*Nota del Editor: Sam Moore es estudiante de periodismo, de la clase Medios de Comunicación Comunitarios. Impartida por el profesor Jon Funabiki, la clase es una colaboración con El Tecolote.
Después de un aumento reciente en los casos de COVID-19 en la cárcel de Santa Rita, miembros de la comunidad y organizadores locales se reunieron para una marcha y una conferencia de prensa afuera de la Sala de Justicia del Condado Este, en Dublín, el lunes 20 de julio, demandando al Departamento del Alguacil del Condado de Alameda la rendición de cuentas y liberación de los presos.
Oficiales de la cárcel reportaron 40 nuevos casos el 16 de julio, y 55 el siguiente día. A partir del 22 de julio, 178 personas contrajeron el virus, según informes de la oficina del alguacil. Al cierre de esta edición, el número de casos positivos ha incrementado a 208.
“No hay estaciones dentro para que la gente se lave las manos a menudo. No están repartiendo cubrebocas. Nadie en esa área tenía cubrebocas, excepto los guardias. Ellos permiten que la gente entre al área de la ducha, en el área de televisión, y mantienen a la gente en sus celdas, pero nadie tiene cubrebocas”.
—Byron Aldridge, 17 de junio de 2020.
Testimonios desde Santa Rita
(Cortesía de srjsolidarity.org)
Organizadores de la conferencia de prensa del lunes dieron testimonio de cómo las condiciones notoriamente inhumanas de la cárcel generaron un caldo de cultivo para que el virus se propagara al interior del recinto: “La cárcel de Santa Rita está impregnada de abusos sistemáticos de izquierda a derecha”, dijo José Bernal, director del Centro de Derechos Humanos Ella Baker.
“Estamos hablando de 46 muertos en custodia en los últimos 5 años hasta donde sabemos”, dijo Bernal y agregó:
“Esta pandemia solo empeora las cosas. En las últimas 48 horas entre el último viernes y domingo, los casos bruscamente aumentaron en un 1,500 por ciento. No podemos permitir que eso continúe. Estamos aquí demandando la liberación de nuestra gente de la cárcel de Santa Rita”.
Entre los presentes de la conferencia de prensa estaba Yolanda Huang, una abogada de derechos civiles que ha representado a prisioneros de esa prisión en varias demandas, incluyendo el caso Gonzales vs. Ahern, que hizo una huelga de hambre y trabajó con los presos en octubre pasado en protesta por las condiciones crueles y antihigiénicas del lugar.
De acuerdo a Huang, 85 por ciento de los reclusos en Santa Rita fueron procesados sin tener antes un juicio o sin haber sido acusados de un crimen.
“Eso significa que 85 por ciento de la población en Santa Rita es inocente pues no ha tenido su juicio, ni ha recibido condena”, dijo Huang. “Y así, ni siquiera, como inocentes, están protegidos por la ley. Han soportado todas las cosas terribles que se escucha suceden en Santa Rita. Santa Rita tiene uno de los mayores índices de mortalidad que cualquier cárcel en la Área de la Bahía o en California, y no podemos llegar al fondo de esto porque el enfoque del alguacil Ahern es de ser lo más opaco posible, sin dejar a la gente de afuera saber lo que está pasando”.
Huang colaboró con el Gremio Nacional de Abogados para armar la SRJ Hotline, un servicio de atención telefónica para que cualquiera que llame pueda hablar sobre la COVID-19 y las condiciones al interior del recinto. Los testimonios de los prisioneros son también recopilados y publicados en el sitio web Solidaridad Carcelaria de Santa Rita –muchos de los cuales documentan una sorprendente falta de atención médica, de equipo de protección individual (PPE, por sus siglas en inglés), saneamiento adecuado o cumplimiento de las medidas preventivas entre el personal.
“Este brote es una explosión inevitable”, dijo Lina García, la coordinadora de esa línea telefónica. “Las condiciones estuvieron a un nivel de crisis mucho tiempo antes de comenzar la pandemia. Es una realidad dentro de la cárcel que la gente no puede distanciarse socialmente o asearse adecuadamente, aunque quisieran”.
