En lo que se ha considerado un acontecimiento bastante inusual, Dennis Herrera, fiscal de San Francisco, anunció el pasado 3 de febrero haber presentado una demanda contra el Distrito Escolar Unido de San Francisco (SFUSD) y el Consejo de Educación (BOE) por considerar que su estrategia de reapertura de las escuelas públicas de la ciudad son «sumamente inadecuadas y no cumplen los requisitos básicos establecidos por el Estado» para, siempre que sea posible, impartir clases presenciales.
La alcaldesa London Breed expresó públicamente su apoyo a dicha demanda y añadió que «la ciudad ha ofrecido recursos y personal para preparar las instalaciones escolares y apoyar las evaluaciones a nuestros profesores… Hemos ofrecido la asesoría y la experiencia del Departamento de Salud Pública… Tenemos que conseguir que nuestras escuelas abran».
A pesar de las declaraciones hechas por Herrera y Breed, cabe señalar que el sitio web del SFUSD ha hecho públicas indicaciones bastante específicas sobre la reapertura desde principios de diciembre de 2020, semanas antes de que Herrera presentara la demanda. Y aunque Breed no se equivoca al desear que las escuelas reabran y que muchos profesores igualmente deseen volver a las aulas, también es cierto que hay una gran cantidad de factores que deben estar en sintonía para lograr una reapertura exitosa y segura, por ende, se entiende el por qué las escuelas aún no han abierto.
Según Frank Lara, profesor de educación pública de San Francisco y líder sindical, la reapertura es un proceso complejo y de varias etapas, lo cual de alguna forma debe tranquilizar a los miembros de la Unión de Educadores de San Francisco (UESF), el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), al SFUSD y al BOE, que también se coordinan con otros organismos de la ciudad para asegurarse que se toman las medidas de seguridad necesarias para mantener seguros tanto a los estudiantes como al personal. Es necesario equilibrar «todas las necesidades (que)… muchas veces se dividen a la mitad», dijo Lara.
Hasta las condiciones básicas son complejas de cumplir. Por ejemplo, uno de los requisitos para la reapertura de las escuelas, es que el Distrito contrate a una o varias empresas privadas que realicen pruebas COVID-19 con regularidad, en promedio cada dos semanas, a aproximadamente 10 mil profesores, incluido el personal como a 50 mil estudiantes. Tan sólo cubrir esta única disposición representa un enorme trabajo que llevaría alrededor de un año, sin embargo, el Distrito debe averiguar cómo realizarlo en apenas unas semanas a pesar de carecer de personal y de presupuesto.
Hendry habló de los numerosos alumnos y familias de su escuela que han sufrido la pérdida de empleo, la incertidumbre de la vivienda y la muerte de familiares cercanos. Para muchos padres el impacto causado por la pandemia se traduce en el temor de enviar a sus hijos a un entorno en cual podrían contraer el virus y llevarlo a casa.
La alcaldesa Breed afirmó que varios organismos de la ciudad ya habían proporcionado el apoyo necesario para reabrir las escuelas. Entonces, preguntó Lara, «¿Por qué, si la ciudad tiene capacidad de hacer pruebas en este momento que incluyan a los maestros y demás integrantes del sistema escolar… no se compromete a hacerlo en lugar de dejar que el Distrito lo haga solo?” Teniendo en cuenta el afán de los que apoyan la demanda, es fácil ver la lógica de esa pregunta. Para quienes apoyan la demanda esta pregunta no debe pasar desapercibida.
La misma interrogante puede aplicarse a lo relativo a las vacunas para los profesores y el personal. Una de las condiciones más importantes de la reapertura es que, en caso de que las escuelas públicas abran mientras San Francisco se encuentra en semáforo rojo, las vacunas deben estar disponibles para todos los educadores y personal escolar. Pero la ciudad –no el SFUSD— es responsable de su distribución y, hasta ahora, sólo ha enviado mensajes contradictorios sobre la fecha en que los profesores pueden recibirlas.
Izzy Hendry, maestra de cuarto y quinto grado de la Escuela Primaria Paul Revere, comenta un correo electrónico que recibió de la Ciudad en relación con su elegibilidad y la de otros maestros para la vacuna: «(la Ciudad) va a liberarla (la vacuna) a los educadores el 24, lo que significa que hay vacunas. Pero más adelante, la siguiente línea era, no tenemos suficientes vacunas para usted».
Puesto que la ciudad aún se encuentra en el nivel púrpura, lo más probable es que la reapertura de las escuelas suceda cuando entremos en el nivel rojo, momento en el que el Ayuntamiento debe asegurarse de que hay vacunas suficientes para todos los profesores y el personal que volverá a las aulas. Sin embargo, según el sitio web oficial de la Ciudad, la vacuna es tan escasa que «es posible tener que esperar para vacunarse, siempre y cuando sea apto», lo cual, nuevamente retrasaría la reapertura.
Muchos de los obstáculos para la reapertura son logísticos, que el tiempo y el dinero bien invertido debería evitarlos. Lo más complejo es la desigualdad socioeconómica, y la devastación que la pandemia ha provocado en las familias de las zonas desfavorecidas, ese es un obstáculo que no se supera fácilmente. Hendry habló de los numerosos alumnos y familias de su escuela que han sufrido la pérdida de empleo, la incertidumbre de la vivienda y la muerte de familiares cercanos. Para muchos padres el impacto causado por la pandemia se traduce en el temor de enviar a sus hijos a un entorno en cual podrían contraer el virus y llevarlo a casa.
«Nuestra comunidad ya ha perdido a más personas que el promedio en el Área de la Bahía… Mucha gente ha perdido empleos… han tenido que fusionar hogares… dentro o fuera de las aulas, el estrés de la pandemia sigue», dijo Hendry. «Simplemente hablando con la gente, apuesto a que menos de la mitad de mi clase volvería, porque tienen miedo al Covid».
No es ningún secreto que la población latina de San Francisco ha sufrido de forma excesiva durante la pandemia. Tampoco es un secreto que la ciudad y sus diferentes organismos han hecho lo mínimo para ayudar a aliviar el impacto de los problemas causados por la pandemia. El progreso realizado por la comunidad latina en la lucha contra la COVID-19 es esencial, pero también increíblemente frágil; y las posibles consecuencias de la demanda del fiscal Herrera podrían ser suficientes para destrozar ese progreso.
El esfuerzo realizado por la comunidad latina en la lucha contra la COVID-19 es importante, pero también sumamente vulnerable, y las posibles consecuencias de la demanda de Herrera podrían ser suficientes para destruir ese progreso.