Gustavo García nunca fue una persona de conflictos.
Durante treinta y cuatro años, el número 907 de la calle Valencia ha sido el hogar de este viudo, de 61 años de edad, cuyo estudio de 391 pies cuadrados se ubica en uno de los corredores del Distrito Misión, que sufre el desplazamiento más acelerado. A menudo, él mismo se ha encargado de reparar los desperfectos de su vivienda, para evitar roces con la empresa propietaria.
Pero el año pasado, después de que un incendio dañara partes del edificio, García relató que la administración de Mosser Living ofreció una compensación de 4 mil dólares a cada habitante para desalojar sus viviendas.
En lugar de irse, quienes residen en el edificio organizaron una asociación vecinal y lanzaron una huelga de renta el 2 de marzo contra esta corporación propietaria, la segunda más grande de San Francisco.
“No tengo miedo”, reconoció García. “Tengo coraje”.
García se suma a un número en aumento de personas inquilinas de la ciudad que se están organizando entre sí para declararse en huelga de renta, una táctica que, según quienes lideran el esfuerzo, está obligando a las empresas arrendadoras a negociar reparaciones y reembolsos.
Un referente poderoso para la organización comunitaria inquilina
Quienes organizan a las y los inquilinos afirman que las huelgas de renta se han vuelto comunes en San Francisco en años recientes, particularmente desde que la ciudad aprobó en 2022 la ordenanza pionera ‘Sindicato en el Hogar’.
Esta ley permite a las personas inquilinas formar asociaciones por edificio y requiere que la propiedad negocie con la organización de buena fe. Además, clasifica actividades como tocar puertas, repartir volantes y realizar reuniones como ‘servicios de vivienda’ oficiales. Si la parte arrendadora interfiere con estos derechos o se niega a negociar, las personas inquilinas pueden solicitar una reducción de renta ante la Junta de Rentas de la ciudad.
De acuerdo con un reporte del Centro Laboral de la UC Berkeley, habitantes de unos 50 edificios en San Francisco —que representan más de mil unidades— formaron asociaciones inquilinas durante el primer año de vigencia de la ley
Desde entonces, se han producido al menos siete huelgas de renta en la ciudad, principalmente en barrios como el Tenderloin y la Misión. Allí, el común denominador entre las personas inquilinas es que cuentan con bajos ingresos, son de origen migrante o pertenecen a la tercera edad, según el Comité de Derechos de Vivienda de San Francisco, (HRCSF, por sus siglas en inglés).
La ley no garantiza concesiones, pero otorga a las personas inquilinas un marco legal para construir mayorías y presionar a la propiedad para que negocie.
“En esos edificios en huelga, las personas inquilinas lograron ganar cientos de mil dólares en reembolsos de renta”, dijo Hayle Meyerhoff, quien forma parte de la organización en grupo.
Las huelgas de renta dan grandes resultados
Diversas huelgas de renta recientes han logrado importantes concesiones por parte de la propiedad.
En los edificios ubicados en el 434 de la calle Leavenworth y en el 209 de la calle Geary, las y los inquilinos negociaron directamente con la inmobiliaria Veritas Investments tras haberse declarado en huelga de renta.
Mathilda Lind Gustavussen, quien se dedica a la investigación en temas de vivienda y es doctoranda en Sociología por la Universidad Libre de Berlín, señaló que dichas negociaciones mejoraron el acceso lingüístico, la transparencia en las cláusulas de mantenimiento, la sustitución de la administración del edificio y la reparación de infracciones graves al código de vivienda.
Quienes habitan los edificios aseguraron además una compensación financiera significativa. Entre ambas propiedades, el reembolso total de renta superó el millón de dólares, según Gustavussen.
Dichas huelgas de renta surgieron en medio de la inestabilidad financiera de Veritas, empresa que había incumplido el pago de un préstamo de casi mil millones de dólares, respaldado por más de 2,500 unidades bajo control de renta.
