El 23 de abril el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó la destitución inmediata de Claudia Liduvina Escobar Campos, entonces comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), acusándola de cometer «probables actos [que] afectan gravemente el funcionamiento del IAIP y el incumplimiento de sus funciones».
Antes de su destitución, Escobar emitió un comunicado en el que denunciaba los ataques de sus compañeros comisionados de dicho instituto nombrados por el presidente, calificándolos de «estrategia de presión y acoso». Considera que sus declaraciones públicas sobre los retrocesos en materia de transparencia durante la actual administración y su constante defensa del acceso público a la información han sido interpretadas como una amenaza por los funcionarios de la administración.
Escobar fue nombrada comisionada del IAIP en 2019 mediante un proceso democrático, participativo y transparente. También es conocida por su trabajo con Las Febes, una organización sindical feminista que se centra en la sindicalización de las trabajadoras del sector informal y en la lucha por la equidad de género en el trabajo. Desde el principio de su nombramiento como comisionada ha liderado los esfuerzos en materia de género y transparencia en el instituto y, con los constantes ataques de la administración Bukele contra los sindicatos, no es de extrañar que tener una comisionada pro-sindical sea visto como una amenaza. Escobar se ha mostrado muy comunicativa en las entrevistas con los medios de comunicación sobre el descenso de las audiencias, las resoluciones y el debilitamiento del Instituto. Según Escobar, ha sido víctima de una constante persecución desde febrero, a manos de los comisionados del IAIP nombrados por el presidente a puerta cerrada.
Sin embargo, este ataque a Escobar no es un hecho aislado. La destitución se produjo en un periodo postelectoral que se ha caracterizado por un aumento de la persecución política con tintes misóginos contra personas que han denunciado retrocesos en materia de transparencia, derechos humanos y democracia en el país. Tras las elecciones legislativas, municipales y parlamentarias del 28 de febrero, un activista de Nuevas Ideas atacó a dos candidatas del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) durante el recuento final de votos. El activista de Nuevas Ideas acosó sexualmente y agredió verbalmente a Daniela Genovés, candidata a la Asamblea Legislativa, y a Karina Sosa, candidata al Parlamento Centroamericano. El hecho fue captado en un video compartido en línea por el agresor donde se ve a Genovés siendo seguida y acosada verbalmente. Tras la publicación del video, él y otras personas siguieron atacando y amenazando a Genovés y Sosa en Internet.
Poco después, las feministas salvadoreñas salieron a la calle el 7 de marzo para la marcha anual del Día Internacional de la Mujer. Durante la marcha, la policía intentó detener a dos mujeres, hiriendo a una, mientras el gobierno desplegaba contingentes militares y miembros de la policía antidisturbios. En línea, los funcionarios del gobierno acudieron a las redes sociales para desacreditar y desprestigiar la marcha.
Esta respuesta altamente militarizada es profundamente preocupante y ha sido denunciada por los organizadores como un intento de sofocar la acción colectiva para exigir justicia y el fin de la violencia misógina.
Desgraciadamente, la violencia de género es tan frecuente en la Asamblea Legislativa como en las calles, con ataques constantes al trabajo, los programas y los proyectos de ley que proporcionan a las mujeres de El Salvador más salud, seguridad y autonomía.
Desde que el presidente Bukele asumió el cargo, disolvió cinco secretarías de Estado sin la aprobación de la Asamblea Legislativa, lo que supuso el despido de mil empleados públicos, el 80% de los cuales eran mujeres.
Además, los drásticos recortes presupuestarios en los programas comunitarios afectan de forma desproporcionada a las mujeres. Uno de esos programas fue Ciudad Mujer, que ofrecía a las mujeres servicios sanitarios y formación profesional, así como apoyo a las supervivientes de agresión sexual. Las feministas también denunciaron que la orden de cuarentena nacional del gobierno y la respuesta a la pandemia carecían de una perspectiva feminista, ya que los casos de violencia contra las mujeres aumentaron durante la pandemia del COVID-19.
Además, la recién elegida Asamblea Legislativa, liderada por Nuevas Ideas, ha desestimado la legislación que habría protegido los derechos de las mujeres cis y trans. La despenalización del aborto en El Salvador ha sido una lucha constante durante la última década, exigiendo un alivio de las leyes de aborto más duras del mundo.
Mientras las activistas de los derechos de género trabajaban incansablemente para acabar con esta forma de violencia sancionada por el Estado a través de su propuesta de ley, los legisladores de Nuevas Ideas desecharon por completo el proyecto, optando por negar el derecho de las mujeres salvadoreñas a la autonomía corporal. En esa misma reunión, los legisladores también rechazaron la Ley de Identidad de Género que habría permitido a las personas trans y no binarias cambiar sus nombres y su identidad de género en sus documentos legales. Al desechar esta ley también, el contingente de Nuevas Ideas dejó claro que no priorizan la seguridad y el bienestar de las mujeres trans y de la comunidad trans y no binaria en general.
El apoyo constante del presidente Bukele al aumento de la vigilancia policial y la militarización en el país tiene consecuencias nefastas para las mujeres cis y trans, especialmente para estas últimas, que son con mayor frecuencia el blanco de la violencia policial. Precisamente en 2019, tres policías fueron condenados por el asesinato de Camila Díaz Córdova, una mujer trans que había sido deportada de los EEUU tras solicitar asilo porque temía por su vida en El Salvador. Lamentablemente, el caso de Camila no es el único y hay muchos casos de mujeres trans que han sufrido violencia a manos de la policía.
Recientemente se produjo el horrible descubrimiento de más de 40 cadáveres, en su mayoría de mujeres, en la propiedad del ex policía Hugo Osorio Chávez. Se detuvo a otros nueve sospechosos que podrían haber sido cómplices, entre ellos ex agentes, soldados y traficantes de personas. Y aunque los medios de comunicación dominantes quisieran pintar a Chávez y a los policías que mataron a Camila Díaz Córdova como unas pocas «manzanas podridas», la realidad es que la violencia de género está profundamente entrelazada con la aplicación de la ley. Sin embargo, a pesar de estos casos y muchos más, el presidente sigue dando prioridad a la financiación de las fuerzas de seguridad y restando prioridad a la legislación y la financiación de recursos que podrían allanar el camino hacia la justicia de género en El Salvador.
En el poco tiempo que lleva en el cargo, Bukele y sus partidarios están deshaciendo rápidamente décadas de progreso para la liberación del género en el país. Y aunque los incidentes descritos en este artículo puedan parecer hechos puntuales, todos ellos apuntan a la misoginia sistémica que ha existido históricamente en El Salvador y que ahora personifica el presidente de la república.
Las acciones de Bukele y su administración perpetúan la idea de que ser feminista y criticar públicamente al presidente es un acto criminal punible. La administración tiene un patrón constante de ataque a cualquier oposición política, especialmente si proviene de las mujeres. Este desprecio y falta de respeto públicos contra las mujeres alimenta un entorno social que condona la misoginia, permitiendo a la gente, especialmente a los hombres, sentir que pueden atacar a las mujeres con impunidad, en las calles, en sus casas, en el trabajo o en Internet.
Mientras observamos desde lejos este rápido retroceso de los derechos de las mujeres, la comunidad internacional tiene el deber de actuar en solidaridad con las mujeres y los movimientos feministas de El Salvador, que están en constante amenaza de ataques por denunciar al presidente y su administración. Tenemos que hacerles saber que no hemos dejado de lado los temas feministas y que no dejaremos que esta administración siga desmantelando los avances logrados.
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