“Estaban ingresando gente sin examinar adecuadamente. Solo los estaban poniendo en la cápsula. Dado que había una afluencia tan alta de reclusos, simplemente los estaban sacando. Así que termine con un compañero de celda que creo probablemente estaba infectado con COVID. Él estuvo en mi celda por alrededor de 24 horas. Podría decir que había algo malo con él porque estaba sudando y no quería salir a comer o nada. Él dijo que estaba reaccionando al dejar la droga, y yo era como, ‘¿Estás seguro de eso? Deberías comunicarte con el personal médico.’ Pero él estaba como, ‘No, estaré bien.’ Unas horas después, lo sacaron”. Dos semanas después, comencé a sentir frío e inmediatamente supe que había algo mal conmigo. Raramente me enfermo. Fui directamente con el oficial Whitlock –él estaba de guardia ese día– y yo era como, ‘Oye hombre, sé que hay algo mal conmigo. Necesito ser visto por el personal médico. Así que terminé en cuarentena porque di positivo por COVID. Mientras estuve ahí, no prestaron servicios médicos. Pedí una cobija, nunca me la dieron. Les dijo que tenía mucho frío. No había empatía en absoluto hacia nosotros. Nos dejaron morir”.
—Angelo Valdez, 22 de mayo de 2020.
TESTIMONIOS DESDE SANTA RITA
(CORTESÍA DE SRJSOLIDARITY.ORG)
De acuerdo con García, la cultura entre los oficiales dentro de la cárcel probablemente contribuyó al brote: “Los oficiales ahí tienen una cultura de falta de respeto y crueldad. Creo que antes de la pandemia, esto resultó en una gran cantidad de abuso de poder y hacia los prisioneros. Ahora ha pasado sin problemas hacia una falta de respeto de medidas preventivas básicas que podrían evitar que la gente se contagie. Los oficiales se niegan hacer cosas simples como usar cubrebocas o cambiarse sus guantes cuando recorren las unidades de vivienda”.
García refirió varios pasos que el Departamento del Alguacil puede tomar para asegurar un ambiente seguro para los reclusos en Santa Rita –el primero, la liberación inmediata de todos los reclusos que no han tenido juicio. “La única manera de asegurar que la gente pueda guardar distancia social es reducir la población de la cárcel. Otro grupo que se puede liberar son los que están enfermos, para que puedan buscar ayuda médica en hospitales mejor equipados. Todos deben ser examinados después de su liberación”, dijo García. Y la cárcel debería proveer llamadas gratuitas a los prisioneros en vez de cobrarles $0.50 por minuto para llamar a seres queridos o abogados. Los oficiales deberían de enfrentar las consecuencias por fallar al no ponerse sus cubrebocas u observar otras medidas preventivas. Adicionalmente, el Condado de Alameda debe realizar inspecciones sin previo aviso por parte de un agente externo en lugar de visitas guiadas y planificadas.
“Estaba recluido en la cárcel de Santa Rita. Soy un recluso federal. Aún no tengo juicio. Mientras estuve alojado en la unidad 32, contraje el COVID-19. Primero Johnny, después Justin. Después otra gente presentó síntomas. El 18 de abril, comencé a toser. No podía respirar. Tenía fiebre, dolor de cabeza, diarrea, escalofríos. Estaba mareado. La luz me molestaba. Pensé que tenía el COVID, pero no sabía mucho sobre eso. La cárcel no me dio información. Se me puso en confinamiento solitario. La celda en la cual me pusieron era inmunda. Todo de esa celda lo era, las paredes, los pisos, el concreto donde se pone colchón, el lavamanos. Así que, cuando me pusieron ahí, ya me sentía mal, no me podía acostar porque la celda estaba tan sucia. Todo lo que pude hacer fue sentarme en el pequeño asiento de metal, por horas, hasta que ellos finalmente me trajeron suministros de limpieza. La cárcel solamente me tiró a una celda inmunda y cerró la puerta. El siguiente día, me dieron un examen para el COVID, y el 30 de abril, resulté positivo. En confinamiento no tuve nada. No pastillas para la tos, no cobija extra, no Tylenol, no bebida caliente, nada. Solo se está en ese cuarto sufriendo. Verdaderamente, pensé que iba a morir. Yo pienso en Johnny. Me pregunto si Johnny murió. Nunca más lo vi después de que se lo llevaron”.
—Tyronne Alexander Jones, 6 de mayo de 2020.
TESTIMONIOS DESDE SANTA RITA
(CORTESÍA DE SRJSOLIDARITY.ORG)
García dijo que organizadores y el Gremio Nacional de Abogados también están pidiendo la cancelación del contrato al Departamento del Alguacil con los alguaciles federales, que le permite a éste beneficiarse de recluir aquellos reclusos con casos federales. De acuerdo a García, 40 personas detenidas bajo este contrato probaron positivo por COVID-19 a partir del 17 de julio.
Aquellos que deseen llamar a la línea directa de SRJ pueden hacerlo al (510) 925-4060. Puede consultar los testimonios de los reclusos en la prisión de Santa Rita en el sitio web srjsolidarity.org.
Los oficiales de la prisión no respondieron a nuestra solicitud de réplica.