El San Francisco Rising Action Fund (SFRAF) junto con organizaciones locales y miembros de la comunidad se reunieron en el distrito Excelsior el 6 de diciembre para expresar su apoyo a Chesa Boudin, el fiscal de distrito de San Francisco, y denunciar los esfuerzos de destitución en su contra.

Boudin, quien fue electo fiscal por una mayoría de votos en 2019, está enfrentando una elección revocatoria para el próximo año, a lo que él dice que es un esfuerzo liderado por los republicanos para detener sus políticas progresistas. Sus simpatizantes se manifestaron el lunes por la mañana contra los esfuerzos de destitución, defendiendo el trabajo que Boudin ha hecho con respecto al encarcelamiento masivo y las reformas del sistema de justicia penal.

“Nuestras comunidades seguirán apoyando a Chesa, porque sabemos que es más que apoyar a una persona, se trata de un cambio en un sistema que hiere a la población africana, latina, asiática y comunidades indígenas que residen en los EEUU y todas las personas con problemas económicos”, dijo Claudia Arevalo, miembro de SEIU Local 2015.

Otros miembros de la comunidad que asistieron hablaron sobre el impacto directo que el actual sistema de justicia penal actual ha tenido en ellos y en sus familias, al mismo tiempo aplaudieron el trabajo que Boudin ha hecho para cambiar el estatus quo.

“Como alguien que tenía un padre encarcelado, he visto que [Boudin] ha estado haciendo el trabajo para apoyarme a mí y a mi familia. Desafortunadamente, el sistema de encarcelación no se centra en la raíz del crimen cometido. Eso mantiene a personas lejos de sus familias, y ustedes creen que con encarcelar a la gente se soluciona el problema, pero no es así”, señaló Diamund White, estudiante del City College de San Francisco y miembro del SFRAF.

Boudin ha ganado interés nacional durante su mandato por su controversial enfoque para abordar el crimen, además de cumplir las promesas de poner fin a los juicios de delitos de menor nivel las cuales promovió durante su campaña. Él afirma que reducir la delincuencia requiere invertir en programas que aborden las causas fundamentales del crimen cometido.

“El 75% de las personas que ingresan a la cárcel del condado de San Francisco son drogadictos, personas que padecen de sus facultades mentales o ambos. Si somos serios con la seguridad pública, debemos empezar a analizar qué impulsa a las personas a cometer delitos”, explicó Boudin. “Debemos hacer de cada arresto una oportunidad para intervenir de diferentes maneras para transformar vidas y que la gente se aparte del crimen”.

Aquellos que asistieron el lunes por la mañana compartieron la idea de Boudin de reformar la justicia, pues señalaron el daño que el actual sistema de encarcelamiento ha causado a la clase trabajadora y comunidades de color.

“Debemos oponernos al retiro de Boudin para demostrar que San Francisco defiende la reforma progresiva de justicia penal y que nada nos detendrá para desmantelar el sistema legal que tiene sus raíces en la supremacía blanca y ha herido a las comunidades de color durante décadas”, afirmó Arévalo.

Desde que Boudin asumió el cargo, ha trabajado en la reducción de las condenas tanto para adultos como para menores, ha eliminado las fianzas, introducido el servicio de intérpretes en el proceso judicial y responsabilizado a la policía por mala conducta, entre otras reformas progresistas.

“Nos hemos asociado con cada una de las agencias y organizaciones sin fines de lucro que están dispuestas a trabajar con nosotros para expandir las alternativas del encarcelamiento y que éstas se adapten a las necesidades de la persona que ha causado el daño para asegurarnos de que no lo vuelva a hacer”, resaltó Boudin.

Los críticos y aquellos que defienden la remoción del cargo de Boudin afirman que la posición que éste tiene sobre el encarcelamiento es “suave con el crimen” argumentando que sus políticas son demasiado indulgentes y no evitan que los criminales dejen de participar en actividades ilegales.

Los datos más recientes del FBI sobre crímenes muestra que tanto los delitos violentos y los que se hacen contra la propiedad en San Francisco decayeron un 19% y un 20% respectivamente entre 2019 y 2020 cuando Boudin asumió el cargo; aunque factores como la reducción de tráfico peatonal y turismo ocasionado por la pandemia de COVID- 19 probablemente contribuyó a tasas más bajas.

“Seamos muy claros, desde que asumí el cargo la tasa de condenas por asesinatos ha aumentado en comparación con la administración anterior. La tasa de cargos por violación ha aumentado en comparación con la administración anterior. La tasa de cargos por posesión de drogas por delitos graves ha aumentado en comparación con la administración anterior”, dijo Boudin.

De acuerdo con los registros públicos obtenidos por el The San Francisco Chronicle, la tasa de sentencias general de Boudin es actualmente del 48%, una caída del 6% en comparación con los últimos dos años de George Gascon, el anterior fiscal de distrito, sin embargo en esos dos últimos años también aumentó la tasa de condenas por homicidio, del 67% al 83%, tambien la de violación del 53% al 63% y la de cargos por narcóticos, del 47% al 60%.

Boudin argumenta que la retórica del crimen superior es propaganda de la derecha política. Afirma que su remoción es un intento políticamente motivado para atentar contra sus políticas de reformar el sistema de justicia convencional.

“Es precisamente por [mis] políticas que el Partido Republicano de San Francisco ha respaldado la revuelta contra mí, es precisamente por las promesas cumplidas. Los donantes multimillonarios republicanos que apoyan al gobernador de Florida apoyan a los republicanos más radicales, racistas y extremistas de todo el país y están financiando el retiro en mi contra”, dijo Boudin.

Aquellos que se reunieron en apoyo de Boudin expresaron esperanza y confianza de que la revocación sería derrotada, lo que permitiría a Boudin continuar implementando la reforma de justicia penal.

“San Francisco Action Fund prevé un futuro en el que todas las personas, sin importar su raza, género, código postal o antecedentes, se sientan seguras en sus propias comunidades. Vemos un futuro en el que la seguridad pública puede funcionar para todos nosotros”, dijo Javier Bremond, organizador de campañas en SFRAF. «Esperamos trabajar con Boudin para continuar reformando el sistema legal criminal para que se llegue a la raíz del crimen cometido”, agregó y aseguró que todas las personas merecen dignidad.