Mientras California se encamina hacia una disputa por la propuesta de un impuesto estatal a las fortunas multimillonarias, San Francisco se ha convertido en un campo de batalla anticipado, donde el electorado evalúa si incrementar los tributos a las corporaciones con amplias brechas entre los sueldos ejecutivos y los del personal operativo.
Conocida también como el “Impuesto a los directivos sobrerremunerados”, la Propuesta D aumentaría los impuestos a las empresas en San Francisco con ingresos anuales superiores a 5 millones de dólares, en caso de que la alta dirección perciba al menos cien veces el sueldo de una persona de la plantilla promedio.
Quienes apoyan la medida señalan que, en la práctica, sólo afectaría a corporaciones con mil o más integrantes en su personal y con al menos mil millones de dólares en ingresos anuales, ya que son las que tienen mayor probabilidad de alcanzar tanto la escala como las disparidades salariales extremas necesarias para activar el recargo.
El electorado aprobó por primera vez un impuesto a los sueldos ejecutivos en 2020 y, posteriormente, respaldó una reducción de la tasa de aproximadamente el 80% bajo una reforma negociada en 2024. Según la legislación actual, el impuesto calcula el salario medio del personal de una empresa que trabaja en San Francisco.
La Propuesta D ampliaría esa comparación para incluir a la plantilla de la empresa a nivel global, lo que probablemente ampliaría la brecha salarial e incrementaría el impuesto adeudado. La medida también multiplicaría por ocho, aproximadamente, las tasas impositivas, las cuales se situarían entre el 0.2% y el 1.1% de los ingresos brutos en San Francisco, dependiendo de la magnitud de la disparidad salarial.
La contraloría de la ciudad estima que esta medida podría generar entre 250 y 300 millones de dólares anuales para el fondo general, aunque los ingresos podrían variar según las condiciones económicas y la respuesta de las empresas.
La medida cuenta con el respaldo de una amplia coalición de sindicatos, que también han aportado la mayor parte del financiamiento de la campaña, incluyendo las secciones locales del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, por sus siglas en inglés), el Consejo Laboral de San Francisco, el sector docente, el personal de enfermería, el cuerpo de bomberos y otras agrupaciones de la clase trabajadora.
Quienes la apoyan afirman que la ciudad necesita ingresos adicionales para financiar los servicios públicos en medio de los déficits presupuestarios y los recortes de fondos estatales y federales, así como para hacer frente a la desigualdad en un momento de tensión fiscal. Por el contrario, el sector opositor la considera un retroceso arriesgado que podría debilitar la recuperación económica y desestabilizar el sistema tributario.
San Francisco enfrenta un déficit estructural de aproximadamente 936 millones de dólares para los próximos dos años fiscales, resultado de una combinación de menores ingresos, costos crecientes y los recortes federales previstos. Un importante punto de presión proviene de la política federal: las autoridades municipales estiman que las modificaciones a programas como Medi-Cal y la asistencia alimentaria podrían costarle al municipio más de 200 millones de dólares anuales para el periodo 2027-2028, ampliando la brecha entre el gasto y los ingresos.
Para compensar el déficit, la administración municipal notificó recientemente el despido de más de 120 personas en distintos departamentos, incluyendo puestos en salud pública y programas de apoyo al personal. Estas medidas fueron criticadas por los liderazgos sindicales, quienes señalaron que afectan de manera desproporcionada a los servicios de atención directa y de soporte, en lugar de reducir los costos administrativos.
En una concentración celebrada en abril y organizada por el SEIU, organización que encabeza la campaña de la Propuesta D, Jeannette Longtin —consejera afectada por los despidos en el Programa de Asistencia al Personal— expresó la frustración compartida por gran parte de la concurrencia: “La ciudad ha elegido a la gente rica y a las corporaciones adineradas por encima de su personal”. Estoy muy indignada”.
María Elena Healy, especialista en enfermería clínica también afectada por los despidos en el Hospital Laguna Honda, advirtió que eliminar este tipo de puestos clínicos en dicha institución era una medida “corta de miras”, e instó al electorado a apoyar la Propuesta D para restablecer el financiamiento y evitar nuevos recortes. “Las grandes corporaciones deben pagar lo que les corresponde, lo cual ayudaría a financiar los servicios esenciales”, afirmó.
Un voto a favor de esta iniciativa ampliaría el impuesto a la remuneración ejecutiva. Para ello, el cálculo de la brecha salarial entre la alta dirección y el personal operativo se realizaría tomando en cuenta a la plantilla global de la empresa, en lugar de limitarse a quienes trabajan en San Francisco; además, se incrementarían las tasas impositivas a un rango de entre el 0.2% y el 1.1% de los ingresos brutos en la ciudad, dependiendo de la magnitud de dicha disparidad.
Un voto en contra mantendría la estructura actual, basada únicamente en el personal que labora localmente, así como el rango vigente de entre el 0.02% y el 0.1% anual de los ingresos brutos de la empresa en la ciudad —según el tamaño de la brecha salarial entre la dirección y la plantilla—, con un ligero incremento programado para 2028.
El país presta atención
La Propuesta D ha atraído la atención nacional como una prueba piloto de un impulso mayor para gravar la riqueza concentrada a nivel local. El senador estadounidense Bernie Sanders, quien respaldó recientemente la medida, la considera parte de un esfuerzo más amplio para obligar a las grandes corporaciones a “pagar lo que les corresponde” en medio de la creciente desigualdad y los recortes federales a los programas sociales.
“Nunca antes en la historia de nuestro país hemos visto el nivel de desigualdad de riqueza e ingresos que presenciamos hoy”, afirmó Sanders, quien dio su respaldo a la iniciativa en abril. “El ‘Impuesto a los directivos sobrerremunerados’ de San Francisco hará que estas corporaciones paguen lo que les corresponde. Este tributo financiará servicios esenciales como los hospitales públicos y la atención domiciliaria para la población mayor”.
