Perfilado como el primer ex jefe de Estado latinoamericano procesado por genocidio en su país, Efraín Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión por genocidio y crímenes contra la humanidad.
Sin embargo, en un fallo del lunes 20 de mayo, la Corte Constitucional de Guatemala anuló la condena y todas las actuaciones que se remontan al 19 de abril, fecha en que uno de los jueces que presiden el juicio lo suspendiera tras una disputa emprendida con otro juez sobre quién debería escucharlo.
No está claro cuándo podría reiniciarse el juicio.
La condena de Montt fue la primera confirmación oficial del Estado de que el genocidio ocurrió durante el mandato del general entre 1982 y 1983. Para muchos, la condena del pasado 10 de mayo es un paso hacia el proceso de curación de las heridas psicológicas de una de las guerras civiles más sangrientas de América Latina.
Miembros de la comunidad, activistas, estudiantes, refugiados y abogados se reunieron el 12 de mayo en el edificio del Buen Samaritano de San Francisco, ubicado en las calles
Potrero y la 24 en un foro público organizado con el propósito fue concienciar sobre los crímenes cometidos contra el pueblo Ixil y celebrar la victoria de la condena.
Una víctima del genocidio, ahora residente en San Francisco, Víctor Carrillo, expresó alivio que sintió luego de saberse el veredicto contra Montt.
“No sólo se está juzgando a una persona, no se juzga a un general, no… Se juzga una historia de opresión… Eso es lo que están juzgando”, dijo Carrillo, quien abandonó el país en su infancia y regresó en 1991.
El Supervisor del Distrito 9, David Campos, de origen guatemalteco, asistió al foro y señaló la importancia de “recordar y reconocer lo que está pasando”.
Campos refirió los síntomas del genocidio y cómo la guerra civil afectó a niveles incalculables: “Esta inmigración que hemos visto del país, cómo nace esta violencia en Guatemala: [por la] violencia económica, discriminación y la ausencia de derechos humanos”, afirmó Campos y agregó: “Aquí estamos en parte por culpa de esa historia”.
El hambre, la violación sistemática y desplazamientos forzados fueron utilizados como herramientas de guerra contra el pueblo Ixil para cuyos miembros, el solo hecho de formar parte de esa comunidad representaba un “ofensa mortal” para los guerrilleros de izquierda del gobierno militar, según un artículo de Will Grant, corresponsal de noticias de la BBC.
Una Comisión de la Verdad de la ONU dijo que las fuerzas del Estado y grupos paramilitares afines fueron responsables del 93% de los asesinatos y violaciones de derechos humanos, cometidos principalmente contra indígenas mayas. Los grupos indígenas representan aproximadamente la mitad de la población de Guatemala.
Almudena Bernabéu, directora del programa de justicia de transición en el Centro para la Justicia y Responsabilidad de San Francisco y abogada internacional, habló durante el foro: “Para aquellos que no creen en los derechos humanos, ésta fue una gran victoria”. “[El genocidio] fue la norma durante muchos años y finalmente ha alcanzado el punto de mira internacional”, agregó.
Durante la última década, los tribunales y los fiscales en varios países de América Latina han impulsado investigaciones y procesos en casos de desaparición, tortura y asesinato de opositores políticos bajo los regímenes anteriores.
En Argentina, a partir de 2013, más de 1.800 personas fueron llevadas a juicio en los casos derivados de la guerra de la década de 1970. Muchos de los acusados están siendo procesados en juicios que involucran a decenas de acusados, cientos de víctimas y testigos.
En Chile, 800 agentes del Estado están siendo juzgados en 1342 casos de asesinatos, desaparición forzada o tortura durante la dictadura de Pinochet. De ellos, 250 ya han sido condenados.
En Perú, el ex presidente Alberto Fujimori fue condenado por ambos delitos contra los derechos humanos y otros relacionados con corrupción; varios de los miembros superiores del ejército también están en la cárcel.
De igual forma, se están llevando a cabo investigaciones y procesos por delitos cometidos por los gobiernos anteriores en Uruguay, Colombia, Ecuador y Brasil.
El foro en el Buen Samaritano terminó cuando los ponentes y miembros de la audiencia se reunieron en el escenario. Como una comunidad unida, los asistentes gritaron “¿Qué es lo queríamos? ¡Justicia! ¿Y qué tuvimos? ¡Justicia!” Pese a que la condena ha sido anulada, los miembros de la comunidad conservan el sentir de que sus gritos han sido escuchados.
—Traducción Emilio Ramón