Los sitios de apoyo contra el COVID-19 del Latino Task Force proveen pruebas y vacunas gratis. La eliminación del financiamiento federal y casi todo el del SFDPH amenaza su futuro.
Cuando la vacuna del COVID llegó al sitio de pruebas de Unidos en Salud ubicado en las calles 24 y Capp, Susana Rojas llevó a toda su familia a vacunarse: “Pregúntame, los traje a todos. Es muy importante cuidarse a sí mismo, a sus seres queridos y a la comunidad”.
Ahora, la presidencia de comunicaciones de Latino Task Force está instando a todo el vecindario a vacunarse: “Una vez que desaparezca la ayuda de emergencia [federal], todo lo que hemos podido proporcionar de forma gratuita [podría] tener un costo, y la gente necesitará un seguro”, dijo a El Tecolote. “Así que aproveche ahora, obtenga la suya, no tenga miedo de las pruebas. Una vez que el gobierno federal diga que ya no estamos en emergencia, todos los fondos desaparecerán y todo costará”.
Cuatro días después, el 30 de enero, la administración Biden hizo exactamente lo que predijo Rojas: anunció un plan para poner fin a la emergencia nacional de salud pública para el 11 de mayo.
A partir de ese momento, el gobierno federal ya no cubrirá los costos de las pruebas, la vacunación o Paxlovid, ni garantizará que los proveedores los ofrezcan de forma gratuita. En cambio, dependerá de los estados determinar si se pagará o no la atención del COVID-19. En California, a pesar de la designación del gobernador Newsom del 28 de febrero como el final del estado de emergencia local, las vacunas ordenadas por un médico seguirán siendo gratuitas para las personas con Medicare y Medi-Cal, informó The Chronicle. Los pacientes con seguro privado deben tener cubiertas sus vacunas si son administradas por proveedores dentro de la red.
De por sí “las personas con bajos ingresos, sin ayuda alimentaria, en riesgo de desalojo y sin seguro médico [luchan] para hacer o asistir a las citas de vacunas, incluso [cuando] las vacunas [están] ampliamente disponibles”, informó Ed Yong para The Atlantic. En la Misión, parte de lo que hace que los sitios de la Latino Task Force sean tan exitosos es presentan muy pocas barreras: puede hacerse la prueba y vacunarse sin necesidad de contar con cobertura médica ni presentar identificación. Cuando la prevención y el tratamiento que salvan vidas ya no sean gratuitos o de fácil acceso, ¿cuántas vidas más se perderán? ¿Cuántas personas desarrollarán COVID-19 prolongado? ¿Cuántos perderán el trabajo?
“Una vez que el acceso a los servicios gratuitos esté disponible únicamente en los centros de salud o a través de las farmacias, eso aumentará las disparidades en la salud”, dijo a El Tecolote la médico Carina Márquez, cofundadora de Unidos en Salud. “Vemos que el acceso de baja barrera está ayudando… [así que] mantener estos proyectos [de] prestación de atención fuera del sistema va a ser muy importante”.
Entre los tres sitios de apoyo contra el COVID-19 de la Latino Task Force, el del 701 Alabama y el de Unidos ubicado en la Misión, y el de 20 Norton en el Excélsior, se han administrado más de 60 mil dosis de vacunas contra el COVID-19 y más de 30 mil vacunas pediátricas. “Una gran proporción [fue a personas que] no tienen seguro… o no pueden acceder fácilmente a una clínica”, informó Márquez. Para junio del año pasado, se habían realizado más de 230 mil pruebas de detección del COVID-19 en el sitio y se habían distribuido más de 200 mil kits caseros. Cuando las personas dan positivo, la Latino Task Force (LTF) proporciona “alimentos, PPE y artículos de limpieza… durante el período de aislamiento”, explicó Susana Rojas.
