[su_label]Editorial [/su_label]
El último capítulo en la historia vergonzosa de las relaciones entre los EEUU y los pueblos nativos se está escribiendo ante nuestros ojos. Para cuando esta presente publicación circule por las calles, es probable que la construcción del proyecto del oleoducto en Dakota, conocido por sus siglas en inglés como DAPL, se haya reanudado.
El proyecto de $3.8 mil millones se está construyendo cerca de la Reserva Sioux Standing Rock en Dakota del Norte, en tierras ancestrales de esta tribu, la cual comprende numerosos cementerios y otros lugares sagrados; una tierra que fue “dada” a los Sioux por el Gobierno de los EEUU en el Tratado Fort Laramie de 1851 y que, posteriormente, les fuera expropiada nuevamente.
El proyecto de dicho oleoducto es una injusticia: consiste en un producto de inversionistas extranjeros adinerados, que destruiría la tierra con cementerios sagrados de los indígenas para transportar aceite ‘fracked’ (aceite extraído de la tierra de una manera particularmente dañina para el ambiente) 1,100 millas desde los campos de Bakken en Dakota del Norte a Illinois y a los bolsillos de unos pocos.
En un plan inicial del DAPL, su trayecto cruzaba el río Missouri 10 millas al norte de Bismarck. Pero el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EEUU lo rechazó dada la preocupación de cómo podría afectar el suministro del agua municipal de Bismarck.
Luego, en un movimiento que probablemente sería más impactante si no fuera tan común el trato que el gobierno de los EEUU da a los indígenas, la ruta se reubicó para cruzar cerca del lago Oahe —fuente primaria de agua de Standing Rock.
El Cuerpo fue capaz de eludir numerosas regulaciones requeridas por la Ley de Agua Limpia y la Ley de Política Ambiental Nacional mediante el proceso ‘Permiso Nacional 12’ que considera un oleoducto como una serie de pequeñas obras de construcción (la mayoría de los cuales están en terrenos privados).
La tribu Standing Rock presentó sin éxito un interdicto argumentando que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército violaba la Sección 106 de la Ley Nacional de Preservación Histórica (NHPA) de 1966. Bajo el NHPA, todas las agencias federales deben “tener en cuenta los efectos de sus empresas en propiedades históricas”, así como “contemplar la participación del público e identificar otras partes consultantes potenciales” en el proceso.
La oposición a este proyecto, anunciado en 2014, ganó impulso en el transcurso de 2016, culminando en los últimos dos meses en la mayor manifestación de resistencia indígena en más de un siglo.
En contraste, la reacción de los miembros de las milicias blancas en Oregón, que secuestraron un refugio de vida silvestre pública a principios de este año para su propio beneficio, ante esta resistencia pacífica fue violenta. Elementos de seguridad privada atacaron a los manifestantes con impunidad, incluso utilizando perros –prueba de ello es un video que se hizo viral. Devino la aplicación de la ley, luego el despliegue de una fuerza policíaca antidisturbios para erradicar a los manifestantes. Casi $6 millones se han gastado hasta ahora para hacer frente a esta manifestación, y el estado de Dakota del Norte a la búsqueda de $4 millones adicionales. Recursos públicos que están siendo utilizados para eliminar por la fuerza a comunidades indígenas de su patria ancestral a cambio de un beneficio particular.
Inconcebible. Legalmente es una violación de la NHPA y moralmente, una violación a la dignidad de la Nación Sioux. Hacemos un llamado al Departamento de Justicia de los EEUU para detener el DAPL y volver a los Sioux su tierra ancestral.
—Traducción Katie Beas