La ley Sindicato en el Hogar de San Francisco resulta más útil para el inquilinato que la Ordenanza contra el Acoso a Inquilinos de Los Ángeles de 2021, ya que permite que sean las propias personas —y no la ciudad— quienes exijan cuentas a la propiedad mediante la acción colectiva.
La ley ‘Sindicato en el Hogar’ parece ser más efectiva para equilibrar el poder, severamente desproporcionado, entre la propiedad y el inquilinato al garantizar el derecho a organizarse y negociar colectivamente, transformando la relación entre ambas partes bajo la lógica de las negociaciones de contratos laborales”, escribió Gustavussen.
El año pasado, la Asociación de Personas Inquilinas del 434 de la calle Leavenworth se sumó a la huelga de renta de dos años liderada por el inquilinato del 781 de la calle O’Farrell contra Veritas, que ahora opera bajo el nombre de Ballast.
A pesar de haber emitido avisos de desalojo contra algunas personas durante la disputa, la propiedad finalmente los suspendió y atendió diversos problemas de mantenimiento, incluyendo plagas de cucarachas y gabinetes de cocina rotos, señaló Johana Ruiz, habitante de la calle Leavenworth.
“Todas las personas inquilinas trabajamos juntas para lograr esto”, afirmó. Al recordar los días de ansiedad y estrés que acompañaron la huelga de su asociación, aseguró que valió la pena: las cucarachas han desaparecido de su estudio.
Otro grupo de habitantes consiguió lo que el equipo organizador describe como una de las mayores victorias de la ciudad.
En 2024, quienes viven en el 324 de la calle 14 negociaron la venta de su edificio —el cual se encontraba en condiciones críticas— al Fideicomiso de Tierras Comunitarias de San Francisco (SFCLT, también por sus siglas en inglés), convirtiéndolo en vivienda permanentemente asequible.
La presión del desplazamiento impulsa el movimiento inquilino
Quienes organizan a la comunidad señalan que estos conflictos surgen a medida que los consorcios propietarios adquieren miles de edificios antiguos bajo control de renta en barrios como Misión y Tenderloin.
Las corporaciones inversoras suelen buscar el reemplazo de quienes han habitado allí por años y pagan rentas por debajo del mercado, por nuevas personas que paguen precios actuales, señaló Molly Goldberg, directora de la Coalición Anti-Desplazamiento de San Francisco.
“Las personas inquilinas están asumiendo la ardua tarea de organizarse entre sí y están descubriendo que funciona”, afirmó. “Estos grandes grupos propietarios, cuyo modelo de negocio se basa enteramente en la premisa del desplazamiento, están incumpliendo sus pagos una y otra vez porque el inquilinato se niega a ser desplazado”.
El apartamento de García es un claro ejemplo de esta presión: paga 715 dólares al mes por su estudio bajo control de renta en una ubicación privilegiada. A solo unas puertas de distancia, a lo largo del corredor de la calle Valencia —cada vez más aburguesado—, un estudio similar se renta por unos 2, 200 dólares mensuales.
“Qué coincidencia”, dijo García, “que otro edificio [de Mosser Living] también tuviera un incendio como el nuestro”.
Se refería al siniestro en el 50 de la avenida Golden Gate, un edificio de apartamentos de seis pisos en el barrio Tenderloin, donde un incendio desplazó a cerca de 130 personas residentes en plena noche, apenas unas semanas antes de la navidad pasada. Muchas de ellas siguen desplazadas.
El Departamento de Bomberos de San Francisco no ha determinado la causa de ninguno de los dos incendios. Mosser Living no respondió a las solicitudes de comentarios por parte de El Tecolote.
“No me gusta pelear. Podría mudarme, pero no lo haré”, afirmó García. “Pueden reparar los daños del incendio en los pasillos sin expulsarnos. Solo pedimos lo que es justo”.
