ayudan a medir los niveles de oxígeno presentes en la sangre). Muchos médicos, antes no conocidos como opositores al gobierno, fueron despedidos o dados de alta, según Alfredo, por hablar o exigir más acciones gubernamentales.

Esta inacción ha provocado la muerte de algunos de los partidarios más conocidos y de más alto rango del presidente Daniel Ortega. El 18 de julio, The New York Times informó sobre las notables muertes del famoso revolucionario ‘Comandante Cero’, Edén Pastora, Orlando J. Castillo (que había sido recientemente sancionado por la Secretaría del Tesoro de los EEUU por violaciones a los derechos humanos) y el alto funcionario policial Olivio Hernández Salguera. Se sospecha que esas muertes se deben al COVID-19.

“La ironía de todo esto es que sus partidarios están muriendo”, declaró Anaís Catalina González, activista y escritora nicaragüense residente en Los Ángeles. “El [ex] alcalde de Mayasa [Orlando Noguera], gran partidario de Ortega, el que apoyó la cacería de brujas, cuando empezaron a andar y arrestar y matar [manifestantes antigubernamentales], estas figuras clave que apoyan a Ortega, han fallecido”.

Gutiérrez y Castañeda-Puerto dijeron que actualmente están trabajando en un próximo proyecto para conectar a los medios de comunicación, artistas y varias organizaciones nicaragüenses, como Voces Por Nicaragua, para registrar la experiencia nicaragüense.