El 27 de marzo, en el popular destino turístico de Tulum (México), Victoria Salazar, de origen salvadoreño, fue asesinada por un policía. Las imágenes de su muerte, grabadas por cámaras de vigilancia se hicieron virales, muestra a Salazar siendo esposada, sin poder respirar, mientras una mujer policía la somete con la rodilla puesta sobre su espalda, mientras otros policías la rodeaban.
En respuesta a un reporte sobre una mujer intoxicada en una tienda, se ve a los policías arrojar a Salazar a la parte trasera de una patrulla, descalza y sin fuerzas. Su muerte acaparó la atención internacional por su similitud con el caso George Floyd, otra víctima de la violencia policíaca, que muriera a manos de Derek Chauvin el verano pasado en Minnesota.
Victoria Salazar, de 36 años y madre de dos hijas adolescentes de 15 y 16 años, era una migrante de El Salvador radicada en México con un visado humanitario desde 2018. Como muchos otros migrantes, Salazar trabajaba como ama de llaves en un hotel en el popular destino turístico mexicano de Tulum, y planeaba establecerse permanentemente en ese país.
Su asesinato a manos de agentes de la policia estatal, lo caracteriza como una cuestión transnacional porque su historia y experiencia de migración habla de un proyecto mayor de violencia donde el Estado permite a agentes del order ejercer la aplicacion de la violencia en lugar de su desescalada. La respuesta de la policía a una llamado por ‘disturbios públicos’ resultó en el asesinato de Salazar, cuya naturaleza como salvadoreña significaba tener menor valor que la vida de los turistas ricos que causan disturbios en la vía pública, en un popular destino turístico como Tulum.
Grupos de activistas, como Comunidad en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), conectan la similitud del asesinato de Salazar con el de George Floyd como parte de esta lucha transnacional que los BIPOC (comunidades de color) soportan a manos del Estado. «Muchos han señalado que la forma brutal en que la policía mexicana mató a Victoria replica la forma en que los policías de Minneapolis mataron a George Floyd. Esto no es una coincidencia», se lee en un comunicado de CISPES. «La violencia estatal perpetrada contra la población negra en los EEUU está intrínsecamente conectada con la violencia estatal a la que los centroamericanos, particularmente los indígenas y los afrocentroamericanos, son sometidos en sus países de origen y mientras migran. La naturaleza transnacional de esta violencia requiere una respuesta transnacional».
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, emitió un comunicado condenando a los cuatro policías involucfados en el asesinato de Victoria Salazar, y posteriormente tuiteó que el gobierno mexicano debe aplicar «todo el peso de la ley a los responsables».
A continuación, todos los agentes cómplices de esta muerte fueron despedidos y acusados de feminicidio, ya que sus acciones fueron «más allá del procedimiento».
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que Salazar había sido «brutalmente tratada y asesinada», durante el Foro Generación Igualdad celebrado en México, y que sus asesinos serían perseguidos «sin impunidad». Dicha declaración condenando la acción de estos cuatro policías insinúa que el asesinato de Salazar fue un error individual mas no un problema sistémico.
Esta muerte a manos de agentes de la policía mexicana se enmarca en el aumento de la violencia contra las mujeres por razón de su género, que se ha acuñado como feminicidios. A pesar de las declaraciones de Obrador y Bukele, los feminicidios en México y El Salvador siguen en aumento.
Según el Fiscal General de México, Alejandro Gertz Manero, los feminicidios han aumentado un 137 por ciento en los últimos cinco años. El feminicidio de Victoria Salazar, como mujer migrante centroamericana, en un popular destino turístico, habla de la violencia que experimentan las migrantes a manos del Estado y su policía. Esto nos lleva a preguntarnos: si su asesinato fue a manos de representantes del orden ¿cómo se puede responsabilizar realmente al Estado?
Los grupos feministas salvadoreños piden un cambio sistémico tangible y acciones, en lugar de tuits y declaraciones en los medios de comunicación. El periódico feminista Revista La Brújula escribió que Victoria «fue asesinada por la policía, pero las violaciones de sus derechos comenzaron antes por el Estado salvadoreño… Sin duda, urgen políticas públicas para abordar el tema de la migración, pero también urge cambiar los imaginarios colectivos, todos esos discursos que llevamos años escuchando en contra de la migración, donde incluso se justifica la pérdida de derechos».
A Victoria Salazar le sobreviven sus dos hijas y su familia, quienes la velaron en el cementerio La Generosa de la colonial Sonsonate.