Bogotá, Colombia – En el barrio Soledad, Deisy Paricio enciende velas durante una ceremonia conmemorativa por los que han muerto durante los 10 sangrientos días de protesta en Colombia. “Estamos aquí para denunciar las acciones de un régimen criminal”, dice con fría determinación su voz que roza la furia. “Estamos exigiendo justicia. Estamos exigiendo dignidad para las víctimas de este gobierno”.
Alrededor de ella, centenares de manifestantes llevan antorchas y velas en sus manos, mientras lanzan unísono el cántico de “El pueblo unido, jamás será vencido”.
Después de unos minutos de silencio, un orador lee los nombres de las 34 personas que han perdido la vida desde que empezaron las protestas el 28 de abril. Después de cada uno, los manifestantes golpean las cacerolas que han traído justamente para este propósito, una táctica de protesta comunitaria latinoamericana que existe desde hace décadas, el llamado cacerolazo.
El ambiente en la ceremonia conmemorativa es muy diferente a hace tan solo 8 días, cuando decenas de miles de personas salieron a las calles cantando y bailando, en una masiva y festiva manifestación de protesta en el centro de la ciudad, donde enseguida fueron rociados con gas por las fuerzas policiales, y las refriegas en las calles entre jóvenes enojados y policías colombianos desbordando por las calles laterales del laberíntico centro de Bogotá.
Día tras día el estado de ánimo se ha hecho cada vez más nefasto mientras continúa extendiéndose la violencia estatal contra las protestas predominantemente pacíficas. La policía ha confirmado 34 muertes, aunque dicen que 7 de ellas no tienen relación con las protestas. Las ONG de la región declaran que las cifras reales son mayores que las que reflejan las estadísticas oficiales. Temblores, un grupo de derechos humanos de Bogotá que ha estado siguiendo la violencia, informa de 37 muertes y de más de 300 heridos, con 1728 casos registrados en total de violencia policial.
“Hemos mirado la creciente violencia con suma preocupación”, dijo Alejandro Lanz, codirector de Temblores. “La mayoría de las víctimas que tenemos registradas eran jóvenes que estaban protestando pacíficamente. No hay garantía de vida para nadie”.
Las redes sociales se inundan cada noche con una oleada de explícitos y perturbadores videos de violencia, principalmente a manos de la policía, mientras los jóvenes libran batallas consecutivas en las calles en medio del gas lacrimógeno y las granadas aturdidoras.
Tanto Temblores como otra ONG, Indepaz, un grupo de seguimiento de la paz en Colombia, han informado haber recibido informes fiables de fuego indiscriminado de la policía contra civiles en medio del caos.
“Me tengo que ir”, dijo Lanz a EMS a las 9 de la noche del 7 de mayo, interrumpiendo una entrevista. “Como todas las noches estamos a punto de empezar a recibir informes de la violencia que ocurre por todo el país. Nuestros investigadores y abogados concentrarán toda su atención en eso durante las próximas horas”.
Los activistas convocaron una huelga nacional en Colombia hace casi un mes por el aumento de la violencia, una ola de asesinatos de líderes sociales, el aumento de la pobreza, así como la desigualdad y lo que los críticos ven como promesas incumplidas por parte del gobierno del presidente Iván Duque en cuanto al acuerdo de paz de 2016 con el grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El trato puso fin a una guerra civil en Colombia de 50 años, pero fue también altamente polémico. Duque ganó las elecciones de 2018 prometiendo desmontar aspectos del acuerdo, y ha cumplido esas promesas. Las inversiones prometidas a las comunidades rurales nunca llegaron, las tácticas de la guerra contra el narcotráfico se intensificaron, y aquellos que perdieron sus tierras en el conflicto de medio siglo, que esperaban que la paz significara poder volver a casa, aún están esperando.
Esos problemas se han estado calentando poco a poco durante años, y culminaron en 2019 con protestas masivas que se suspendieron con la llegada de la COVID a Colombia. Las protestas se quedaron en reposo bajo las medidas extremas del confinamiento y una economía dañada que aumentó la tasa de pobreza al 42.7%.
Un proyecto de ley de impuestos profundamente impopular que hubiera aumentado el costo de los alimentos y bienes básicos del consumidor, impulsó inmensamente el movimiento de protesta con el apoyo popular, y ocupó un papel destacado como tema titular que conducía el movimiento, pero las severas medidas policiales y la retórica radical del partido de Duque pronto desplazaron a los impuestos como enfoque principal de los que estaban en las calles. El polémico proyecto de ley ya ha sido retirado, pero las protestas se han transformado en una insatisfacción más profunda con el gobierno en sí.
La respuesta del gobierno ha sido principalmente la de una retórica radical contra los manifestantes. La consejera presidencial en derechos humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, declaró en una entrevista con la revista Semana que “Los derechos humanos solo existen para los ciudadanos que cumplen sus obligaciones como parte de la sociedad”.
Varios políticos del partido Centro Democrático de Duque han descrito a aquellos en las calles como ‘terroristas’, ‘narcos’, incluso han declarado que los manifestantes están organizados por grupos de guerrilla. Estas acusaciones se han hecho sin pruebas.
“El ímpetu por el momento está claramente con los manifestantes”, dijo Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, un grupo de investigaciones y consultoría en Bogotá. “El gobierno también es consciente de que está atrasado en la narrativa y se está desesperando cada vez más. El gobierno no ha ofrecido nada más que una retórica de temor desde que comenzaron las protestas, y más allá de su base, no está encontrando un público receptivo”.
Mientras tanto, el gobierno ha militarizado varias ciudades y ha hablado públicamente de declarar un estado de emergencia nacional, una medida que podría significar la suspensión del derecho de protesta.
Las Naciones Unidas, el Observatorio de Derechos Humanos, y la Embajada de los EEUU en Colombia han exigido el freno a la escalada y el respeto a los derechos de los manifestantes.
De nuevo en Soledad, en la ceremonia para los que pagaron el último precio durante las protestas, Ana, que se negó a dar su apellido, se sienta junto a su novio –la pareja agarrada de la mano mientras se leía el último de los nombres de las víctimas.
“Solo queremos que el presidente Duque escuche lo que tenemos que decir”, dijo. “Parece que todos los políticos, todos los expertos, todos los medios quieren decirnos lo que pensamos. Esta violencia fue tan sin sentido. Todo se podía haber evitado fácilmente si tan solo escucharan”.