Luis Ávalos tenía 19 años, era indocumentado y estudiante de primer año en el City College de San Francisco cuando el gobierno del presidente Barack Obama promulgó la Acción Diferida para Jóvenes (DACA, por sus siglas en inglés) en 2012, un programa que permite a los inmigrantes indocumentados que llegaron a este país antes de los 16 años o antes de junio de 2007, solicitar una estancia legal temporal de dos años, protegiéndolos de la deportación.
“Fue sólo una luz en el túnel oscuro de la incertidumbre”, dijo Ávalos, cuyos padres emigraron a los EEUU desde su natal Michoacán, México cuando él tenía tres años.
Por hablar inglés sin acento y haber asistido a una de las escuelas públicas más importantes del país, la Secundaria Lowell, Ávalos fue capaz de ocultar su condición de inmigrante indocumentado. Pero no pudo continuar en la clandestinidad en su último año de la escuela secundaria, al ser incapaz de trabajar legalmente, hacer trámites para la universidad u obtener la licencia de conducir.
“Siempre he ambicionado estudiar y perseguir algo más alto”, dijo Ávalos, quien ahora trabaja en CARECEN. “Pero debido a mi estatus migratorio, no sabía lo que eso implicaba”.
Más de 770 mil solicitudes DACA se han aprobado desde 2012, según un informe de junio del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los EEUU. Sin embargo, la orden ejecutiva del presidente Obama para la expansión de DACA a inmigrantes indocumentados que llegaron antes de 2010, y para la Acción Diferida para los padres de estadounidenses y residentes permanentes legales (DAPA, por sus siglas en inglés), permanece en espera después de que el Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans, Louisiana, votara 2-1 en contra de dicha solicitud presidencial el 10 de noviembre.
Esa última decisión fue el resultado de una apelación de una audiencia en mayo pasado, cuando el mismo tribunal de Louisiana fallara inicialmente en contra de las expansiones a DACA y DAPA.
“No nos sorprendió perder la apelación en el Quinto Circuito
Un día después del fallo de Luisiana, el Departamento de Justicia anunció planes para apelar el caso ante el Tribunal Supremo. Si la Corte Suprema toma el caso, podría haber un pronunciamiento sobre los programas para junio próximo.
Los planes del presidente para la ampliación de DACA y DAPA se descarrilaron poco después de darse a conocer hace un año, cuando Texas y otros 25 estados republicanos presentaron una demanda ante la corte de distrito en ese estado, bajo el argumento de que el presidente excedió su poder ejecutivo.
“Va a evidenciar que todavía hay mucho trabajo por hacerse”, dijo Ávalos. “Les digo a los demás, no dejes que la decisión te asuste. Las cosas siempre cambian. En este momento, el clima político puede parecer muy negativo para los inmigrantes, pero en un par de años podría ser una historia completamente diferente”.
Aplicar para DACA es más importante ahora que nunca
A pesar de la última sentencia, los partidarios de DACA y DAPA están instando a la gente a aplicar para el actual DACA, porque cuantas más personas soliciten, más difícil será financiera y políticamente que se deshagan de estos programas, dijo Kinoshita. Si la ampliación de DACA y DAPA se implementa en el próximo año, 1’180,000 personas, aproximadamente la mitad de la población indocumentada en California, serían elegibles para estos programas.
El costo de una aplicación DACA es de $465, sin incluir los gastos legales. Sin embargo, varias organizaciones de buena reputación en toda el área de la bahía, pueden proporcionar asistencia legal a un bajo costo. Algunas de esas organizaciones en San Francisco son: Asian Law Caucus; Asian Pacific Islander Legal Outreach; Catholic Charities CYO; Dolores Street Community Services; International Institute of the Bay Area; La Raza Centro Legal y Legal Services for Children.
A pesar de los costos, se insta a los inmigrantes indocumentados a solicitar DACA.
“Por cada dólar gastado en DACA, incluyendo los honorarios por los servicios legales, es probable que pueda recuperar diez veces esa cantidad en beneficios personales y económicos”, dijo Kinoshita.
Las estadísticas del Consejo de Asesores Económicos muestran el potencial económico benéfico de estos programas, citando que el producto interno bruto (PIB) se elevaría entre $90 mil millones y $200 millones de dólares (en dólares actuales) para el 2024.
“Todo el análisis ha demostrado realmente que hay un gran beneficio económico para nosotros como comunidad, no sólo para aquellos individuos que se ven afectados”, dijo Kinoshita, señalando los enormes costos económicos de la ley de inmigración y deportaciones, junto con el daño infligido a las familias que están siendo destrozadas. “Usted realmente tiene más poder político, teniendo algún tipo de estabilidad, que si no tuviera alguno”.
Annette Wong, directora del programa de derechos de inmigrantes para la Chinese for Affirmative Action lo pone en contexto:
“No se debió a la buena voluntad del presidente Obama o a la administración que estas acciones [ampliación de DACA] se produjeran. De hecho, fue realmente el coraje y la determinación de los activistas indocumentados jóvenes que en su momento lucharon para ganar DACA para nosotros”.
Las deportaciones alcanzaron un máximo histórico en 2013 con 438,421, de las cuales, 240,027 fueron por delitos menores, según el Departamento de Seguridad Nacional.
“Bajo estas circunstancias, los jóvenes indocumentados estaban hartos de esta situación y querían crear un cambio para todas nuestras comunidades”, dijo Wong. “Vamos a seguir participando en la organización y la movilización para mostrar que no vamos a dejar que los jueces de derecha o estados de extrema derecha controlen lo que sucede con el destino de nuestra comunidad”.
Aprovechando los recursos disponibles
A pesar de que países como Honduras, El Salvador, Argentina y México tienen las tasas de aplicación del 80 por ciento o más, China, India, Corea del Sur y Filipinas presentan tasas de aplicación del 20 por ciento o menor. Los grupos focales en San Francisco encontraron que algunos chinos piensan que DACA no aplica para ellos, dijo Kinoshita.
Juan Ortiz, abogado del Instituto Internacional de la Área de la Bahía, también exhortó a la población a solicitar otras opciones, refiriendo que el 15 por ciento de los jóvenes que han solicitado DACA son elegibles para U-Visas que se otorgan a víctimas de crímenes de violencia y T-Visas, para las víctimas de la trata de personas.
Los expertos también instan a los indocumentados a conservar documentos que acrediten su residencia en los EEUU, hablar con un abogado de confianza si desean salir del país, y evitar la contratación de ‘notarios’ o notarías, así como abstenerse de cometer algún delito.
Dayanna Carlos, asociada del programa California Endowment, ha querido recordar a las familias que la SB 4, la Ley Salud para Todos, entrará en vigor el 4 de mayo de 2016. El gobernador Jerry Brown firmó el proyecto de ley en junio pasado, asignando un presupuesto $40 millones para ampliar los servicios de salud preventiva a todos los niños menores de 19 años, independientemente de su estatus migratorio. Carlos también instó a las familias a inscribirse al Medi-Cal restringido o al de emergencia, para que el Departamento de Servicios de Salud de California comience a procesar las solicitudes de inscripción en mayo de 2016.
— Traducción Katie Beas