Entre los respaldos también se encuentran la representante Nancy Pelosi, el candidato a la Cámara de Representantes, Saikat Chakrabarti, y las candidaturas demócratas a la gobernación, Tom Steyer y la exrepresentante Katie Porter. Aunque algunas figuras prominentes que apoyan la medida no han profundizado públicamente sobre su postura, Chakrabarti ha defendido la iniciativa como un recargo específico para las corporaciones más grandes, argumentando que ayudará a compensar los recortes federales a los servicios esenciales.
El liderazgo municipal respalda la medida
Parte de la Junta de Supervisores de San Francisco ha respaldado el incremento fiscal impulsado por los sectores sindicales, considerándolo como una respuesta necesaria ante los recortes que se avecinan.
En declaraciones para el San Francisco Examiner, Bilal Mahmood afirmó que la Propuesta D era “la única medida por la que votará este año que proporcionará una fuente de ingresos significativa” para ayudar a cerrar la brecha presupuestaria de la ciudad.
En un cuestionario publicado por Mission Local, Mahmood señaló que el impuesto solicita “únicamente a las corporaciones más grandes que paguen alrededor de un 1% de impuesto sobre los ingresos brutos”, al tiempo que protege a los pequeños negocios.
En el mismo cuestionario, el supervisor Danny Sauter enmarcó de manera similar el tributo como una vía para evitar recortes en los servicios esenciales, mientras que desde la supervisión de Jackie Fielder se afirmó que la medida era necesaria “en una ciudad donde tanta riqueza está en manos de tan pocas personas”. Por su parte, Connie Chan planteó la propuesta como un esfuerzo para hacer frente a la desigualdad: “¿Cómo abordamos la brecha entre la alta dirección y la plantilla?”, cuestionó, añadiendo que las grandes corporaciones deben “pagar lo que les corresponde”.
San Francisco a la cabeza en el debate
Los medios de comunicación a nivel nacional han catalogado a San Francisco como un terreno de prueba. Un informe de Politico citó a Jay Cheng —quien recientemente dejó la dirección de Neighbors for a Better San Francisco, una agrupación de defensa política con un fuerte respaldo financiero—, describiendo la disputa como la “primera línea en la batalla por el impuesto a las fortunas multimillonarias”.
Como principal sector opositor a la iniciativa, dicha agrupación respalda una medida rival: la Propuesta C. Esta última preservaría la reducción del recargo a la remuneración ejecutiva aprobada en 2024 y ampliaría el número de empresas exentas de este impuesto, elevando el umbral para incluir a los negocios con ingresos inferiores a 7.5 millones de dólares. (Consulte el análisis a la Propuesta C, para una explicación detallada).
La campaña impulsada por el sector empresarial a favor de la Propuesta C y en contra de la Propuesta D (‘Sí a la C, No a la D’) ha superado en recaudación a su contraparte en una proporción de tres a uno, gracias a seis grandes fortunas que aportaron más de 2 millones de dólares de los 3.3 millones recaudados hasta el momento.
Por su parte, la campaña a favor de la Propuesta D (‘Sí a la D’) ha recaudado cerca de 1 millón de dólares, provenientes en su mayoría de organizaciones sindicales y de las miles de personas de la clase trabajadora cuyas cuotas sostienen a dichas agrupaciones.
El sector opositor señala una cuestión de oportunidad en los tiempos: la medida D llega apenas dos años después de que el electorado aprobara la reforma fiscal negociada entre los sectores sindicales y empresariales, la cual redujo el recargo a la remuneración ejecutiva en aproximadamente un ochenta por ciento. Revertir ese acuerdo tan pronto, argumentan, podría generar inestabilidad y desincentivar la inversión.
Asimismo, en los documentos de oposición a la medida presentados ante el Departamento de Elecciones de San Francisco, el supervisor Matt Dorsey señaló que esta perjudicaría la recuperación económica de la ciudad tras la pandemia.
“Estos incrementos se aplicarían a importantes empresas de abarrotes, comercio minorista y de atención directa al público en las que la población residente y trabajadora confía a diario”, señaló Dorsey. “Cuando las principales entidades empleadoras se repliegan o se marchan, los impactos repercuten en los vecindarios, perjudicando a los pequeños negocios, a la clase trabajadora y a los ingresos municipales”.
Preocupaciones similares fueron planteadas por Mike Chen y Jade Tu, integrantes del Comité Central de Condado del Partido Demócrata de San Francisco; los liderazgos del sector tecnológico Garry Tan y Chris Larsen; la organización sf.citi y la Cámara de Comercio de San Francisco, principal entidad promotora de la medida rival.
La alcaldía también se opone a la medida, advirtiendo que podría debilitar la recuperación económica y profundizar las divisiones políticas. Se ha argumentado desde su gestión que ninguna de las dos propuestas resolverán los desafíos fiscales inmediatos de la ciudad.
Lurie también calificó el choque entre ambas iniciativas como “una señal clara de un sistema que no funciona y que beneficia a los sectores con influencias a expensas de la población cotidiana de San Francisco”, sugiriendo que el proceso de propuestas ciudadanas permite a grupos poderosos eludir la vía normativa de diseño de políticas, forzar costosas batallas en las urnas y reabrir repetidamente asuntos ya acordados sin ofrecer necesariamente soluciones oportunas o estables para el presupuesto de la ciudad.
En caso de que se aprueben tanto la Propuesta C como la D, prevalecerá aquella con mayor votación. Este tipo de controversias suelen resolverse mediante litigio judicial.