Pero el 31 de diciembre, antes del anuncio del gobierno federal, finalizó la subvención de la LTF con el Departamento de Salud Pública de San Francisco (SFDPH, por sus siglas en inglés). Como resultado, se despidió a ocho personas y se redujeron las horas, según informa Rojas. Se recortó el financiamiento de la ciudad para los servicios de divulgación sobre el COVID-19 con un enfoque cultural pertinente, y la LTF está invirtiendo el dinero de su centro de recursos para continuar brindándolos. A este ritmo, —con la eliminación del financiamiento federal y casi todo el del DPH— la LTF tiene suficiente dinero para mantener sus sitios hasta el 30 de junio, según informa Tracy Gallardo, una de las fundadoras de la coalición. Más allá de eso, es probable que no puedan continuar sin el apoyo adicional de la ciudad o el estado.
Este resultado sería devastador: un golpe al progreso que han logrado los sitios comunitarios no solo para reducir las brechas de equidad en la atención del COVID-19, sino también las brechas de equidad en la atención médica en general. Además de las pruebas, vacunas, refuerzos y tratamiento contra el virus, Unidos en Salud proporciona pruebas de detección del VRS (virus respiratorio sincitial), gripe, VIH y diabetes. El sitio también actúa como puerta de entrada a la atención a largo plazo, ayudando a conectar a los pacientes con Medi-Cal.
En resumen, los sitios de salud comunitarios siguen siendo esenciales y aún queda mucho por hacer para evitar pérdidas. “Todavía tenemos mucho trabajo por hacer con los refuerzos bivalentes”, dijo Márquez. En San Francisco, que contó con tasas de vacunación de la serie primaria del 86 por ciento, solo el 37 por ciento de la población elegible recibió el último refuerzo. Entre los residentes latinos de la ciudad, menos aún tienen la última vacuna: solo el 24 por ciento. “Hay una gran cantidad de datos que muestran qué tan bien están funcionando [los refuerzos bivalentes] en términos de prevención de resultados graves del COVID-19, especialmente para las personas mayores”, agregó Márquez. «Venga a ponerse la dosis bivalente si aún no se la ha puesto».
Cuando se le preguntó al SFDPH sobre el estado de las negociaciones para continuar con la financiación, no comentó directamente sobre el tema; en cambio, enfatizó que continúa «financiando los servicios de vacunas en el sitio de las calles 24 y Capp», así como a los proveedores que brindan pruebas y vacunas a las “comunidades afectadas”. Pero con la eliminación de la red de seguridad que era el estado de emergencia federal, San Francisco necesita hacer más para garantizar la salud pública, no limitar su alcance de apoyo.
En California, unas 40 personas siguen muriendo cada día de COVID-19. En promedio, en la primera semana de febrero, casi cuatro mil personas se contagiaron diariamente, y de ellas, entre un diez y un treinta por ciento desarrollará algún tipo de COVID prolongado. Para aquellos que tienen trabajos precarios, o que pueden no tener pago por enfermedad, contagiarse de este virus puede significar la pérdida de ingresos para cubrir las necesidades básicas. Un estudio del otoño pasado encontró que el 22 por ciento de los latinos encuestados perdieron trabajos debido al virus, y el 33 por ciento había perdido su salario tras haber faltado al trabajo.
“Nosotros fuimos los que obtuvimos pruebas y servicios de atención del COVID-19 en la Misión. Porque antes de eso, la ciudad lo estaba ofreciendo en Embarcadero, en Marina, ¿qué pasó con la gente de color? ¿Qué pasó con los negros y los morenos?, preguntó Aleks Zavaleta, quien ayuda a administrar los sitios de prueba de la LTF. Casi tres años más tarde, después de repetidas pruebas de que los latinos en San Francisco han sido y continúan siendo desproporcionadamente afectados por el virus, no tendríamos por qué hacernos la misma pregunta.
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Para pruebas gratuitas de detección del COVID-19, acuda al 701 de la calle Alabama, los jueves de 10 am a 3 pm, al centro de pruebas y vacunación en las calles 24 y Capp los lunes, viernes y sábados de 9 am a 3:45 pm, o al 20 de la calle Norton, los lunes de 10 am a 5 pm.
Para vacunarse contra el COVID-19, acuda a los mismos sitios, en el 701 Alabama los jueves de 11 am a 3 pm, en la 24 y Capp los lunes, viernes y sábados de 9 am a 3:45 pm, o en el 20 de la calle Norton los jueves y sábados de 11 am a 4:45 pm y los sábados de 9:30 am a 3:30 pm.